En el foro virtual internacional sobre «Ejecuciones extrajudiciales e injerencia extranjera en Colombia» el senador Alberto Castilla presentó una ponencia donde hace un recuento de la problemática, expone el contexto social y político del país el cual no ha logrado salir de la espiral de violencia pese a los múltiples esfuerzos de la sociedad civil por alcanzar y construir la paz. Compartimos su ponencia completa.
Mi intervención como Senador de la República de Colombia parte de dos realidades que definen mi participación parlamentaria: la primera, que hago parte de la reducida oposición política en ese escenario; y la segunda, el hecho de que provengo de los movimientos sociales del país, que aún sigo ligado a los procesos de base que me han llevado a representarles en la política electoral y que por ende mi actuación legislativa va articulada a lo que se disputa en las calles.
Y hago estas afirmaciones no solamente porque considere que la política institucional debe estar acompañada de comunidades que respalden en los territorios las propuestas políticas que se materializan en leyes, sino porque además la forma como usamos este tipo de espacios nos diferencia de quienes han tenido el poder históricamente en el país y lo han usado en contra del pueblo.
El escenario legislativo puede ser utilizado con tres fines fundamentalmente: elaborar propuestas legislativas; hacer visibles las problemáticas y denuncias de las comunidades; y ejercer control político a funcionarios y entidades del estado, ya sea a través de solicitudes de información, abriendo la discusión de un proyecto de ley a los sectores que se verán afectados por la misma o haciendo pública la discusión sobre las políticas y programas de cada una de dichas entidades (en audiencias públicas).
Al respecto del tema que nos convoca el día de hoy hemos actuado como partido de oposición en todos estos frentes: haciendo visibles las situaciones de violación de derechos humanos, asesinatos selectivos, brutalidad policial, masacres, y en general el genocidio del que aún sigue siendo víctima la población civil en Colombia; tanto a través de los medios de comunicación independientes (ya que en Colombia los dueños de los bancos, de los medios, de las tierras y de los cargos políticos son los mismos), como a través de constancias leídas en las sesiones televisadas del parlamento y de comunicados públicos difundidos en nuestras redes. Hemos acompañado en las marchas o plantones que exigen la verdad frente a los casos ya conocidos de “falsos positivos”, y abierto espacios para que la voz de las víctimas pueda ser escuchada en el Congreso de la República. Sabemos que no es suficiente pero tenemos la certeza de que la reivindicación de la memoria y la justicia son los pilares sobre los cuáles podrá gestarse una nueva sociedad.
Nuestro país tiene una historia de conflicto social, político y armado de larga data, innumerables víctimas de hechos de violencia, más de 3.000 de ellas podrían haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas principalmente al Ejército. La mayoría de esos casos habían ocurrido entre los años 2004 y 2008. Solamente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez la Fiscalía tiene documentado que ocurrieron 2.248 casos de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”. La peor parte de todo este asunto es que el informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, presentado en mayo 2012 concluía afirmando que este tipo de prácticas se mantienen al interior de las Fuerzas Armadas y la policía y que la tasa de impunidad por esas violaciones de los derechos humanos sigue siendo alta debido a la falta de avances en las investigaciones penales. Las cifras de 2019 y 2020 así lo demuestran: según el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos, en Colombia durante el año 2019 hubo 36 Masacres (la cifra más alta desde 2014) y una tasa nacional de homicidios de 25 personas por cada 100.000 habitantes. Así mismo, hay 108 casos de asesinatos de personas defensores de derechos humanos, 75% en zonas rurales, 98% en municipios con presencia de economías ilícitas, 86% en municipios con índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional y el 65% de los homicidios a defensores de DDHH defendían derechos de las comunidades y los grupos étnicos.
El año 2020 trae también cifras alarmantes: el Informe de la MOE sobre violencia contra líderes políticos, sociales y comunales con fecha de Septiembre de 2020 dice que el 64% de los asesinatos en este año se han concentrado en territorios PDET (con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, que representan el compromiso público del gobierno nacional con la transformación real e integral en los territorios más afectados por el conflicto armado) donde hay un incremento del 39% respecto 2019; de los ataques violentos registrados el 50% han sido contra líderes sociales. Hay un incremento del 85% en asesinatos con respecto a 2019 y líderes políticos son el 2o tipo de liderazgo más afectado durante los primeros 6 meses del 2020. Hasta el 21 de septiembre, se han registrado 61 masacres donde han sido asesinadas 246 personas.
Y estos temas, que hoy se debaten en este espacio desde visiones diversas, no son vistos como un factor que genere crisis de legitimididad de los sectores que han gobernado el país por décadas. Por el contrario, la manipulación mediática, el enraizamiento de valores conservadores y la falta de educación crítica nos han llevado a una derechización de la sociedad que se hace evidente en la conformación actual de Congreso de la República.
Para el año 2014, se presentaron a las elecciones parlamentarias 35 candidatos investigados, porque se sospecha que hicieron pactos con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y otras organizaciones armadas, de ellos llegaron al Senado 15 y 11 a la Cámara de Representantes. Rodrigo Uprimny Yepes, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), aseveró que los congresistas investigados por ‘parapolítica’ elegidos para la legislatura 2014-2018 son una demostración de que existen “enormes debilidades del sistema electoral que permiten que esos vínculos entre la política y organizaciones criminales persistan”. Incluso, se sabe de la existencia de 31 congresistas y excongresistas con expedientes por casos de corrupción en la Corte Suprema de Justicia.
¿Por qué entonces siguen los partidos de gobierno siendo las mayorías en el Congreso?
Esa pregunta está intimamente ligada con el nivel de violencia que existe en los territorios, con las condiciones históricas de desigualdad y con el tema que hoy nos convoca: el establecimiento de un régimen de terror que, a través de la actuación de sus fuerzas armadas y en connivencia con grupos al margen de la ley, silencia todas las voces críticas.
En el ejercicio de control político quiero resaltar sobretodo la labor que ha hecho la Comisión de Paz del Senado de la República, de la que hago parte, que ha visitado territorios fuertemente asediados por el conflicto social y armado que aún permanece y ha acudido inmediatamente a respaldar a las comunidades ante hechos atroces como el asesinato de Dimar Torres, ex combatiente de las FARC-EP en la Región del Catatumbo. En este caso, ocurrido en abril del año 2019 e icónico por la información que se tiene hasta el momento, se evidencia cómo el ejército nacional aprovecha su presencia en los territorios para hacerse cómplice de los asesinatos selectivos y cómo su comportamiento es coordinado y autorizado por sus superiores: incluso un grupo de Whatsapp con el nombre de quien sería la víctima demuestra la sangre fría con que recientemente sigue actuando la fuerza pública.
El Ejército se disculpó por el asesinato, perpetrado por uno de sus soldados, del excombatiente de las FARC. Se acusó del homicidio a un sargento y de encubrimiento a un coronel. No obstante, las autoridades, en general, no han procesado a altos mandos del Ejército presuntamente involucrados en los asesinatos. Por el contrario, han concedido ascensos a muchos de ellos. Hasta septiembre de 2019, se habían producido avances muy limitados en las causas contra 29 generales del Ejército investigados por falsos positivos.
En diciembre de 2018, el Presidente Duque designó al general Nicacio de Jesús Martínez Espinel al frente del Ejército, a pesar de las pruebas creíbles que lo vinculan con falsos positivos.
En 2019, el periódico New York Times, la revista Semana y Human Rights Watch publicaron documentos que mostraban que, en 2019, el Ejército restableció políticas militares que se asemejan a las que dieron lugar a los “falsos positivos”.
Estas políticas tienen algunos rasgos comunes con las masacres que se han venido perpetuando durante los últimos meses del año: el tipo de población que es víctima de ellos, las regiones en las que son perpetuados y la complicidad de todo el entramado institucional. El estudio de la Federación Internacional de Derechos Humanos, cuyos resultados fueron presentados en el año 2012, indica que las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad por su carácter sistemático y por ser un ataque generalizado en contra de la población civil, y enfatiza en la condición social y en las características de las víctimas: campesinos, habitantes de zonas rurales, de escasos recursos económicos o desempleados, pequeños delincuentes o partícipes en falsas desmovilizaciones, indigentes o personas “marginadas socialmente, de quienes no se esperaba que nadie fuera a reclamar por su destino, o cuyas familias desconocían cómo acceder a medios de denuncia”[1]Para la FIDH es claro que los ‘falsos positivos’, además, “revestían muchas veces el carácter de acciones de “limpieza social”, siendo las víctimas personas consideradas indigentes, drogadictas o discapacitados”. Lo que se esconde tras de este tipo de prácticas que normalizan el asesinato de los empobrecidos, es la mentalidad fascista de nuestro gobierno actual y una persecución a los liderazgos jóvenes, ya que el porcentaje de víctimas menores de 36 años superó el 80%.
La Jurisdicción Especial para la Paz, un mecanismo de justicia transicional creado por el acuerdo de paz con las FARC, ha permitido que los miembros de las fuerzas armadas den a conocer en sus declaratorias detalles sobre la sistematicidad de los falsos positivos. A junio de 2020, la JEP ha realizado 225 versiones voluntarias. Asimismo, la magistratura ha destacado que “numerosos comparecientes han reconocido hechos que nunca han sido investigados por la justicia ordinaria”. Ante estos datos, es evidente la importancia de las acciones que puede emprender el Congreso de la República para respaldar la independencia de poderes y el respeto por un proceso de paz que fue firmado por el gobierno anterior, pero cuyos acuerdos se mantienen como política de estado. El año pasado, fui designado como ponente ante las Objeciones que hizo la presidencia de la República a la Jurisdicción Especial para la Paz, haber tenido la posibilidad de argumentar en contra de dichas objeciones, de cara al país y manteniendo el compromiso con las comunidades que nos caracteríza, ha dado como resultado el hecho de que actualmente avancen los procesos ya mencionados.
Finalmente, la tarea de generar proyectos de ley de acto legislativo es quizá la más visible de las que realiza el Congreso de la República. Por eso, voy a presentarles a continuación algunas iniciativas legislativas relacionadas con este tema que han sido tramitadas en el parlamento o lo están siendo actualmente. Sin embargo, creo también necesario contarles cómo se compone el Congreso en términos de la representatividad de las fuerzas políticas del país, ya que esto nos da luces acerca de si es posible o no que los proyectos fructifiquen.
Somos en total 172 parlamentarios. En el Senado de la República, elegidos por circunscripción nacional, hay 108 de los cuáles 69 son de la coalición de gobierno, 16 son independiente y solamente 23 de oposición. En la Cámara de representantes, elegidos por cincunscripción regional, de los 172 parlamentarios elegidos hay 113 del gobierno, 36 independientes y 22 de opisición. Esta correlación de fuerzas explica, por ejemplo, el hecho de que continuamente se presenten ascensos militares en el recinto del congreso, incluso a quienes están siendo investigados por casos de ejecuciones extrajudiciales.
En ese contexto se presentan las siguientes iniciativas legislativas:
- La aplicación de la Ley 522 de 1999 que ampliaría la competencia del sistema de justicia militar en mayor medida que la Ley 1407 de 2010, que modificó a la anterior y se encuentra actualmente vigente. La Ley 522 de 1999 solamente excluyó de la jurisdicción militar los delitos de tortura, genocidio y desapariciones forzadas, mientras que la Ley 1407 de 2010 excluyó además de los anteriores los delitos de lesa humanidad, las violaciones al derecho internacional humanitario y las conductas que rompen el nexo funcional del agente con el servicio (énfasis agregado). Por ende, la aplicación de la Ley 522 de 1999 podría permitir que casos de falsos positivos y otros abusos que actualmente están en juicio en la justicia ordinaria sean transferidos a la justicia penal militar.
- La Reforma penal que considera ejecución extrajudicial como delito autónomo: es un proyecto de ley que propone que cuando un agente del Estado arbitrariamente, por orden o con autorización de sus superiores, ponga fin a la vida de una o más personas motivado o no por un objetivo o finalidad política, pueda ser condenado a prisión entre 42 y 50 años y multa entre los 2.666 y 7.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). Esta conducta también se materializaría cuando la ejecución la realice un tercero con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado. Adicionalmente, se configuraría una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 20 a 30 años.
- Proyecto de Ley: “Por medio de la cual se crea el tipo penal de ejecuciones extrajudiciales como delito autónomo en la Ley 599 de 2000- Proyecto de ley 242”. Radicado en Marzo 28 de 2017, retirado el 19 de Abril de 2017.
- Proyecto de ley que busca reconocer el 20 de septiembre como “Día de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales”: El proyecto de ley busca rendir homenaje a la lucha, reconstrucción y mantenimiento de la memoria por parte de las madres y demás familiares de quienes “fueron asesinados de forma sistemática e ilegítima por miembros del Ejército y presentados como falsos guerrilleros o paramilitares muertos en combate”.
- El Proyecto de ley 1765 de 2015. “Por la cual se reestructura la Justicia Penal Militar o Policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General Penal Militar y Policial, se organiza su Cuerpo Técnico de Investigación, se señalan disposiciones sobre competencia para el tránsito al Sistema Penal Acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la jurisdicción especializada y se dictan otras disposiciones»; que dispone que la justicia penal militar conozca de otros casos de violaciones de derechos humanos por militares que se hayan cometido anteriormente o puedan ocurrir en el futuro, como violación sexual, trato inhumano y mutilaciones, en flagrante contravención a las obligaciones jurídicas asumidas por Colombia de conformidad con el derecho internacional. Asimismo, el proyecto estipula que la justicia penal militar investigaría a militares acusados de interceptaciones ilegales, tráfico ilegal de armas, y concierto para delinquir (colaboración con paramilitares o BACRIM) con fines de tortura, desaparición forzada y narcotráfico, entre otros delitos, lo cual prácticamente aseguraría su impunidad.
En resumen, hay un trabajo fuerte de control político, de visibilización de la situación de vulneración de derechos humanos incluido el tema de ejecuciones extrajudiciales y de propuesta legislativa.
Necesitamos, sin embargo, que la comunidad internacional ponga los ojos sobre nuestro país; es evidente que el gobierno nacional no está dispuesto a transformar su política de tratamiento ante la protesta social y la oposición política. Ejemplo de ello es que hace dos días la Corte Suprema de Justicia a través de una sentencia ordenó al Ministerio de Defensa presentar disculpas públicas por los excesos de la fuerza pública durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019; suspender el uso de las “escopetas calibre 12” que han asesinado a varios jóvenes con sus impactos en lugares como los ojos o el cráneo; sancionar la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública ern manifestaciones y protestas, entre otras medidas. ¿Qué ocurrió ante la sentencia? ¿cuál ha sido la reacción del Ministerio de Defensa? El silencio. ¿Cuál pedimos que sea la reacción internacional? Dar voz a quienes no la han tenido, poner sus ojos en las calles y veredas de Colombia y rodearnos, porque seguimos sin salir de una crisis humanitaria cuyo componente fundamental ha sido el genocidio.
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Video de la intervención completa
