La Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2017 declaró el 15 de octubre como el día internacional de la mujer rural, con el propósito de evidenciar el papel decisivo de las mujeres en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Quiero manifestar mi reconocimiento al trabajo de todas las mujeres campesinas, que representan un tercio de la población mundial y un 43% de la mano de obra en el campo.
En Colombia, pese a que el DANE se niega a establecer con exactitud un censo poblacional del campesinado, se estima que alrededor del 21% de las mujeres del país son campesinas y rurales, siendo muy preocupante que la tasa de analfabetismo de ellas es tres veces más alta que la de las demás mujeres Colombianas, que sólo tienen la titularidad del 26% de la tierra y que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad en casos de violencias de género.
Son las mujeres campesinas y rurales quienes tienen un papel protagónico en la soberanía alimentaria de los pueblos y de sus familias y demandan que el Estado reconozca el trabajo del cuidado y las actividades domésticas que no tienen ninguna remuneración y que no se valoran como un aporte a la familia y la economía nacional. Sin las mujeres y niñas de las zonas rurales, las comunidades rurales no podrían funcionar. Sin embargo, las mujeres y las niñas se encuentran entre las personas con mayor predisposición a ser pobres, a carecer de acceso a los bienes, la educación, la sanidad y otros servicios esenciales, y a padecer más los efectos del cambio climático. Debido a la desigualdad y a la discriminación de género, en casi todos los indicadores de desarrollo, las mujeres rurales están en peor situación que los hombres rurales.
Por todo lo anterior que hago un llamado al Estado Colombiano para proteger especialmente a las mujeres y niñas campesinas y rurales, para que se destinen recursos suficientes para atender sus necesidades básicas de salud, educación y sanidad, para que el Congreso de la Republica apoye las iniciativas legislativas que promueven su reconocimiento político y que buscan saldar la deuda histórica del Estado Colombiano con el campesinado y hacer seguimiento para el cumplimiento de las normas, leyes y programas que permitan dignificar la vida de la mujer rural.
Adicionalmente, es prioritario garantizar el cumplimiento de las medidas de género pactadas en el Acuerdo Final de Paz y la participación de las mujeres rurales en las instancias, institucionalidad e instrumentos de planeación creados para el pos acuerdo y dar prioridad para el acceso de las mujeres rurales al fondo de tierras, a subsidio integral y al crédito especial para la compra de tierras
