A tres años de la segunda tragedia ambiental más difícil que ha vivido el país después de Armero, ocurrida en el mes de abril de 2017 en Mocoa, capital del departamento del Putumayo, miles de familias que lo perdieron todo siguen trabajando y actuando para exigir al gobierno nacional cumpla con las promesas realizadas.
Bogotá, Mayo 12 de 2020
Hace tres años, la comunidad fué sorprendida por una avalancha que afectó a 8 barrios del área urbana y rural del municipio, además del fallecimiento de 332 personas, 398 heridos,77 desaparecidos y más de 22.000 damnificados (entre los cuales se identificaron 2.903 personas pertenecientes a 9 pueblos indígenas).
Para atender la catástrofe, el Gobierno Nacional aprobó el 31 de octubre de 2017 el CONPES 3904 mediante el cual se asignó 1.181.433 millones de pesos para el “Plan para la Reconstrucción de Mocoa” con vigencia de 5 años, 2020 es ya su tercer año. Dicho plan, contempla seis líneas estratégicas las cuales son: ordenamiento territorial, ambiente y gestión del riesgo; infraestructura social; conectividad e integración regional; desarrollo económico; desarrollo social; desarrollo institucional. Adicionalmente, solicita la aprobación de otro préstamo adicional de 30 millones de dólares a la banca multilateral para la construcción de la Fase I del Plan Maestro de Alcantarillado.
El cambio de gobierno no marcó diferencia en la larga lista de incumplimientos, los resultados han sido iguales pues aparte de un discurso grandilocuente en el “Taller Construyendo país” realizado en Mocoa el 11 de abril del año pasado y la designación de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez como “madrina de Mocoa”, han sido muchas las promesas y desaciertos.
Dentro de las propuestas que se han hecho a la comunidad están: la reconstrucción de un acueducto que garantizará agua potable a los habitantes, 1.200 viviendas, un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, una nueva plaza de mercado, la reconstrucción de la vida social, entre otros.
Luego de tres años, el balance es negativo. Se construyó un acueducto donde se invirtieron 28.000 millones de pesos el cual, por la inobservancia de las advertencias ciudadanas y técnicas, fue arrasado nuevamente por la avalancha que se presentó en agosto de 2018, haciendo inasequible el derecho fundamental de contar con agua potable, haciendo que soportar la pandemia por la COVID 19 sea casi imposible.
De las 1.200 casas prometidas avaluadas en cerca de 99.098 millones de pesos, se han construido 300, las cuales ya presentan problemas de alcantarillado y dónde además, la veeduría de Juntas Comunales presentó una acción de control ante la Contraloría General de la Nación por detrimento patrimonial, pues según los demandantes, se pagaron 1.800 millones de pesos por tres hectáreas en una zona donde la hectárea más costosa cuesta 250 millones de pesos.
No contentos con esto, los bancos han sido quienes han logrado sacar más provecho con la tragedia, pues los habitantes perdieron todo con la avenida torrencial menos las deudas con las entidades financieras y, ante la propuesta gubernamental de reactivación económica mediante nuevos créditos, se vieron obligados a adquirir nuevas deudas, la cifra de las deudas a éstas entidades se calcula en aproximadamente $25.000 millones. Con la falta de actividades que les permita generar ingresos, los habitantes no han podido pagar las cuotas, razón por la cual los bancos optaron por embargar casas familiares, generando nuevas afectaciones a los habitantes de la región, anotando que los bancos no han accedido a ninguna de las propuestas de pago realizadas por los damnificados financieros.
Envío un saludo a las miles de familias de Mocoa que en medio de las dificultades han logrado mantenerse vigilantes a lo sucedido en la región y con las cuales hemos desarrollado importantes acciones de control político a lo que ha venido sucediendo. Ratifico mi compromiso con ustedes para poder ser fuente de apoyo en estos momentos oscuros que infortunadamente continúan.
Hago un llamado urgente para que las entidades de control inicien un proceso detallado de vigilancia sobre los recursos públicos asignados para la reconstrucción de Mocoa mediante el CONPES 3904 de 2017, pues no deja de ser inadmisible que a tres años de ocurrida la catástrofe natural, los avances en materia de infraestructura, programas sociales y otros beneficios para la comunidad sean tan escasos, la vicepresidenta anunció en Diciembre de 2019 que se habían invertido ya $647.000 millones en 122 proyectos que las comunidades aún no ven.
Finalmente, hago un llamado de emergencia al Gobierno Nacional para que asuma la responsabilidad en los insuficientes apoyos a la comunidad de Mocoa y que llegue a acuerdos con los bancos para condonar deudas a las personas morosas de esta comunidad y así evitar un mayor drama humanitario del que ya son víctimas los habitantes de esta zona por el desahucio al que han sido sometidas.
Alberto Castilla Salazar
Polo Democrático Alternativo
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