A pesar de su constante aporte a la nación, el campesinado no ha logrado que se reconozca su importancia como sujeto histórico. Esto concluye el informe de desarrollo humano de 2011, que prestó especial atención a la situación de las zonas rurales de Colombia. Allí se aseguró, de manera contundente, que hay una falta de reconocimiento de los campesinos y campesinas como actores sociales plenos[1], y se recomendó avanzar en procesos de inclusión social, política y económica del campesinado como pasos necesarios para profundizar la democracia en las zonas rurales donde los campesinos debemos ser protagonistas (PNUD, 2011).
Teniendo en cuenta esta realidad y acogiendo las exigencias actuales del movimiento campesino, en el próximo período de sesiones del Congreso de la República presentaré un proyecto de reforma constitucional que busca reconocer al campesino y a la campesina como sujetos políticos, y reconocer unos derechos específicos para nuestro grupo social con el fin de avanzar hacia la justicia social para el campo y para sus habitantes. Esta propuesta se enmarca en un contexto donde el país camina hacia la solución política del conflicto armado y donde crece la movilización social por la defensa del territorio y la justicia social.
[1] Ibíd.
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