Hoy a las 10am se llevará a cabo la audiencia de nulidad y revocatoria de medida de aseguramiento de Milena Quiroz Jimenez, por esta razón como Senador campesino del Polo Democrático Alternativo y parte del movimiento social Colombiano, le solicito a la Fiscalía General y a la Justicia Colombiana cese la persecución a líderes sociales del país, se deje en libertad a esta lidereza y se investigue en profundidad casos de corrupción y vínculos con el paramilitarismo por parte de fiscales.
Los líderes sociales y campesinos perseguidos por la Fiscalía General de la Nación, no cuentan con garantías judiciales, así lo demuestran las recientes capturas el pasado 28 de julio de 2017, de cuatro funcionarios, entre ellos dos fiscales, la fiscal 46 seccional perteneciente a la Unidad contra el microtráfico y la fiscal seccional quien estuvo encargada de la Fiscalía Tercera Especializada; todas ellas relacionadas por hechos de corrupción que favorecen a miembros de grupos paramilitares en el
departamento de Bolívar.
Esta última fiscal fue quien ordenó injustamente la captura de pobladores y líderes sociales en el Sur de Bolívar y solicitó la medida de aseguramiento con componente de destierro en contra de la lideresa afrodescendiente y vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar MILENA QUIROZ JIMENEZ, quien además es integrante del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre campesina, agraria, étnica y popular, por considerarla un peligro para la sociedad por su pertenencia a estas organizaciones sociales y por organizar marchas y movilizaciones en el sur del departamento de Bolívar.
Así las cosas, se carece de plenas garantías judiciales por una Fiscalía cooptada por la corrupción, las mafias y grupos herederos del paramilitarismos y deja entrever una política de persecución a líderes sociales para acallar la protesta y movilización social.
No siendo suficiente el exterminio perpetrado por grupos armados, en el que según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 01 de marzo de 2017, ocurrieron 156 homicidios, 5 desapariciones forzadas y 33 casos de atentados en contra de líderes y defensores; se suma una política en contra del movimiento social y campesino a través de procesos de judicialización y órdenes de privación de la libertad a sus líderes, como son los casos a voceros del Congreso de los Pueblos y Cumbre Agraria, por una Fiscalía cooptada y al servicio de la corrupción, las mafias y los grupos armados herederos del paramilitarismo.
Por todo lo anterior, solicito al Fiscal General y a la Justicia en Colombia, que cese la persecución judicial a los líderes sociales y campesinos, se respete el debido proceso y se brinden las garantías judiciales y que la Fiscalía asuma su responsabilidad por la captura que ha hecho de ésta, la corrupción, las mafias y los grupos herederos del paramilitarismos.
