Organizaciones agrarias denuncian que el Gobierno Nacional nuevamente quiere afectar el espíritu del Acuerdo Final frente al agraro

Por medio de un pronunciamiento público, más de 40 organizaciones, ongs, parlamentarios y defensores de Derechos Humanos, rechazan el Proyecto de Ley del Gobierno Nacional que modificaría la Ley 160 de 1994, puesto que afirman que “todos sus contenidos son un claro retroceso en materia de derechos campesinos, de los pueblos y comunidades indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, de comunidades y trabajadores agrarios, establecidos en la Constitución Política y la normativa agraria nacional”.

Las organizaciones alertan que el Gobierno Nacional, en cabeza de Juan Manuel Santos y sus respectivos Ministros, aprovechando el impase del tiempo restante para poder aprobar los proyectos legislativos que desarrollan el Acuerdo Final vía fast arack, pretende desvirtuar el espíritu del mismo, imponiendo sin consulta ni discusión previa con las organizaciones, una política agraria regresiva en derechos que da continuidad al modelo extractivista y agroindustrial donde los campesinos pobres y sin tierra, los afros, pequeños mineros y pequeños productores no tienen cabida.

En el pronunciamiento de 12 puntos, las organizaciones y parlamentarios expresan su preocupación sobre la modificación a la política de acceso a tierras para las comunidades priorizadas por el Acuerdo Final firmado en noviembre del año pasado, especialmente en lo que tiene que ver con adjudicación de baldíos, titulación de tierras y las características de la Unidad Agrícola Familiar, entre otros temas.

Finalmente, las organizaciones y parlamentarios insisten en que el Gobierno Nacional debe reconocer a las organizaciones sociales, los habitantes de los territorios y sus proyectos comunitarios, vinculándolos en la discusión participativa con las instituciones del Estado encargadas de desarrollar la política agraria del país, buscando que haya un cumplimento efectivo de todos los acuerdos suscritos entre las partes en los últimos años, que incluyen tanto el Acuerdo Final como los distintos pliegos de exigencias de las movilizaciones campesinas que llevaron a la creación y reconocimiento de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular.

Este pronunciamiento se da en un momento donde las mayorías del Congreso de la República han afectado de manera reiterada lo suscrito en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, generando una gran preocupación por el rumbo que tomará el país y el proceso de la implementación, en especial en temas relacionados con la Jurisdicción Especial de Paz, la Reforma Política y las Circunscripciones Especiales de Paz.

“No aceptamos ninguna modificación regresiva de la ley 160 de 1994, ni modificaciones a las normas agrarias sin previa participación efectiva, sin plena garantía del derecho fundamental a la consulta previa con las instancias representativas de los pueblos étnicos y concertación con los pueblos indígenas, afrocolombianos, Rom y las organizaciones campesinas”.

Con estas palabras cierran el pronunciamiento suscrito, llamando a todas las organizaciones rurales y urbanas, a los defensores de derechos humanos y la comunidad internacional a movilizarse y exigir se respeten y se cumplan todos los acuerdos con la población

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