Comunicado del Senador alberto Castilla a propósito de la crisis que vienen atravesando cultivadores de papa en el país.
Por redes sociales, medios de comunicación y diversos portavoces del campesinado hemos conocido la crisis de las y los paperos, principalmente de los departamentos como Boyacá. Han denunciado que están perdiendo bultos enteros de producido debido a que los comercializadores, grandes superficies y diversos comerciantes, están comprando la papa en un valor mucho menor al habitual.
Producir un kilo de papa cuesta alrededor de 700 pesos y actualmente lo están comprando en 300, lo que quiere decir que apenas están recuperando cerca del 40% de lo que cuesta, trabajando a pérdidas, afectando gravemente a más de 190.000 personas que tienen relación directa con la comercialización de la papa. Es por esto que los productores han decidido salir a venderlo en las carreteras y dejar su suerte a la bondad de las y los viajeros, como una alternativa para recuperar un poco más.
Esta situación no es nueva y tampoco se resuelve únicamente con “un incentivo a la comercialización de la papa” como lo anunció el Gobierno Nacional. En realidad, la situación es producto de una política estructural anticampesina por parte de los últimos gobiernos.
Esto se puede ver no sólo en la negativa de reconocer al campesinado como sujeto de especial protección, que permitiría el desarrollo de políticas públicas para solucionar estructuralmente la crisis del campo y sus habitantes, sino también en la profundización de un modelo económico que privilegia al gran empresariado, los terratenientes y finalmente la importación de alimentos por medio de los Tratados de Libre Comercio, que ponen en una lucha desequilibrada a los productos extranjeros (que ingresan a menor precio) contra una producción nacional abandonada, desfinanciada y con sistemas de distribución sumamente precarios.
El Gobierno Nacional no puede seguir atendiendo crisis estructurales con pañitos de agua tibia, pues mientras tapa un hueco, se abren cinco más. Esta situación se resuelve impulsando decididamente una política pública en favor de la economía campesina y familiar, fortaleciendo las redes de distribución y comercialización donde se priorice la compra directa a las y los campesinos y garantizando precios justos, tecnificación de la producción y subsidios amigables con la realidad del campesinado.
Las dificultades generadas por la pandemia a nivel mundial han permitido visibilizar múltiples labores que históricamente han sido invisibilizadas, como la que realiza el campesinado. Es momento de que el modelo económico del país le dé la prioridad que merece y pueda garantizar su dignidad y permanencia en el tiempo.
Alberto Castilla Salazar
Senador de la República
Imagen tomada de Boyacá 7 días
