Vengo del campo, soy campesino de la región del Catatumbo, Norte de Santander. Tan solo llevo 3 años y medio en el Congreso de la República y allí hemos aprendido, que el movimiento social, debe tener sus representantes en la institucionalidad, pero nunca reemplazar la organización y la movilización social, solo complementarla. Nuestros congresistas son una voz que se nos escucha algo más, pero a la movilización social es su respaldo. Son 2 caras de la misma moneda. Nuestras propuestas en el Congreso de la República, deben ser reflejo del querer del movimiento social, y este respaldarlas en la movilización si queremos que se hagan los cambios en nuestro país. Por esto decimos que “Somos la gente que tenemos un pie en la institucionalidad y miles en las calles.”

Estamos en medio de un momento muy difícil para el país. El creciente asesinato de líderes sociales en las regiones[1], la continuidad del modelo neoliberal y extractivista, expresada en la venta de nuestros páramos como Santurbán, creación de centrales hidroeléctricas que afectan los ríos, expedición de licencias ambientales para minería y explotación petrolera; los escandalosos casos de corrupción en las tres ramas del poder público, el calculado incumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC, la lentitud de la negociación política con el ELN, así como la paulatina derechización de la sociedad y de su clase dominante y el crecimiento de la pobreza y precarización de los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad señalan un contexto nacional, que debe generarnos profunda preocupación.

Nuestra acción legislativa y control político seguirá insistiendo para que se escuche la voz del movimiento social, en los debates de manera directa en el Congreso de la República y en apoyo a los diferentes instrumentos de participación constitucionales como son las Consultas Populares y los Cabildos abiertos que viene dinamizando el movimiento social y ciudadano.

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[1]  “Entre enero y junio de 2017, el Sistema de Información de Agresiones contra defensores de DD.HH. en Colombia – SIADDHH, registró un total de 335 agresiones individuales contra defensores(as) discriminados en 225 amenazas, 51 asesinatos, 32 atentados, 18 detenciones arbitrarias y 9 casos de judicialización. El incremento en agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos durante el primer semestre de 2017, frente al mismo periodo de 2016, fue del 6%, pasando de 314 a 335” (Somos Defensores, 2017)

 

El movimiento social, debe tener sus representantes en la institucionalidad, pero nunca reemplazar la organización y la movilización social, solo complementarla

PROPUESTAS:

  1. Exigimos el reconocimiento político del campesinado como sujeto de especial protección y de derechos diferenciados que le garanticen a este sector de la sociedad, los derechos a la alimentación, a la soberanía alimentaria, a la tierra y al territorio, al acceso a los medios de producción y a mercados y precios justos, a la cultura campesina, a la defensa y protección del agua y los bienes naturales.

La disputa por el reconocimiento de derechos políticos diferenciados para campesinas y campesinos en Colombia puede identificarse partiendo de los siguientes elementos, complementarios entre sí:

  • La necesidad de desarrollar normativamente los artículos 64 y 65 de la Constitución Política de Colombia, que tiene que ver con el acceso a la tierra de forma progresiva para “trabajadores agrarios”.
  • Las luchas de las comunidades campesinas por superar las condiciones de vulnerabilidad y exclusión a las que se han visto enfrentadas por causa de la desigualdad estructural, la inequidad social y el conflicto armado.

Las campesinas y campesinos, en razón de su vínculo particular con la tierra, que parte no solamente de una relación económica o jurídica de tenencia sino de una construcción social y cultural que sólo es posible en la ruralidad, son sujetos con una identidad cultural diferenciada a la de las comunidades étnicas u otros actores del campo –tales como los empresarios agrícolas–. Este vínculo está ligado a:

  • La producción de alimentos para el sustento propio y para la comercialización mercados locales y regionales.
  • Las relaciones comunitarias y vecinales que se tejen a través de prácticas como el intercambio de semillas y cementera.
  • Las formas de asociatividad en torno a las labores del campo, que tiene como base la economía solidaria.
  • Las formas de organización política para la exigencia de sus derechos

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se ha planteado que los derechos sociales deben adaptarse a los diversos contextos donde transcurre la vida de las comunidades y los individuos. Para que los derechos puedan garantizarse plenamente deben ser adaptables a realidades sociales diversas y ser aceptables conforme a las tradiciones culturales de los pueblos, pues en caso contrario no lograrán el objetivo de dignificar a todas las personas. Si los currículos educativos no se diseñan teniendo en cuenta la historia y la vida diaria de las comunidades, si la alimentación no es acorde a las costumbres de los pueblos, o si la vivienda no se construye de acuerdo a las características de los territorios, entonces los derechos a la educación, a la salud y a la vivienda no estarían plenamente garantizados. Por eso la Adaptabilidad en materia de derechos sociales es una condición necesaria para que tales derechos se garanticen plenamente.

  • Reconocimiento de los llamados “nuevos derechos del campesinado”: El papel del campesinado en el mundo como sujeto necesario para la garantía del Derecho Humano a la Alimentación

Retomaremos la propuesta de impulso de una ley estatutaria que formule una carta de derechos del campesinado, acordes con las exigencias del movimiento campesino y tomando en cuenta las realidades de la sociedad colombiana. Lo anterior implica reconocer los siguientes derechos:

Derecho a la tierra y al territorio:

Todos los elementos que la componen, priorizando el uso para campesinos: territorios y medios de vida

  • Visión integral del territorio: identidad y dignidad
  • Consulta sobre su uso y explotación
  • Manejo ambiental y comunitario
  • Conocimiento tradicional

Eliminar todas las formas de discriminación, entre ellas la contaminación y degradación de ecosistemas y elementos de los que depende su existencia

Derecho a la Soberanía Alimentaria:

Derecho que combina derechos: libre determinación, tierra, semillas, alimentación, uso de bienes naturales, autonomía, desarrollo.

  • Alimentación saludable y apta
  • Producción socialmente justa
  • Ambientalmente adecuada
  • Definición de los sistemas de producción por parte de los pueblos: desde la base
  • Conservar, utilizar, mantener y almacenar: semillas, plantas, animales
  • Fomento de conocimientos tradicionales
  • Investigación acorde con las necesidades comunitarias
  • Protección de la contaminación genética
  • No aceptar mecanismos de certificación para las semillas criollas y nativas
  • Sistemas de producción alternativo

Derecho a los medios de producción y acceso a mercados y precios justos:

  • Respeto de los valores, culturas y conocimientos
  • Reconocimiento de los métodos tradicionales de labranza, pesca, cría
  • Acceso a mecanismos justos de financiación: créditos, seguros, asistencia
  • Promoción de sistemas de producción alternativa

Derecho al fortalecimiento de los medios de subsistencia y reproducción de la cultura

  • Información plena, oportuna y transparente
  • Sistema justo de evaluación de calidad de los productos
  • Libertad de asociación

Derecho al uso y gestión de los bienes naturales:

  • Prácticas sostenibles de producción, en armonía con la naturaleza y basado en ecosistemas.
  • Soberanía en uso de los elementos naturales y gestión comunitaria
  • Decidir sobre acceso y explotación de otros (beneficios y compensaciones)
  • Contribuir en la formulación de políticas y programas nacionales y locales en cambio climático (prácticas tradicionales).
  • No vertimiento ni almacenamiento de sustancias peligrosas en sus territorios
    • Aspersiones y contaminación genética
    • Principio de incertidumbre y precaución
    • Paquetes tecnológicos que impactan territorios: ecosistemas, culturas
    • Pérdida de economía campesina
    • Políticas e instrumentos que incentivan sistemas convencionales

 

Trabajaremos por conquistar derechos laborales y sindicales de los trabajadores y trabajadoras. Por un Estatuto del trabajo, contra la precarización laboral, la formalización del trabajo, la pensión de jubilación y el trabajo digno

El Estado colombiano está en deuda con los trabajadores y trabajadoras colombianas, con relación a reglamentar las relaciones laborales y sindicales mediante un Estatuto del Trabajo como lo definió la Constitución del año 1991. Persistiremos en que el Congreso De la República aborde este debate.

El modelo neoliberal, ha precarizado y tercerizado las relaciones laborales. Insistiremos en la formalización y en la reglamentación por la recuperación del trabajo digno, por el reconocimiento de los derechos laborales y sindicales, como lo reglamenta la OIT, con salarios justos, empezando por las entidades del mismo Estado, tanto a nivel municipal, departamental como nacional.

Protección del derecho a la Pensión. El pasivo pensional derivado de su privatización lo cual hizo que el Estado quedara con las obligaciones pensionales. Mientras que los fondos privados tienen activos del orden de $230 billones, el sistema público tiene un pasivo del orden de $120 billones. Pero es claro que si se eliminan los fondos privados, y se unifican las cuentas, el activo privado mata el pasivo público y las cuentas recuperarían el equilibrio y lograr extenderlo a otros sectores hoy desprotegidos. Insistiremos en el derecho a la Pensión de Alto Riesgo.

 

 

Derecho a la Ciudad para la vida digna, vivienda para los pobladores urbanos

Las luchas por el territorio no sólo se despliegan en lo rural; Las ciudades colombianas concentran hoy casi el 80% de la población del país (cifra que tiende a aumentar), generando diferentes conflictos sociales, políticos, económicos y ambientales y, con ello, crecientes expresiones de defensa de la territorialidad urbana, en especial, vinculando la espacialidad con la lucha por la vivienda digna. 

En tal sentido, para los sectores populares que habitan territorios urbanos, la defensa de la territorialidad urbana y del derecho a la vivienda, tiene especial relevancia en la llamada “ciudad informal”, pues la mayoría de las ciudades se construyen de esta forma. La ciudad informal y la economía informal son dos caras de una misma moneda, de ahí que el hábitat y la vivienda informal urbanas se desarrollen como consecuencia de este contexto económico y regulatorio.

Son las poblaciones con menores ingresos, aquellas que acceden a la vivienda de ésta forma (mediante el loteo y en menor medida mediante la ocupación de predios en asentamientos populares). “La existencia de un mercado informal (denominado ilegal) de suelo urbano está determinado, entre otros factores, por la falta de programas accesibles de vivienda social, el alto costo de la tierra urbanizada y una inversión pública inadecuada en infraestructura urbana formal” (Torres Tovar, 2009, pág. 43).

Aunque el Estado crea bancos de tierras urbanas, y en algunos casos se configura como un promotor inmobiliario público para garantizar vivienda a estos sectores, hay una población significativa que no puede acceder a la vivienda de esta forma, ni tampoco a través de la vivienda producida por “promotores inmobiliarios privados articulados al sistema financiero”, “o las organizaciones no gubernamentales –ONG–, organizaciones populares de vivienda –OPV–, fundaciones y corporaciones de diversas filiaciones que producen una oferta reducida de suelo urbanizable y vivienda terminada.”

La ciudad informal se caracteriza por un déficit cualitativo de la vivienda y del hábitat en su conjunto; Este modelo de ciudad mantiene sin acceso a un hábitat y a una vivienda digna a más de 3.353.548 personas; de éstas, más de 2.000.000 no cuentan con acceso a servicios públicos e infraestructura de calidad, espacio público y otros servicios complementarios como la movilidad.

"Por otro lado, la adecuación de ciudades para el neoliberalismo “competitivas, accesibles y jerárquicas”, contempla la implementación de proyectos de renovación urbana que afectan directamente a los viviendistas de las periferias y de los centros de las ciudades. Los megaproyectos como Zona América, Ciudad Paraíso, corredores verdes y hasta nuevos proyectos de vivienda, entre otros, han provocado desalojos forzados.

Moravia y Villa Café en Medellín, el Jarillón Río Cali, el Calvario y San Pascual en Cali, y Bilbao en Bogotá, son sólo algunos ejemplos de las más de 5000 familias que se quedaron sin vivienda, en los últimos cuatro años. Éstos desalojos forzados, que además violentaron otros derechos como el de la integridad física y el derecho a la vida, son un claro ejemplo de que el modelo neoliberal también se disputa la tierra en lo urbano."

Por otro lado, también es necesario resaltar el problema de la especulación de la tierra en las ciudades. El sector inmobiliario y el financiero compran bienes para posteriormente en alianza con los gobiernos realizar cambios de uso de suelo y venderlos en altos precios para obtener ganancias altas y rápidas, afectando a las familias que no pueden acceder a la compra de vivienda.

Por último, un factor que ha causado gran impacto en la última década es el tema ambiental. Los planes de renovación urbana, también se pretenden construir sobre humedales y reservas forestales que aún habitan en la ciudad, tales como El Cortijo en Cali y la Reserva Thomas van der Hammer en Bogotá, afectando el agua y la fauna y flora.

4.1 Por lo descrito anteriormente, nuestra curul se enfocará en atacar los principales problemas que viven los barrios populares, sobre todo en la llamada “ciudad informal”. 

  • Impulsar una propuesta de política social de vivienda que realmente cubra las necesidades de los viviendistas. Para ello, ésta debe ser construida con los viviendistas, teniendo en cuenta:
  • Remediar la falta de espacio público en los asentamientos de origen informal, en especial de zonas verdes, recreativas y centros de servicios educativos o de salud. Para esto, desde nuestra curul nos comprometemos a hacerle seguimiento al CONPES 3604, sobre mejoramiento integral de barrios.
  • Reducir las deficiencias en la prestación de los servicios públicos y mala calidad vial con problemas de accesibilidad, producidos por la insuficiente cobertura oficial y por la ilegalidad de muchas instalaciones. Nuestro objetivo seguirá siendo insistir en el agua como mínimo vital para las familias colombianas.
  • La reducción de exposición a riesgos por inestabilidad de los terrenos, mala disposición de residuos y falta de control en las construcciones.
  • La titulación de la propiedad de las viviendas, con participación comunitaria, en los asentamientos informales.
  • Creación de nuevas viviendas de interés social y vivienda de interés prioritario, pero acordes a la necesidad de las familias.
  • Ser veedores de la actual ley y el programa de viviendas gratis.
  • Prohibición de los desalojos forzados, en casos de proyectos de renovación urbana que no reúnan los requisitos establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos, observación No. 7 del protocolo del Comité de Derechos Econòmicos, sociales y culturales.

4.2. Nuestra curul se dispondrá para ejercer Control Político a los Planes de Ordenamiento Territorial POT, los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial PBOT y el Esquema Básico de Ordenamiento Territorial EOT, en lo relacionado con:

  • Ubicación de VIS y VIP en el POT, generalmente en la periferia, profundizando mayor exclusión.
  • Seguimiento al cobro de la plusvalía, contemplada en la ley 388 de 1997, pues ahí está el negocio del sector inmobiliario.
  • Seguimiento a los procesos de renovación urbana y expulsión de habitantes de menores ingresos. Para ello, es imperante avanzar en la construcción de una ley de protección a moradores.
  • Revisar los procesos asociativos contemplados en la ley 1454 de 2011 y el impulso de áreas metropolitanas que crea modelos territoriales en función de generar fuentes de ventaja competitiva y expulsa a la gran mayoría de los pobladores urbanos.

Agua y la naturaleza como derechos fundamentales,  para definir prioridades ante la industria extractiva, minera y energética.

Ante la grave crisis ambiental que hoy enfrenta el planeta, urge promover un mínimo vital de energía y de agua como derechos fundamentales. Aunque ya se han venido generando algunas iniciativas, desde el Congreso de la Repùblica aun no logramos obtener estos derechos. El periodo legislativo 2018 - 2022 deberá contemplar dicho derecho.

Proponemos un debate nacional mineroenergético, que contemple y reglamente los siguientes problemas:

  • Declarar una moratoria minero-energética iniciando un espacio de debate y diálogo nacional para llegar a un nuevo consenso sobre lo que los colombianos queremos respectos a una nueva política minero- energética.
  • Eliminar de la legislación el carácter de actividad de utilidad pública y de interés social que actualmente tienen la minería y proyectos minero-energéticos.
  • Crear una comisión que elabore una propuesta de Reforma del Código Minero, con delegados de los sindicatos, los pequeños, medianos, mineros artesanales y las comunidades.
  • Decretar que Ecopetrol, vuelva a ser 100% estatal, incidiendo de manera directa en la definición de la planeación y ejecución de la política de los hidrocarburos de la nación.
  • Fortalecer las empresas de energía eléctrica departamentales y que se inicie la creación de una empresa nacional estatal de energía eléctrica,
  • Que se reconozca el derecho de las comunidades y poblaciones organizadas a gestionar y manejar las aguas de manera colectiva, a través de acueductos comunitarios y distritos de riego y se fortalezcan los acueductos estatales y comunitarios.
  • Declarar una moratoria al Fracking y evaluar con mayores elementos técnicos sus impactos negativos sobre las fuentes hídricas, los ecosistemas y los territorios.
  • Garantizar los procesos de consultas previas con comunidades étnicas y campesinas, que se respete la autonomía municipal para excluir la actividad minera del territorio del municipio que así lo decida.
  • Mejorar las políticas de renta minero-energética cambiando la legislación sobre regalías, impuestos y compensaciones, etc.
  • Reorientar el país hacia un cambio de modelo mineroenergético, que sustituya las fuentes fósiles por las energías solar, eólica, térmica, maremotriz, etc.

Estamos por la solución política del conflicto, búsqueda de la paz con participación, justicia social y ambiental.  

A pesar de los obstáculos y los reveses, Colombia sigue caminando hacia la solución política del conflicto armado y hacia la construcción de paz. Sin embargo, preocupan los incumplimientos del gobierno en el proceso de paz con las FARC, así como el bajo perfil que ha mostrado el Estado en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Los acuerdos con las FARC, firmados en la Habana, deben cumplirse. Las negociaciones con el ELN, deben continuar, cumpliendo los acuerdos de cada una de las etapas, para así avanzar hacia una paz completa.

Conforme a la agenda conocida en el proceso gobierno-ELN, la participación de la sociedad juega un papel fundamental para avanzar hacia la solución política del conflicto con dicha guerrilla.  Este es un momento para avanzar en un Gran Diálogo Nacional que convoque a todos los sectores de la sociedad para que se construya una propuesta de paz para el país.

El mecanismo de participación deberá sentar a los sectores gremiales, partidos políticos, a las insurgencias y a los sectores sociales organizados de trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres, afrodescendientes, víctimas y estudiantes, para construir entre todos un país con una paz estable y duradera.

En la participación social hacia la paz debe tener en cuenta las agendas de país elaboradas desde los movimientos sociales, incluyendo los acuerdos incumplidos, los pliegos del movimiento sindical, los mandatos indígenas, los planes de vida campesinos, las propuestas de los pueblos afro, las elaboraciones de las mujeres, o las iniciativas de los pobladores urbanos. Esa agenda plural del movimiento social debe sistematizarse y ponerse en juego en esta nueva etapa de la búsqueda de la paz. De esa manera, en una genuina negociación de paz deberán incluirse las agendas sociales de la gente, desde los territorios y los diversos sectores sociales.

Estamos en defensa de los derechos de la población de colombianos y colombianas en el exterior, migrantes, refugiados y exiliados.

Desarrollar una legislación que permita avanzar en el reconocimiento de los derechos de los y las colombianas  migrantes, exiliados y refugiados  incluyendo:

  1. Políticas de regularización
  2. Refugio
  3. Desplazamiento
  4. Retorno
  5. Doble nacionalidad
  6. Remesas
  7. Pensiones
  8. Homologación de títulos y estudios realizados en el exterior.
  9. Abrir una discusión sobre políticas de bienestar a la población colombiana migrante que se encuentre en situación de vulnerabilidad.

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