Licencia Ambiental de Hidroituango debe suspenderse por provocar crisis ambiental y social en la región

Por medio de una coadyudancia presentada ante el Consejo de Estado, el Senador Alberto Castilla busca respaldar y brindar más argumentos a este tribunal quién decidirá si mantiene o no las medidas cautelares sobre el proyecto Hidroituango.

Este viernes 04 de octubre se realizará en el Consejo de Estado la audiencia inicial de la demanda de nulidad en el contra licencia ambiental de Hidroituango, donde se solicita la imposición de medidas cautelares con base a los hechos sobrevinientes en el proyecto hidroeléctrico “Hidroituango”

La demanda ha sido presentada por Isabel Cristina Zuleta López, Flor María Quintero, Rito Mena Bermúdez, Carlos De Jesús Baena Eusse, Luis Eduardo Castillo, entre otros, junto a personas defensoras de Derechos Humanos, territoriales y ambientales e integrantes del movimiento Ríos Vivos; demandando a Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible -MADS-, Autoridad Nacional De Licencias Ambientales –ANLA-  Corporación Autónoma Regional De Antioquia -Corantioquia-, y la Corporación Para El Desarrollo Sostenible De Urabá -Corpourabá-.

La solicitud de nulidad de la licencia ambiental se fundamenta en los reiterados incumplimientos a los componentes físicos, ambientales, sociales del estudio de impacto ambiental, a la expedición irregular de licencia ambiental, falsa motivación, y violación del ordenamiento jurídico superior vigente al momento de expedición de resolución que otorga licencia y sus modificatorias, entre otras, afectando a más de 60.000 habitantes.

Se ha evidenciado el riesgo y la vulneración de derechos fundamentales de las comunidades que habitan la zona, provocada por la cadena de hechos irregulares y de crisis, el taponamiento de los dos túneles de desviación, la construcción y colapso del tercer túnel de desviación, el llenado súbito del embalse, la posterior creciente con las afectaciones ocasionadas, el cierre de las compuertas, la consecuente sequía del río Cauca y la muerte de miles de especies pueden ser considerados como graves violaciones al principio de precaución contenidos en el marco normativo y jurisprudencial actual del país.

Por esta razón el senador del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla, decidió acompañar esta demanda con una coadyudancia para ampliar y fortalecer la argumentación de los demandantes, quienes solicitan la nulidad de la licencia ambiental del megaproyecto.

La coadyudancia presentada por el senador, incorpora dos elementos que el concejo de Estado deberá evaluar y ponderar a la hora de fallar frente al tema pues, a su juicio, se está violando gravemente la normatividad internacional y nacional en materia ambiental, demostrando que pese a que se conocía con anterioridad la posibilidad del daño al ecosistema que el país ha acreditado, se otorgó la licencia ambiental para la construcción de la hidroeléctrica y, adicionalmente, se está afectando al campesinado de la región siendo reconocido por la Corte Constitucional como sujeto de especial protección, pues se han denunciado casos de desplazamiento forzado y las constantes crisis ambientales han afectado gravemente los medios de subsistencia de las comunidades que habitan la zona.

En el documento, el senador Castilla expresa que “la protección ambiental se fundamenta en la Acción Preventiva del Estado con apoyo en los principios de prevención y precaución” y que la Constitución encarga al Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así como de imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Frente a la afectación al campesinado, el documento insiste en que “para la población campesina colombiana, la política energética ha representado principalmente la profundización del conflicto armado, el cambio de uso de suelo y la pérdida de territorios productivos por ocupación de tierra, uso y contaminación de aguas” y que “la historia de las hidroeléctricas en el país es una historia de despojos, desalojos, incumplimientos sistemáticos a las licencias ambientales, impactos negativos graves a los ecosistemas y a la garantía del derecho fundamental al medio ambiente sano” sobre todo para el campesinado colombiano.

Finalmente, apelando a la recién aprobada “Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales” por la ONU en diciembre de 2018, el senador insiste que este documento debería significar la posibilidad de que Colombia incorpore sus lineamientos y tome decisiones significativas para restituir derechos a este importante sector social.