Como Senador campesino rechazo las detenciones masivas realizadas entre el 21 y 22 de marzo contra líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos en el sur de Bolívar. De manera arbitraria, miembros de la Fuerza Pública ingresaron a las viviendas de los líderes sociales y los trasladaron en helicóptero a la ciudad de Cartagena.
“Gobierno Nacional, continúa criminalizando la protesta social, judicializando a los líderes sociales y atacando a quienes defienden la tierra y el territorio.”
Como Senador campesino rechazo las detenciones masivas realizadas entre el 21 y 22 de marzo contra líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos en el sur de Bolívar. De manera arbitraria, miembros de la Fuerza Pública ingresaron a las viviendas de los líderes sociales y los trasladaron en helicóptero a la ciudad de Cartagena.
Hasta el momento las personas detenidas han sido: Milena Quiroz Jiménez, Manuel Francisco Zabaleta, Floro Edilberto Díaz Gamboa, Joaquín Gómez, Kelly Johana Zabaleta Guerrero, Kamer David Salazar Cruzado, Nubia Gómez Jaimes, Felix Muñoz Mañara, Isidro Alarcón Bohorquez, José David Jaimes Lemus, Jhon Visaje, Euclides Florez y Jean Carlos Mora Martínez entre otros habitantes de la zona, por lo que podrían llegar a ser doce (12) las personas capturadas.
La mayoría de ellos son líderes sociales pertenecientes a la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar. En otras ocasiones, han sido amenazados y perseguidos por paramilitares.
Milena Quiroz, es vocera de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular en el sur de Bolívar y lideresa de Congreso de los Pueblos. Arisolina Rodríguez e Isidro Alarcón son líderes del Proceso Ciudadano por Micoahumado. Manuel Francisco Zabaleta es miembro de Fedeagromisbol y presidente de la Asociación de Mineros de Casa de Barro.
Este es un ataque directo al corazón de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, que depositó su confianza en el Gobierno de Juan Manuel Santos para entablar un diálogo social. Su respuesta ha consistido en judicializar voceros y líderes sociales, militarizar el territorio y ser cómplice con su silencio, de los asesinatos de otros líderes del Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agraria.
Como Senador campesino le exijo al Gobierno Nacional, que por tratarse de la captura en su mayoría de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, se respete el derecho a la presunción de inocencia. Solicito de manera respetuosa a la Fuerza Pública, que se abstenga de realizar ruedas de prensa en las que puedan ser vulnerados los derechos constitucionales al buen nombre y la presunción de inocencia de las campesinas y campesinos capturados. Pido también a la Justicia, que sean respetadas las garantías judiciales y el debido proceso de todos, para que sean puestos en libertad lo antes posible, pues se trata de personas integrantes de organizaciones sociales, reconocidas por su defensa de los Derechos Humanos.
Mientras se despoja al campesinado de sus tierras en el sur de Bolívar para favorecer la minería a cielo abierto, y se entregan en concesión los territorios en favor de la agroindustria controlada por grandes empresarios, las comunidades campesinas que se oponen a la entrega de la soberanía , la explotación irracional del patrimonio ambiental y se aferran a la defensa de la vida digna y la paz, son perseguidos por el Gobierno Nacional, quines se empeñan en criminalizar la protesta social, judicializar a los líderes y atacar a quienes se niegan abandonar la tierra y el territorio. No hay manera de garantizar una paz estable y duradera si se insiste en encarcelar y asesinar a líderes sociales.
