En noviembre de 2018 el Ministro Jonathan Tybal Malagón, Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, hábitat, radicó un proyecto de ley que pasó su primer debate en la Comisión VII de Senado el cual según el Senador Alberto Castilla lejos de garantizar un derecho a la vivienda aseguraba negocios a constructoras y entidades financieras.
Bogotá, Junio 10 de 2019
El proyecto de ley 194 de 2018 que actualmente pasó su primer debate en la comisión VII de senado, de iniciativa gubernamental, afirma querer construir una política pública a largo plazo para “resolver los problemas relacionados con el déficit de vivienda urbano y garantizar el goce efectivo del derecho a la vivienda”. Así mismo, pretende incorporar diversas disposiciones en materia de vivienda y hábitat que buscan profundizar el acceso a una vivienda digna para todos los colombianos.
Sin embargo, para el Senador Castilla del Polo Democrático Alternativo este proyecto de ley “busca seguir reduciendo las responsabilidades del estado en materia de vivienda para entregarle esta importante labor a grandes corporaciones financieras”. Esto es particularmente preocupante cuando el país presenta altas tasas de déficit de vivienda que obliga a millones de colombianos a vivir en condiciones indignas tanto en las ciudades como en el sector rural.
Frente al tema, hay avances normativos que deberían orientar el enfoque de este tipo de políticas públicas y que este proyecto desconoce. Por ejemplo desde 1991 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y culturales de la ONU, aseguró que no basta con acceder a la vivienda para garantizar el cumplimiento del derecho sino que hay una serie de condiciones como la seguridad jurídica de la tenencia de la vivienda, disponibilidad de servicios materiales e infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, entre otros.
Adicionalmente la Corte Constitucional en las sentencias T-138 de 2005 y T-530 de 2011 ha ratificado que “El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”.
Por esta razón el Senador Castilla en el marco de su ponencia negativa denunció que el artículo 5, que establecía las Hipotecas inversas (o hipotecas reversibles como se le conoce en otros países), rompía la unidad de materia del proyecto y, por esta razón, debía o hundirse la totalidad del proyecto o eliminarse este artículo. En el articulado, el proyecto de ley definía las hipotecas inversas de la siguiente manera: “es inversa la hipoteca que se constituye sobre un inmueble de propiedad de la persona adulta mayor para garantizar el crédito que le concede la entidad financiera para cubrir sus necesidades económicas” situación que según experiencias internacionales representa un riesgo para los adultos mayores y sus familias pues a cambio de garantizar su mínimo vital, le otorgaba a las entidades financieras la posibilidad de disponer de los inmuebles.
Gracias a la ponencia negativa del senador Castilla en la Comisión VII, con presencia del Ministro de vivienda, se acordó eliminar dicho artículo, pues según palabras del Senador “No puede considerarse de ninguna manera que una hipoteca inversa, mediante la cual las familias perderán la vivienda a manos del sistema financiero, puede considerarse un mecanismo para efectivizar el derecho a la vivienda”. Lo que significaba que las familias del adulto mayor que falleciera y haya adquirido la hipoteca inversa, quedarían con la deuda y el inmueble pasaría a ser propiedad de la entidad financiera para luego ser rematado.
Una vez superado su primer debate en la comisión VII, el proyecto de ley pasaría a debatirse en los próximos días a la plenaria del Senado. Se espera que en el curso de su trámite legislativo, el ministerio pueda realizar foros en varias regiones del país junto a los sectores involucrados para ampliar su proceso de discusión y diálogo e incluir nuevos elementos que permitan robustecer este proyecto con el ánimo de que sea verdaderamente una política pública garante del derecho y no de negocios para banqueros y constructoras.
Vea la intervención en la comisión VII:
