El Senador Alberto Castilla se sumó a las voces de rechazó al decreto 516 de 2020, emitido por el Gobierno Nacional en medio de la declaración de emergencia sanitaria a causa del Cronovarius, pues es un ataque directo al sector audiovisual, pues reduce la cuota de pantalla para los contenidos audiovisuales en los canales nacionales y regionales bajo la excusa de que no es posible hacer nuevas producciónes.
El Gobierno, que se ha mostrado como el defensor y promotor de la economía naranja en medio de la crisis, asestó un duro golpe contra uno de los principales cascos de esta naranja: el gremio de la televisión y producción audiovisual Colombiana.
Mientras el Covid 19 sigue causando estragos en la vida económica, política y cultural del país y los hogares colombianos, el Gobierno demuestra su poco interés por la producción nacional, esta vez atentando contra las personas que durante décadas se han dedicado al entretenimiento en las pantallas del país, por medio de uno de los decretos firmados a raíz del Estado de emergencia económica.
El Decreto 516 «Por el cual se adoptan medidas para la prestación del servicio de televisión abierta radiodifundida, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica», firmado el 4 de Abril por todos los ministros y ministras del Gobierno Duque, modifica los porcentajes de circulación en las pantallas de la televisión de los contenidos producidos por la industria nacional. Las cuotas definidas en la ley 182 de 1995, que regula la transmisión de los canales imponiendo un mínimo de producción nacional, serán disminuidas entre el 50% y el 20% de contenidos audiovisuales (entiéndase películas, novelas, documentales, cortometrajes, entre otros) bajo la premisa de que las restricciones que ha desencadenado la pandemia implica una afectación directa en las dinámicas de producción audiovisual. Es decir, que si antes del decreto la franja horaria denominada “triple A” de televisión (que dura tres horas) debía tener en promedio dos horas de contenidos producidos nacionalmente; con el decreto estas mismas tres horas y media deberán tener tan solo una hora de contenidos producidos en Colombia. Una reducción, para esta franja horaria, del 50%.
Si bien es cierto que existen restricciones en medio de la pandemia, situación que evidentemente impediría la producción de material nuevo en términos audiovisuales tal como lo menciona el decreto, no se entiende por qué la solución propuesta por el gobierno nacional es la de modificar las cuotas de pantalla para las producciones nacionales, cuando bien podría ser una ventana de oportunidad para que, en medio de esta cuarentena y aislamiento social forzado, la ciudadanía tenga la posibilidad de conectarse con la industria audiovisual colombiana que cuenta con innumerables series, telenovelas y más de 150 películas, lo que permitiría que las personas que viven de este tipo de áreas, perciban un ingreso adicional por el pago del Derecho de Comunicación Pública (ingreso que se le paga a las personas que participaron en las producciones nacionales que vuelvan a circular en la televisión o cualquier plataforma, herencia que nos dejó la ley Fanny Mickey).
Compartimos la afirmación de la Asociación Colombiana de Actores -ACA- , cuando indica que quienes definieron los contenidos de este decreto ponen en evidencia “su desconocimiento de las dinámicas del mercado audiovisual, pues niegan la posibilidad de un ingreso a las personas del gremio por cuenta del Derecho de Comunicación Pública”. Adicionalmente, este decreto va en contravía de lo definido en la Ley del Actor aprobada apenas hace un año, en la que participé defendiéndolo como ponente en la comisión VII del Senado, siendo también un retroceso significativo en las victorias de actrices, actores y demás trabajadores de la industria del entretenimiento nacional que por décadas han buscado la dignificación de su labor, y demuestra que la bandera por la economía naranja no es más que un slogan que encubre los intereses de las multinacionales, grandes productoras internacionales y plataformas tecnológicas en detrimento de las industrias locales.
Como Senador de la República me sumo a las voces de rechazo que han levantado cientos de artistas, directores, productores, actrices y demás personas que dependen económicamente de esta área de la economía y que exigen que se derogue este decreto y se concerten otras salidas para superar el impasse producido por la pandemia.
La crisis y dificultades generadas a raíz del coronavirus, no pueden significar más retrocesos en derechos laborales ni en la soberanía nacional. Es responsabilidad del Gobierno mitigar al máximo los posibles impactos económicos negativos del virus, no acelerarlos.
Alberto Castilla Salazar
Polo Democrático Alternativo
