El Senador Alberto Castilla llama la atención al Gobierno Nacional, los gobernadores e instituciones del Estado sobre la grave situación de Derechos Humanos que viven las comunidades en distintas partes del país debido al incremento de asesinato a líderes sociales, se frene la represión contra las comunidades movilizadas y exige que se cumplan los acuerdos pactados entre el Gobierno con los movimientos y sectores sociales.
Desde el pasado 9 de octubre distintas organizaciones campesinas, agrarias, afrodescendientes, indígenas, de trabajadores, del sector educativo, entre otras, se han movilizado en el marco de las jornadas de indignación por la vida, el territorio y la paz. Estas jornadas de movilización han demostrado una vez más el incumplimiento sistemático de los distintos acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y sectores sociales y populares.
Nos referimos aquí no solamente a la precaria implementación social y normativa del Acuerdo Final de Paz con las FARC – EP, sino a aquellos compromisos incumplidos que hacen parte del Pliego de Peticiones de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular producto del Paro Campesino de 2013, así como los distintos acuerdos a los que se ha llegado con comunidades indígenas, que esta semana se encuentran en Minga por la Vida; con procesos agrarios del Catatumbo y el Suroccidente Colombiano; con el sector educativo en el pasado Paro de Maestros, con el Movimiento Social y Político de Congreso de los Pueblo, el Proceso de Comunidades Negras – PCN, el Coordinador Nacional Agrario – CNA y otros procesos, en el marco de la visita cultural Al Ministerio de Agricultura.
Podríamos seguir con el listado de procesos, gremios y organizaciones que se han movilizado durante este mes y durante todo el año, y la lista sería larga. Este panorama demuestra la escasa voluntad política del Estado Colombiano para romper las brechas de desigualdad social, política y económica de nuestra sociedad, ya que la respuesta privilegiada ha sido represiva. El caso más reciente es el de la Minga Indígena sobre la cual solicito garantías para el derecho a la protesta.
En este contexto de las movilización rechazo los asesinatos sistemáticos de líderes sociales que, en lo corrido del año, ascienden a más 90 personas según la información del proyecto Somos Defensores, el ultimo registrado en la madrugada del día 31 de Octubre en el municipio de Tame (Arauca) donde se presentó un ataque contra campesinos, en donde fue asesinado Alejandro Tirado y heridos Lizander Valencia Rodríguez y Harvin Valencia, este último menor de edad. Esta es una situación que amerita toda la atención por parte de entidades locales y nacionales, así como de organismos internacionales de Derechos Humanos.
Como miembro del movimiento campesino y popular saludo y acompaño todas las iniciativas de la movilización social y popular y exijo al Gobierno Nacional las garantías pertinentes del derecho a la protesta y a la movilización. Estas movilizaciones de las jornadas de indignación, son motivadas por los asesinatos sistemáticos a líderes sociales, y por los incumplimientos a los acuerdos por parte del Gobierno Nacional que están afectando al sector campesino, indígena, de trabajadores, estudiantes, de salud y que vulneran la garantía de los derechos humanos en nuestro país.
Es el momento de que actas, acuerdos y compromisos con las diferentes organizaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas se empiecen a cumplir. El momento de avanzar en garantías para su permanencia en el territorio, que significan condiciones de vida digna y que contribuyen a la defensa de la naturaleza y la soberanía alimentaria de nuestros pueblos.
