En medio de la pandemia ocasionada por el COVID-19, el Ministerio de Ambiente expidió una circular externa que habilita la realización de audiencias públicas para la participación de las comunidades rurales en el marco del decreto 491 de 2020, por esta razón 12 congresistas de oposición enviaron carta al jefe de la cartera, con copia a la Procuraduría, buscando se anule dicha circular.
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Bogotá, Abril 25 de 2020 – El pasado 12 de Abril el Ministerio de Ambiente, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionado por el COVID-19, expidió la Circular Externa MIN-8000-2-01335, a través de la cual se pretende, entre otras, flexibilizar la “atención personalizada al usuario” buscando habilitar la utilización de medios tecnológicos para realizar eventos como las audiencias públicas ambientales, atentando gravemente contra el derecho a la participación ciudadana en lo relacionado a proyectos que impactan los territorios donde habitan las comunidades.
Por esta razón, el senador Alberto Castilla junto a otros 11 Congresistas de oposición, enviaron una carta al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo José Lozano Picón, solicitando se retire del ordenamiento la circular pues, según los congresistas, podría generar daños mayores como el vicio de futuros trámites ambientales y el menoscabo de derechos constitucionales de las comunidades afectadas.
En la circular del mencionado ministerio, en el numeral dos se específica que se tomen medidas frente a: i) trámites ambientales en curso, ii) nuevas solicitudes de trámites ambientales, iii) suspensión de términos, iv) control y seguimiento ambiental, v) consultas previas, vi) procesos sancionatorios, entre otros, a la luz del Decreto 491 de 2020. Lo que implica realizar estos trámites por vías virtuales, desconociendo que más de 9 millones de personas en el país no cuentan con acceso a internet en sus hogares.
“Pretender implementar un mecanismo de audiencia pública ambiental de manera virtual, de una u otra manera estaría reduciendo la capacidad de participación precisamente por la falta de conectividad y en consecuencia, se vulneraría el derecho de participación activa y dinámica de las comunidades afectadas” afirman en la misiva.
Los Congresistas reconocen en la carta que “el COVID es una amenaza indudable a la salud pública, sin embargo, las reglas de juego deben ser claras a nivel de contenidos que abordan cada una de las normativas expedidas con ocasión de la facultad extraordinaria y temporal otorgada” pues afirman que se están cometiendo abusos mediante los decretos emitidos casi diariamente bajo la excusa de contener el contagio.
Piden al Ministerio que las decisiones que tome en el marco de esta pandemia, se den conforme al contenido propio de los escenarios de participación, el debido proceso y al derecho fundamental al medio ambiente sano, todos de rango constitucional e imperativos que no pueden obviarse por su carácter irrenunciable.
En este sentido, el senador Castilla señaló que “para proteger las comunidades campesinas es necesario frenar todos los proyectos que puedan afectar el ambiente, la economía familiar y el agua, toda vez que el país y en especial las comunidades rurales tienen la tarea fundamental de asegurar el alimento y proteger su vida evitando el contagio. La participación es un derecho de fundamental, por eso, ésta debe ser activa, real y efectiva, al punto que no se limita a obtener información sobre los asuntos públicos”.
Con la carta, los Congresistas esperan que el Ministerio de Ambiente siga el mismo camino que el Ministerio del Interior, quien derogó la Circular Externa No. CIR2020-29-DMI-1000 el 22 de Abril, por las razones similares pero relacionadas con la Consulta Previa para las comunidades étnicas.
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