El Senador campesino Alberto Castilla se pronuncia frente a la tragedia ocurrida hace 32 días en zona rural de Barrancabermeja donde un pozo abandonado por ECOPETROL presentó un brote de más de 550 barriles de petróleo sobre quebradas desatando una catástrofe ambiental y que a la fecha no se conocen las causas reales del mismo.
Imagen tomada de: Portafolio.com
Esta semana hemos tenido un Debate de Control Político en la Comisión Quinta de Senado que nos da contexto suficiente para continuar con la indagación sobre la tragedia ambiental sucedida en Barrancabermeja hace 32 días debido al brote de petróleo del pozo abandonado “Lizama 158”. Las respuestas de las entidades encargadas dejan la misma incertidumbre acerca del hecho, y lo único claro es que lo sucedido dista mucho de ser un simple afloramiento de crudo –fenómeno más o menos natural y de menores o nulos impactos ambientales.
Para continuar con las reflexiones sobre esta tragedia quiero retomar solamente algunos elementos sobre los que vale la pena profundizar:
- Dada la falta de respuestas certeras sobre las razones que produjeron el derrame de petróleo, vale la pena decir que con esta emergencia se evidenciaron las enormes limitaciones técnicas y administrativas de Ecopetrol para reaccionar a este tipo de situaciones, pues en la actuación de la entidad se vio una tremenda improvisación en las labores de control de flujo del crudo, la toma de decisiones oportunas y las medidas para la mitigación de los daños ambientales.
Esto es preocupante porque hay serios indicios sobre la posibilidad de que ocurran nuevos brotes de crudo en zonas cercanas al pozo abandonado; además, hasta tanto no se tenga un estudio claro que indique las causas de lo sucedido en Barranca, nada garantiza que los cerca de diez mil pozos abandonados en Colombia, de los cuales más de 1.300 son de Ecopetrol, estén exentos de repetir un suceso similar y mucho más grave. - La situación a la que hoy nos enfrentamos es una alerta considerable que pone en el centro del debate el modelo mineroenergético que hace décadas se ha impuesto en Colombia, toda vez que da cuenta de los altos costos sociales, ambientales e incluso económicos –que representan un gasto mayor al de las rentas petroleras–, que acarrea para la sociedad la implementación de métodos de extracción de recursos naturales no renovables en zonas de inestabilidad geográfica, ecosistemas frágiles –y ni qué decir de aquellos proyectos que se ejecutan con planes de manejo ambiental sin sustentos técnicos suficientemente confiables.
Si las causas de este tipo de situaciones, tan graves como la que hoy vemos, carecen de información verídica, no podemos descartar que se haya hecho uso de métodos no convencionales de extracción, como fracturación hidráulica o fracking, pues se conoce que i) en las vísperas del derramamiento, el pozo Lizama 158 estaba siendo intervenido por Ecopetrol, ii) se reportaron movimientos telúricos los dos primeros días del mes de marzo y iii) desde el año 2017 Ecopetrol ha anunciado insistentemente la realización pruebas piloto de fracking en el Magdalena Medio.
No tenemos razones para hacer oídos sordos a estas hipótesis, al contrario, debemos preguntarnos qué le espera al territorio colombiano, porque si suceden estas tragedias sin que se haya oficializado el uso de estos métodos, las ya probadas consecuencias del fracking en otros países serán todavía más lamentables para Colombia.
Finalmente, quiero hacer un llamado respetuoso a algunos funcionarios públicos y medios de comunicación para que no hagan de esta emergencia social y ambiental un asunto político para desviar el tema, ya que la magnitud y gravedad de los daños ambientales que ocasionan los derrames de crudo no deberían tener una tipificación respecto a su tiempo de acontecimiento y menos equiparar unos sucesos con otros en razón de sus responsables para intentar minimizar, desconocer o esconder sus impactos, pues así como denunciamos lo que ha sucedido en Barrancabermeja, rechazamos con la misma contundencia los actos violentos de terceros que a lo largo de los años han ocasionado daños de magnitudes similares.
Sobre esto quiero afirmar que es preciso tener claramente diferenciadas las realidades que rodean cada uno de los hechos: No podemos escudarnos en acciones que han sucedido en el marco de un conflicto armado de más de 50 años de duración para desconocer la negligencia y las limitaciones técnicas del sector petrolero, tanto de las entidades públicas y privadas que lo administran, como de las entidades ambientales que tienen la obligación de regularlo, negligencia evidente ante este tipo de acontecimientos que traen lamentables consecuencias que hacen parte de los procedimientos propios del modelo de extracción de hidrocarburos, una apuesta económica del Estado que no termina de mostrar que los rendimientos económicos sean siquiera comparables con los graves daños causados para la sociedad, en territorio y el ambiente.
Alberto Castilla Salazar
Senador de La República
Polo Democrático Alternativo
