El Senador Alberto Castilla, del Polo Democrático Alternativo, mediante un comunicado se suma al llamado social y político en defensa de uno de los activos más importantes del país el cual, mediante el decreto 811 el Gobierno Nacional pretende vender, afectando notablemente no sólo las finanzas del país sino también los derechos de las y los trabajadores.
En medio de los más escandalosos casos de corrupción en el país, como el cartel del COVID, la ñeñe- política, Odebrecht y la desviación de los fondos de la Universidad pública el gobierno pretende mediante el Decreto 811 del 4 de junio de 2020 vender CENIT, la filial de Ecopetrol más rentable para las finanzas estatales, su enajenación significa la pérdida del 32% de las utilidades del grupo empresarial de Ecopetrol, lo que significa la pérdida anual de aproximadamente 4.3 billones de pesos.
El decreto vulnera la soberanía nacional y el patrimonio público teniendo en cuenta que enajenará la red de 4.802 kilómetros de oleoductos, la red de 3.681 kilómetros de poliductos , dos cargaderos y tres terminales marítimos, que sumados tienen un valor de 18 billones de pesos, aunado a esto, la venta de CENIT significa perder el 82% de la capacidad de transporte de petróleo, es decir el Estado deberá asumir el inminente sobre costo que tendrá el transporte de crudo para las refinerías y campos colombianos, toda vez que bajo el sistema privado, la multinacional podrá definir el costo de transporte y la priorización de crudo de los campos de otras empresas diferentes a Ecopetrol.
Es de advertir que Ecopetrol depende de las utilidades que representa el sector de transporte, con CENIT privatizada la empresa estatal de petróleo dejaría de percibir el 60% de las ganancias y quebraría en un promedio de 5 años.
En medio de la crisis laboral desatada por la pandemia, el gobierno ha venido implementando acciones que permiten desmontar la nómina de trabajadores con el fin de privatizar la empresa, realizando el traspaso de trabajadores de Ecopetrol al empleador CENIT sin convención colectiva, desmejorando sus condiciones laborales y presionando para que los trabajadores se acojan a un “plan de retiro voluntario” bajo amenaza de despido, por lo anterior el decreto no solo amenaza al patrimonio de los y las colombianas, sino que representa una violación masiva a los derechos laborales.
Según el diagnóstico de la OCDE será Colombia el país más golpeado de la organización, por una tasa de desempleo del 21,1%, razón por la cual debería ser prioridad del gobierno fortalecer las empresas estatales, garantizar empleos y velar por la creación de nuevas oportunidades laborales que permitan la vida y el pleno desarrollo de los derechos fundamentales de los y las trabajadoras.
La estrategia para la privatización de Ecopetrol viene siendo orquestada desde el cambio legislativo de la contratación para la exploración y explotación, el cambio de la liquidación escalonada de regalías y el decreto 1760 del 2003 del gobierno de Uribe que escinde a Ecopetrol, la convierte en una sociedad anónima y le quita la administración del subsuelo, las últimas acciones que vienen orquestándose desde el gobierno comprenden no solo la venta de CENIT sino la liquidación de BIOENERGY otra de las filiales de la empresa colombiana de petróleo.
Hago un llamado tanto al gobierno del Presidente Duque como al Consejo de Estado para que en el ejercicio del control automático del decreto, éste sea derogado, teniendo en cuenta que no cumple con los requisitos de relación directa y específica con el Estado de Emergencia contemplado en el artículo 295 de la Constitución política, así mismo vulnera el ejercicio de control político del Congreso de la República consagrado en la ley 5 de 1992 y el derecho a la participación efectiva de los socios de Ecopetrol y de la sociedad colombiana.
Comunicado en PDF AQUI
