El día de ayer, 12 de junio, líderes y lideresas sociales de distintas regiones del país, pertenecientes a organizaciones de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, se dieron cita frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para denunciar una vez más, y públicamente, la persecución política que han sufrido y que se ha agudizado en lo que va corrido de este año por cuenta de detenciones arbitrarias, procesos judiciales en curso y órdenes de captura que están siendo emitidas por el ente acusador.
En un acto de absoluta valentía, 25 líderes y lideresas sociales que han sido víctimas de seguimientos e intimidaciones, tomaron la decisión de presentarse ante las autoridades para dar cuenta de las acusaciones de las que están siendo objeto, como una manera de hacer frente a su situación judicial. Desde las horas de la mañana el grupo se concentró, con un nutrido respaldo popular, para preguntar de qué delitos se les acusa y a qué se deben los seguimientos e intimidaciones que viven a diario en su ejercicio de defensa de las comunidades y de los derechos humanos.
Después de más de una hora de indagaciones, la Fiscalía encontró que ninguna de estas personas tenía órdenes de captura en su contra, a pesar de que denunciaron la estigmatización y los señalamientos de los que sufren en sus lugares de residencia y de labor social y comunitaria. La jornada culminó con el retorno a las distintas regiones de aquellos hombres y mujeres que dedican su vida diaria a la organización y movilización social.
A esta situación se suma la violencia sistemática en contra de sectores sociales y populares que, según el informe más reciente de las Naciones Unidas, indica que en el primer trimestre de este año fueron asesinados más de 150 líderes y lideresas pertenecientes a organizaciones sociales. Incluso la Defensoría del Pueblo, en el Informe titulado “Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de derechos Humanos”, alerta sobre las graves amenazas y riesgos que enfrentan los movimientos sociales en nuestro país.
Frente a las judicializaciones, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha venido denunciando cómo las capturas indiscriminadas derivan generalmente en detenciones prolongadas, antes de que los acusados sean liberados por falta de pruebas.
Mientras tanto, las investigaciones que debe adelantar la Fiscalía sobre los casos de violaciones de Derechos Humanos de los que están siendo víctimas estos sectores, se encuentran retrasadas, y su sistematicidad es negada cínicamente por el gobierno nacional, aun cuando organizaciones defensoras de Derechos Humanos han evidenciado datos sobre hechos victimizantes, patrones de violencia y presuntos victimarios de estos delitos que sí se encuentran tipificados y que deberían ser prioridad en el quehacer de la Fiscalía y de todas las entidades del Estado, a fin de proveer garantías de derechos para las organizaciones y procesos sociales.
Ante estas circunstancias, insto a las autoridades para que cesen la persecución y criminalización en contra de los movimientos populares, y mejor se dediquen a adelantar las investigaciones pertinentes que lleven a condenas ejemplares contra los responsables de los asesinatos a líderes y defensores de Derechos Humanos.
Asimismo, quiero reivindicar con firmeza y orgullo, la valentía y dignidad de este grupo de hombres y mujeres que ayer demostraron que no tienen deudas con la justicia y ningún temor a hacer frente a las falsas acusaciones que se les imputan. Los compañeros y compañeras son un valioso ejemplo a seguir en estos momentos en los que las comunidades han determinado que el camino para garantizar sus derechos es la movilización social.
Oficina de prensa, Senador alberto Castilla
Bogotá, Colombia 12 Junio de 2017
