En el día internacional de las mujeres rurales, hacemos un llamado al estado para comprometerse con la plena garantía de sus derechos

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La  Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2017 declaró el 15 de octubre como el día internacional de la mujer rural, con el propósito de evidenciar el papel decisivo de las mujeres en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Quiero manifestar mi reconocimiento al trabajo de todas las mujeres campesinas, que representan un tercio de la población mundial y un 43% de la mano de obra en el campo.

En Colombia, pese a que el DANE se niega a establecer con exactitud un censo poblacional del campesinado, se estima que alrededor del 21% de las mujeres del país son campesinas y rurales, siendo muy preocupante que la tasa de analfabetismo de ellas es tres veces más alta que la de las demás mujeres Colombianas, que sólo tienen la titularidad del 26% de la tierra y que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad en casos de violencias de género.

Son las mujeres campesinas y rurales quienes tienen un papel protagónico en la soberanía alimentaria de los pueblos y de sus familias y demandan  que el Estado reconozca el trabajo del cuidado y las actividades domésticas que no tienen ninguna remuneración y que no se valoran como un aporte a la familia y la economía nacional. Sin las mujeres y niñas de las zonas rurales, las comunidades rurales no podrían funcionar. Sin embargo, las mujeres y las niñas se encuentran entre las personas con mayor predisposición a ser pobres, a carecer de acceso a los bienes, la educación, la sanidad y otros servicios esenciales, y a padecer más los efectos del cambio climático. Debido a la desigualdad y a la discriminación de género, en casi todos los indicadores de desarrollo, las mujeres rurales están en peor situación que los hombres rurales.

Por todo lo anterior que hago un llamado al Estado Colombiano para proteger especialmente a las mujeres y niñas campesinas y rurales, para que se destinen recursos suficientes para atender sus necesidades básicas de salud, educación y sanidad, para que el Congreso de la Republica apoye las iniciativas legislativas que promueven su reconocimiento político y que buscan saldar la deuda histórica del Estado Colombiano con el campesinado y hacer seguimiento para el cumplimiento de las normas, leyes y programas que permitan dignificar la vida de la mujer rural.

Adicionalmente, es prioritario garantizar el cumplimiento de las medidas de género pactadas en el Acuerdo Final de Paz y la participación de las mujeres rurales en las instancias, institucionalidad e instrumentos de planeación creados para el pos acuerdo y dar prioridad para el acceso de las mujeres rurales al fondo de tierras, a subsidio integral y al crédito especial para la compra de tierras

Imagen tomada de El Tiempo

Licencia Ambiental de Hidroituango debe suspenderse por provocar crisis ambiental y social en la región

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Por medio de una coadyudancia presentada ante el Consejo de Estado, el Senador Alberto Castilla busca respaldar y brindar más argumentos a este tribunal quién decidirá si mantiene o no las medidas cautelares sobre el proyecto Hidroituango.

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control politico EPS Alberto Castilla

ADRES debe girar directamente a hospitales y clínicas para que EPS no especulen con los dineros de la salud

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Hoy la comisión séptima de Senado inició una serie de debates de control político a las EPS del país con el objetivo de conocer sus estados financieros y patrimoniales, durante cuatro sesiones los senadores escucharán a los distintos representantes legales y gerentes de las EPS encargadas de asegurar el derecho a la salud de las y los Colombianos. Leer más

Senador Alberto Castilla envía un saludo al Comité de Integración Social del Catatumbo en sus 15 años

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El Senador Campesino, oriundo de la región del Catatumbo, envía por medio de un video un saludo al Comité de Integración Social del Catatumbo que el día de hoy conmemora sus 15 años de construcción comunitaria y permanencia en el territorio.

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Empresas deberán pagar multas de hasta 800 salarios mínimos, en caso de que no afilien a ARL a empleados que realicen actividades de alto riesgo

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Pese a la disminución de la accidentalidad laboral en el país, se mantiene la exposición a grandes riesgos de salud en el trabajo para los y las trabajadoras. Así mismo, mientras la seguridad laboral es un derecho que debe garantizar el estado, éste no puede hacerlo debido a que las empresas no pagan este rubro. Leer más

Estamos presenciando un genocidio y no podemos quedarnos callados, por eso el 26 de Julio vamos a la calle

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Comunicado del senador Alberto Castilla, del Polo Democrático Alternativo, a propósito de la convocatoria nacional e internacional de movilización en defensa de la vida y en honor a los cientos de líderes asesinados en Colombia.

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Nuestro pie en la institución seguirá firme mientras la movilización se mantenga

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Inicia la segunda legislatura del 2019 y el Senador Alberto Castilla, junto a  los partidos de oposición, preparan agendas y proyecciones acordes con las necesidades del momento que atraviesa el país y los territorios.

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Imagen tomada de: Verdad Abierta

Agencia Nacional de Tierras debe resolver conflicto de tierras en hacienda Bellacruz

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El Senador Alberto Castilla, del Polo Democrático Alternativo, llama a que se solucione con diligencia conflicto de tierras entre campesinos del Cesar y Efromovich dentro de la hacienda Bellacruz.

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«Nueva Ley de Tierras» profundiza concentración de tierras, no culmina satisfactoriamente el proceso de Consulta Previa y favorece a agroindustria

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Más de 180 organizaciones y comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, víctimas y distintos sectores de la sociedad civil colombiana, solicitamos al senador José David Name, a la Comisión V del Senado de la República y al Ministerio de Agricultura retirar del trámite legislativo el proyecto de Ley 003 de 2018, un proyecto de ley que va en detrimento de los derechos del campesinado, pueblos indígenas y afrodescendientes, legaliza el despojo, atenta contra los pequeños productores rurales y contra el ambiente.

 

Luego de hacer las revisiones a los cambios planteados en ponencia presentada por el senador José David Name, más de 180 organizaciones y comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, víctimas y distintos sectores de la sociedad civil colombiana, solicitamos a él, a la Comisión V del Senado de la República y al Ministerio de Agricultura retirar del trámite legislativo el proyecto de Ley 003 de 2018 “por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”.

Vemos con preocupación que en este proyecto se mantienen disposiciones que, junto con sectores de la academia y personalidades políticas expertas en temas de tierras, hemos criticado insistentemente desde el año 2017 cuando fue publicada la primera versión de este proyecto de ley. Su adopción traería graves efectos, ya que es una norma altamente regresiva en cuanto a los derechos que el Estado Colombiano debe garantizar a las comunidades rurales para acceder a las tierras en condiciones de dignidad, de acuerdo con los mandatos constitucionales.

Las modificaciones propuestas demuestran el continuismo entre el gobierno de Iván Duque y el de Juan Manuel Santos en lo que tiene que ver con las políticas para el sector agropecuario. Mantienen diferentes medidas que enfatizan el modelo acaparador de tierras con lo que agravará la ya extrema concentración de la propiedad rural. Buscan legalizar la prescripción de baldíos -prohibida constitucionalmente- avalando por completo la apropiación, venta y cesión ilegal de estos terrenos, haciendo imposible para el Estado su recuperación, y afectando los derechos, actividad y cultura del campesinado favoreciendo las actividades minero energéticas, de infraestructura, agroindustriales y de mercantilización de la biodiversidad.

Este proyecto desnaturaliza el propósito de la Reforma Rural Integral de promover la democratización de la tierra, permitiendo que los predios que hagan parte del Fondo de Tierras pactado en el Acuerdo de Paz puedan destinarse a las Zidres y a otros proyectos agroindustriales. No contiene ninguna medida para solucionar el problema de comunidades que habitan en zonas de protección ambiental, a quienes hoy se criminaliza y se pretende expulsar, desconociendo su ocupación tradicional y su capacidad y deseo de permanecer allí protegiendo el ambiente, y no establece ninguna medida para resolver las inequidades de género en materia de acceso a tierras, a crédito, a incentivos y en general las situaciones inequitativas en las que están las mujeres rurales.

Este proyecto se radicó sin culminar satisfactoriamente el proceso de Consulta Previa con comunidades indígenas y afrocolombianas, con las que no hubo acuerdo alguno, y por lo cual la Mesa Permanente de Concertación – MPC, interpuso una acción de tutela solicitando la suspensión del trámite del proyecto y su retiro del Congreso. En su elaboración, desde el inicio, se han incumplido los acuerdos suscritos con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular – CACEP, de establecer una ruta concertada para trabajar en la reforma de la Ley 160 de 1994, de manera participativa y consultada; y el logrado en las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo, según el cual se debe conformar una Comisión en el Congreso que, mediante un proceso amplio y participativo, estudie temas como la formalización de tierras y posibles modificaciones al régimen de baldíos.

Por las anteriores consideraciones, las organizaciones firmantes llamamos la atención de los congresistas, especialmente de quienes integran la Comisión V del Senado, así como del Ministerio de Agricultura, para que actúen en defensa del Campo.

Solicitamos también al pueblo colombiano que acompañe y se sume activamente a esta solicitud para evitar que se haga efectivo este proyecto de ley que pretende joder el campo y el medio ambiente, las condiciones de vida del campesinado y por ende, la mesa de cada familia del país.

#NoJodanElCampo

Foto tomada de http://www.elcampesino.co/

7 de Junio se realizará movilización para pedir al Consejo de Estado no permitir el fracking en Colombia

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Con motivo de la demanda interpuesta ante el Consejo de Estado por el Grupo de Litigio e interés Público de la Universidad del Norte, el próximo viernes 7 de junio se llevará a cabo la Audiencia inicial del proceso que busca la nulidad del decreto 3004 y la Resolución 90341 del Ministerio de Minas, por medio de las cuales se le daba viabilidad a la práctica del fracking.

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