Sindicato de Indupalma realiza denuncia sobre 4 nuevos casos de despidos sin justa causa a trabajadores de la empresa en proceso de liquidación voluntaria.
Indupalma, empresa líder en la producción de aceite de palma colombiana, entró en proceso de liquidación voluntaria desde el 1 de noviembre de 2019, aunque continúa realizando su actividad económica, gracias a la cual ha recolectado desde noviembre 2019 hasta el 26 de febrero, 36180 toneladas de fruto según cifras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Cultivo y Procesamiento de Aceites y Vegetales.
SINTRAPROACEITES denunció, en un comunicado publicado el 3 de marzo de este año, que ese día fueron citados 4 trabajadores para notificar la “terminación unilateral y sin justa causa de sus contratos de trabajo, impidiendo el ingreso de representantes de la organización sindical”, hecho que violenta los derechos laborales por coartar la posibilidad de ser asesorados y la libertad sindical.
Estos cuatro despidos se realizan en el marco de una solicitud del 28 de noviembre al Ministerio del Trabajo por parte de Indupalma, para despedir 95 trabajadores, la cual a la fecha no ha sido autorizada. Se suman además a las reiteradas denuncias que este sindicato viene realizando sobre despidos injustificados de trabajadores, en su mayoría tercerizados y varios sindicalizados, atentando contra el fuero sindical y la estabilidad de las y los trabajadores, así como de sus familias.
“No es justo que una empresa en proceso de liquidación y con un historial de violaciones a los derechos laborales continúe en esta práctica de despidos injustificados y que el Ministerio del Trabajo no tome cartas en el asunto” manifestó el Senador del Polo Democrático Alternativo Alberto Castilla, miembro de la comisión VII, encargada de supervisar este tipo de temas.
Vale la pena recordar que en 2016 el Ministerio del Trabajo sancionó a Indupalma porque el modelo que implementaba desde hace más de 20 años, denominado Cooperativas de Trabajo Asociado, era generador de tercerización laboral. Aunque la empresa apeló, la multa de $2.900 millones de pesos quedó en firme en segunda instancia.
Por esta razón, el senador del Polo Democrático reiteró la importancia de que el Ministerio de Trabajo, por medio de sus inspectores regionales, haga un seguimiento minucioso a las empresas que cuentan con un alto número de trabajadores tercerizados para determinar la legalidad de esta situación, la cual no está permitida en caso de que se realicen labores denominadas “misionales”.
