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20 abril, 2020 por Alberto Castilla

Congresistas de oposición piden derogar decreto 558 por atentar contra finanzas de Colpensiones

En una misiva enviada al presidente Iván Duque, y los Ministros del trabajo y hacienda, congresistas de la oposición incluido el senador Alberto Castilla, solicitan la derogación del Decreto 558 pues afirman que se está abusando de la situación del estado de emergencia para atentar contras la estabilidad financiera de Colpensiones para salvar las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones y Cesantías, socializando las pérdidas de los especuladores financieros, cargándola sobre los hombros de todos los colombianos y colombianas.

Compartimos carta completa:

 

Bogotá D.C 17 de abril de 2020

Señores:

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente de Colombia

ÁNGEL CUSTODIO CABRERA
Ministro de Trabajo

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA
Ministro de Hacienda y Crédito Público

 

ASUNTO: Derogación Decreto 558, salvando a las AFP a costa de COLPENSIONES

 

Con argumentos laxos para resolver la situación creada por el COVID-19 y abusando de los poderes temporales atribuidos al Presidente en el marco del Estado de Emergencia, ayer (15 de abril) se sancionó el Decreto 558 que en realidad atenta contra la estabilidad financiera de COLPENSIONES, y emite un salvamento para las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y Cesantías; perfilando así el escenario deseado en el que el Gobierno socializa las pérdidas de los especuladores financieros, cargándola sobre los hombros de todos los colombianos y colombianas.

Desde el inicio de la administración Duque, se ha insistido en la idea de realizar una Reforma Laboral y Pensional que responde a los intereses de los grupos financieros nacionales y a las orientaciones de la banca multilateral. Sin embargo, una gran parte de la población colombiana demostró en las calles, en las movilizaciones de noviembre y diciembre del año pasado, su rechazo a este tipo de reformas; el Paro Nacional logró menguar estas intenciones, pero el gobierno (con baterías recargadas con la integración de nuevos partidos a su bancada) propuso nuevamente el desarrollo de las mismas a principios de este año.

A la fecha, con el presente Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Gobierno ha emitido una serie de Decretos con fuerza de ley; a un solo día de perder las facultades extraordinarias otorgadas por el Decreto 417 de 2020, expidió 10 decretos durante toda la jornada, todos ellos con implicaciones económicas, y que en muchos casos han ignorado las advertencias, solicitudes y proposiciones que se han adelantado desde el Congreso de la República, las Organizaciones Sociales y las Centrales de Trabajadores y el Movimiento Social. Varias de ellas alrededor del innecesario papel del sector financiero como administrador, distribuidor y expoliador de los recursos mediante créditos y deuda. En buena hora, la Honorable Corte Constitucional asumió la revisión de constitucionalidad de los Decretos 417 y 444 de 2020 y emitirá un fallo sobre la exequibilidad o inexequibilidad de los mismos.

Por medio del Decreto 558, se quiere dar trámite a una reforma pensional y laboral “exprés” con graves implicaciones:

Disminución de la cotización ¿para todos?

Sin prevenir las implicaciones de la reducción de las cotizaciones del 16% al 3%, el Artículo 3. no establece un universo específico para la aplicación de esta medida, lo que significa que a todos los empleadores del sector público y privado y los trabajadores independientes, sin distinción del rango salarial, de su capacidad de pago y especialmente evadiendo la responsabilidad del Estado como garante de los sueldos y la seguridad social de sus empleados públicos, les reduciría el aporte de la cotización y sus ahorros futuros.

Esta medida, debería solamente ser aplicada en los siguientes casos: 1) Empresas del sector privado que, previa demostración de afectación por el COVID-19, en ánimos de mantener su planta de trabajo, opte por este beneficio, aplicable solamente a las cotizaciones que estén por debajo de los 3 salarios mínimos mensuales vigentes; 2) Para trabajadores independientes que coticen por debajo de los 5 salarios mínimos mensuales vigentes y 3) Disminución de la cuota por comisión de administración del régimen de ahorro individual, 4) Se mantendrá esta cotización por cuanto dure el Aislamiento preventivo, solamente a las empresas que mantengan los puestos de trabajo y no generan despidos por motivo del COVID-19.

Traslado de las pensiones por retiro programado

El asunto más crítico de este Decreto es el traslado a COLPENSIONES de los afiliados a los Fondos de Pensiones de Ahorro Individual administrados por fondos Privados, vinculados en la modalidad de retiro programado, con una mesada pensional de un salario mínimo, que hayan sido afectados por el “riesgo financiero exacerbado por el coronavirus”. Esta decisión, implica salvar de todo riesgo a las AFP (debido a los efectos de la crisis económica) y estatizar las pérdidas, asegurando sus ganancias y condenando a la quiebra a COLPENSIONES de manera irresponsable, pues adicional a ello, el Decreto ni siquiera presenta un estimado del costo y el número de personas que serían cobijadas por dicha medida.

Esta operación -que sin duda favorece a los pensionados- en realidad salva a las AFP, las cuales evitan asumir costos de sus malas decisiones de inversión, pese a que se les pagan 10 de cada 100 pesos aportados por los ahorradores para que sepan administrar de manera adecuada estos recursos.

¿Para qué se usará el dinero trasladado?

Algunas voces han alertado sobre la posibilidad del uso de los 4 o 5 billones que podrían ser trasladados con los 20 mil pensionados, para usarse como gasto dentro de los recursos destinados al COVID. De ser esta medida cierta, no solo se estaría incurriendo en un terrible manejo irregular de la economía pública y privada, sino que, en tanto se use el dinero, con un fin diferente al cual fue ahorrado, se incurre en serias violaciones de los derechos de los trabajadores y de las garantías del ahorro de su vida.

Con el Decreto, la mala administración y las pérdidas generadas a los (as) ahorradores pensionales se pasarán como gastos a COLPENSIONES, sumado a que a la fecha responde por más del 80% de los pensionados del país, mientras que los ingresos por cotizaciones mensuales las percibe el sistema privado. Con esta norma, las AFP no tendrían siquiera que responder por las pensiones bajo la modalidad de renta vitalicia.

Todo esto se hace como ya se indicó, para favorecer a los grandes conglomerados financieros dueños de las AFP (Grupo Empresarial Antioqueño y Luis Carlos Sarmiento Angulo) y vender la idea de que el sistema público de pensiones es obsoleto e ineficiente, y que el futuro de las pensiones se encuentra únicamente en el ahorro individual y la especulación financiera, abandonando cualquier rasgo de solidaridad y consolidando el monopolio pensional en el sector financiero.

Este Decreto demuestra todo lo contrario: la fragilidad del Ahorro Individual como mecanismo para garantizar una pensión digna, los peligros de la especulación financiera y el abuso de los intereses corporativos al trasladar los riesgos a los ciudadanos y ciudadanas, y posteriormente, descargar el gasto pensional en el Estado. Exonerando de toda responsabilidad al sector privado, pero acumulando las ganancias y las comisiones de administración que estos cobran religiosamente, de esta manera configurando un mercantilismo inmoral, donde se favorece al gran capital por encima de las nociones públicas de aseguramiento social.

De esta manera, de forma autoritaria e improvisada se materializó la tan anunciada Reforma Pensional, a la cual gran parte de la población se opone, y por tanto, los abajo firmantes exigimos al Gobierno Nacional la derogación del decreto 558 para evitar un desgaste institucional que sin duda terminará con la inconstitucionalidad de esta medida.

De no ser derogado, instamos a la honorable Corte Constitucional para que, de la manera más expedita, haga un juicio de constitucionalidad del decreto y determine la evidente extralimitación de las funciones del Estado de Emergencia para adelantar una reforma pensional inconsulta, favoreciendo a los fondos privados de pensiones y en general al sector financiero del país, el único que navega tranquilo en medio de la tempestad del COVID-19.

(Siguen firmas)

Carta en PDF

Imágen tomada de: Getty Images

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