Desde el pasado 27 de abril los usuarios del servicio de salud de Ecopetrol del municipio de Tibú, dieron inicio a una manifestación en rechazo al sistema de contratación que la administración pretende imponer en el Centro de Atención Básica de Ecopetrol – CABE del municipio, pues se ha oficializado que, a partir del 1 de junio las instalaciones de este Centro Hospitalario serán entregadas a una IPS privada dando paso a una tercerización en la contratación y a la precarización del servicio prestado por la entidad.
Ante las manifestaciones, el día 8 de mayo la administración solicitó la presencia de la Fuerza Pública en las instalaciones del Centro Hospitalario, desalojándolo y prohibiendo el ingreso de los usuarios que se acercaban al Centro a hacer uso de los servicios médicos que allí se prestan. Así mismo, el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD y miembros de Seguridad Privada de Ecopetrol, agredieron a las personas que ejercían su derecho legítimo a la protesta pacífica.
Como hecho más reciente, el 13 de mayo finalizando la jornada laboral, las instalaciones del Centro Hospitalario fueron cerradas sin dar aviso previo ni al personal médico que allí labora ni a los 365 trabajadores y trabajadoras de la empresa vinculados, así como sus respectivos núcleos familiares. La única medida que se tomó fue prestar los servicios médicos en las instalaciones del Hospital Municipal; sin embargo, éste no cuenta con las condiciones necesarias, ya que actualmente se encuentra en reestructuración.
Esta situación constituye distintas acciones preocupantes que se exponen a continuación ante la opinión pública nacional, para que haya una respuesta justa por parte del Estado, en cabeza en este caso de la Empresa Ecopetrol:
- La violación de la Convención Colectiva del Trabajo establecida para el periodo de julio de 2014 a junio de 2018 y acordada entre Ecopetrol y el Sindicato de trabajadores, representado por la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo – USO, en la que se señala de manera explícita, en el artículo 35, que “la Empresa mantendrá, en el mejor estado de salud posible, al trabajador(a) y sus familiares debidamente inscritos, para lo cual prestará directamente y en forma integral los servicios médicos, paramédicos, odontológicos, de rehabilitación, hospitalarios, medicina alternativa y auxiliares…”
- El cambio en el sistema de contratación representa una vulneración de los derechos de los trabajadores del Centro Hospitalario que pasarían a ser tercerizados a través de la IPS privada a la cual se pretende transferir la administración del Centro.
- Con el cierre del Centro Hospitalario se está vulnerando el derecho a la salud para los actuales afiliados al CABE, amparados por el régimen especial establecido por la Convención.
- La violación flagrante de los Derechos de las personas que pacíficamente se han estado manifestando, y dentro de las cuales se encuentran tanto trabajadoras y trabajadores de la empresa, como familiares de los mismos; tanto Ecopetrol como la Policía Departamental han hecho uso de la fuerza represiva del ESMAD para mitigar violentamente la protesta. Esta acción contraviene los principios del Derecho Internacional Humanitario en el que se prohíbe las acciones bélicas en instalaciones protegidas, como los Centros de Salud.
- El detrimento del patrimonio público, ya que las instalaciones del Centro Hospitalario CABE de Tibú, que comenzó su funcionamiento hace apenas dos años, tuvo un costo de más de 11 mil millones de pesos. Con el cierre actual y la posterior transferencia administrativa a una entidad de carácter privado, se está atentando contra el buen uso de los recursos del Estado que, en cabeza de Ecopetrol, pretende imponer el modelo de negocio establecido en la Ley 100 para la salud de los trabajadores y trabajadoras de la Empresa.
Los representantes de la Unión Sindical Obrera continúan en una actitud de diálogo para llegar a un acuerdo conjunto con la empresa, en el que se respeten las condiciones laborales y de derechos que se han estipulado en la Convención General de Trabajo vigente.
Esta situación requiere de todo el apoyo social para que se llegue a un buen término en lo que refiere a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector, y el derecho fundamental a la salud de los actuales usuarios del servicio en el Centro Hospitalario.
Alberto Castilla Salazar
Senador de la República
Polo Democrático Alternativo
