Para el senador Alberto Castilla, defensor de derechos laborales y fundamentales, es preocupante que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, este tramitando un proyecto decreto Por el cual se reglamenta el parágrafo 2 del Artículo 88 de la ley 1753 de 2015, en lo relativo con el Esquema Operativo y la Transitoriedad, y se dictan otras disposiciones” .
Varias de las disposiciones contempladas en el proyecto decreto, vulneran los derechos de la población recicladora del país, en particular aquellos reconocidos en el bloque de sentencias proferidas por la Corte Constitucional desde el año 2003, que ha declarado a la población recicladora como sujeto de protección especial de derechos.
Una vez promulgado este acto, los recicladores independientes perderían el reconocimiento vía tarifaría que vienen recibiendo por parte de la UAESP, como reconocimiento a la labor de las y los recicladores en la ciudad de Bogotá, dando cumplimiento a los mandatos de la Corte Constitucional. De otro lado, se pretende implementar un mecanismo de mercado y libre competencia, en el cual las organizaciones de recicladores quedarían en franca desventaja frente a empresas grandes y consolidadas. Impone también medidas de previsión financiera especialmente sobre las organizaciones de recicladores, dificultando aún más su operación.
El Parlamentario recuerda la Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao que el contenido del proyecto de Decreto señalado es potencialmente regresivo en tanto éste desconoce los avances que se han dad
o en el reconocimiento de los derechos a esta población lo cual es contrario al bloque de constitucionalidad. Así mismo le advierte que de acuerdo con el ordenamiento legal, cualquier medida de carácter administrativo que contraríe lo dispuesto en una o más sentencias, potencialmente podría significar fraude a resolución judicial.
Teniendo en cuenta lo anterior, el senador Castilla considera necesario e importante se escuchen las voces y propuestas de las organizaciones de recicladores, y que en ningún caso, se adopten medidas que resulten regresivas y/o generen vulneraciones a los derechos de esta población. La construcción de la reglamentación del servicio público de aprovechamiento de que trata el artículo 88 de la Ley 1753 de 2015 (Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018), y que tiene una incidencia nacional, no debe realizarse sin la concertación con la población que devenga su sustento de esta actividad, máxime cuando han sido caracterizados como sujetos de especial protección constitucional. Por lo tanto, le solicita al Ministro se amplíen los términos de la consulta de este proyecto de decreto, o en su defecto que tal proyecto de reglamentación sea descartado. con la población que devenga su sustento de esta actividad, máxime cuando han sido caracterizados como sujetos de especial protección constitucional.
Cabe recordar la influencia del ex ministro de Vivienda y actual Vicepresidente, Germán Vargas Lleras, en este ministerio y su estrecha relación con los empresarios de los servicios públicos. Como su hermano José Antonio, quien fue presidente de la junta directiva de Andesco, perteneciente al gremio de las empresas de servicios públicos. Otra de las amistades cercanas es Alberto Ríos, empresario del aseo y uno de los principales financiadores de las campañas políticas de Vargas Lleras.
Con el poder de intervenir en la contratación de los servicios de basura, agua y alcantarillado que otorgó la Ley de Vivienda, a esta cartera en el 2012, donde se permite al Ministerio de Vivienda asignar y otorgar Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) para entregarle la operación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo a los privados, con este nuevo decreto que se encuentra en consultas, se estaría beneficiando una vez mas a los amigos y allegados al Ministerio y dejando en situación de indefensión a la población recicladora.
