Tras el proceso de negociación colectiva, Sintracarbón optaran con declarar la huelga luego de no haber llegado a un acuerdo con la multinacional Carbones del Cerrejón Limited sobre su pliego de peticiones en la etapa prevista para ello. La multinacional rechazó las tres propuestas que el sindicato puso sobre la mesa; la negativa de Cerrejón se basa en los tiempos de crisis que afrontó el sector minero desde 2014, desconociendo que desde el segundo semestre de 2016 el precio del carbón aumento considerablemente.
Esta situación refleja las contradicciones que existen entre el discurso del gobierno y la realidad que viven los colombianos, puesto que “la locomotora minera” no ha garantizado el máximo beneficio para los ciudadanos, ni se ha desarrollado de manera responsable desde el punto de vista social y ambiental; como lo argumentan miembros del gobierno.
Dentro de su pliego de condiciones el sindicato tiene cuatro enfoques que son el económico, seguridad y salud en el trabajo, la tercerización laboral y el ambiental. Frente a estos puntos en lo económico el Cerrejón solo quiere aumentar el IPC de 2017, con respecto a la tercerización de 5.000 trabajadores tampoco ofrece mejorar sus condiciones y ante los temas de seguridad, salud, comunidades y medio ambiente guarda silencio.
Es lamentable que una compañía como el Cerrejón se niegue a mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, a desconocer sus derechos laborales y sindicales bajo un argumento que no tiene fundamente y que fácilmente se puede desmentir con los reportes que la Asociación Colombiana de Minería (ACM) ha presentado, donde indica que el 2017 “podría ser el año récord en producción de carbón con 90 millones y 91 millones de toneladas” o con los pronunciamientos del Ministro de Minas y Energía, German Arce quien manifiesta que la minería del carbón se encuentra en un gran momento y proyecta sus beneficios a largo plazo.
Desde mi curul en el senado, respaldamos las luchas de los trabajadores del Cerrejón, de sindicato Sintracarbón y de todos los trabajadores del sector minero energético por defender y ratificar los derechos que están ratificados en los diferentes órganos legales.
