Congresistas de la oposición mediante una misiva enviada al presidente de la República solicitan se suspendan los procesos de erradicación forazada durante la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, pues recientemente han sido denunciados por comunidades de las zonas rurales, llaman a que se priorice la atención de las demandas históricas y estructurales de los territorios.
Mediante una carta enviada al presidente de la república, 31 congresistas de la oposición llamaron al cese de operaciones de erradicación forzada de cultivos de uso ilícitos que se vienen adelantando en varios municipios del país pues afirman que «ponen en riesgo a las comunidades campesinas e indígenas».
En la carta, los congresistas señalan que desde el pasado domingo 19 de abril, las comunidades rurales de Tumaco en Nariño, han denunciado que la Policía Nacional ingresó a los resguardos indígenas de Inda-Sabaleta y La Brava para adelantar procesos de erradicación forzada sin la consulta previa de la comunidad. De igual forma, las comunidades campesinas en Catatumbo, Norte de Santander, han señalado el aumento de operativos de erradicación forzosa en las veredas La Paila, El Cairo, La Llanita y Santa Ana del corregimiento San Martín de Loba en Sardinata en detrimento de los acuerdos de sustitución voluntaria.
También, llaman la atención sobre los anuncios realizados por el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sobre la intención de retomar la aspersión aérea del Glifosato, aún cuando, según los firmantes de la carta, esta práctica ya ha demostrado su poca efectividad para combatir los objetivos planteados y por el contrario genera efectos adversos a las comunidades.
Así mismo, el Senador Castilla había señalado en la sesión plenaria del pasado miercoles 22 de abril que «no es posible que, mientras las comunidades del Catatumbo esperan avances en materia de educación, alternativas de producción agrícola y solución a los problemas de infraestructura en salud, hoy se presentó el Estudio de a impacto Ambiental para la aspersión con glifosato» denunciando que en comunidades más perifericas rurales, como lo es esta subregión de la que es oriundo, se avanza en la militarización y operativos para la erradicación en vez de avanzar en los planes que permitan la transición hacia cultivos de uso legal y sostenibles.
Finalmente, los congresistas llaman a que «la crisis actual debe ser una oportunidad para el Estado y la sociedad de reevaluar las prioridades y el uso de sus recursos, para que estén encaminados finalmente a cerrar las brechas existentes, consolidar la paz territorial y fortalecer el Estado de Derecho».
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