La sociedad sí tiene agenda y metodología para construir paz: Experiencias legislativas desde abajo

Desde hace casi ya cuatro años, cuando iniciaron  los diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para buscarle una salida política al conflicto armado interno, el Movimiento Social Colombiano ha expresado a través de diversos repertorios de movilización, su interés y preocupación por que sean reconocidas sus propuestas históricas de construcción de paz.


Los escenarios acordados entre las partes para escuchar las propuestas de los sectores sociales han resultado útiles, pero insuficientes. A pesar de la insistencia de las FARC – EP desde el inicio de la negociación en que “La paz no podrá ser el resultado de un diálogo alejado del pueblo de Colombia, de una decisión de las alturas, de imposiciones unilaterales. El país entero tiene que movilizarse a exigir su participación decisoria en el proceso de paz”1; los temas que configuran la agenda son, en sí mismos, una limitación para el abordaje de las más diversas problemáticas que caracterizan el conflicto social, político, cultural, ambiental y económico.
Mientras la sociedad reclama que las propuestas que han sido recogidas en foros, documentos y visitas de distintas delegaciones de víctimas a la Mesa de Negociación en La Habana tengan carácter vinculante y decisorio; el gobierno de Juan Manuel Santos insiste en negarse a la discusión y negociación de  temas estructurales del conflicto como el modelo económico y la doctrina militar.
Sin embargo, la sociedad no descansa en su empeño de construir la paz con los adjetivos que en sí mismo tiene implícitos el término: equidad y justicia social.  El movimiento social ha venido construyendo agendas políticas que buscan espacio para su negociación y, que aunque seguramente, no lo hallarán en las mesas constituidas entre insurgencia y gobierno; no dejan de ser fundamentales para superar el conflicto, la pobreza y la exclusión históricas del pueblo colombiano. Importantes sectores se han movilizado en el país para exigir el respeto a sus derechos, su cultura y su territorialidad; a lo que el Gobierno Nacional ha respondido en varios casos con la instalación de mesas de diálogo y negociación para luego incumplir la mayoría de acuerdos alcanzados. Tal es el caso de  aquellos  acuerdos alcanzados con el movimiento indígena en el marco del decreto 982 de 1999  para resolver su emergencia social, cultural y económica; con el pueblo afro ante el recurrente incumplimiento en la reglamentación de la ley 70 de 1993 y con el campesinado, antes las permanentes dilaciones en la negociación con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y popular, por solo citar algunos casos.
Sin embargo, el recurrente incumplimiento del gobierno a los acuerdos alcanzados con importantes sectores sociales, no deja de retarnos a seguir explorando escenarios eficaces de participación, en los que nuestras demandas sean realmente escuchadas y transformadas en política pública.
El anuncio que da inicio a una fase pública de conversaciones, ahora, entre el gobierno y el ELN complementa las aspiraciones de colombianas y colombianos de terminar la guerra y encaminarse por senderos democráticos y de cambios que conduzcan a la generación de condiciones de vida digna. El inciso “c” de la agenda pactada ”…Un ejercicio dinámico y activo, incluyente y pluralista, que permita construir una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones…” convierte este momento político en inigualable oportunidad para aportar las agendas y las metodologías, que en la concepción de amplios sectores de la sociedad conduzcan a alcanzar la paz estable y duradera, que nada distinto significa a tener un país en condiciones de equidad y plena democracia.
No tengo la menor duda que como Movimiento Social contamos con diversos y ricos ensayos de participación de la sociedad, con novedosos escenarios y propuestas que conlleven a la negociación directa entre la sociedad y el Estado colombiano; mesas de negociación, movilización, espacios de concertación, pactos, iniciativas legislativas, etc., su validez y legitimidad estarán representadas en tanto contribuyan a cambiar las condiciones del país y caminen a reconocer las demandas sociales. Espero, que con la oportunidad que abre esta nueva mesa de negociación, nuestra propuestas sean decisorias y vinculantes.
La sociedad también participa construyendo iniciativas de política pública.
En tiempos recientes hemos conocido ejercicios que buscan articular la movilización social con otras formas de lucha política, como la lucha parlamentaria y legislativa. La sociedad viene construyendo ejercicios de participación e iniciativa legislativa que le permitan derogar las leyes que han sido construidas desde las élites que detentan el poder y que van en detrimento de los derechos  de las mayorías sociales, para construir desde el corazón de los territorios y las comunidades las políticas públicas que necesita el país para superar el conflicto y vivir en paz. Es importante resaltar que estas iniciativas de ninguna manera buscan delegar la fuerza transformadora de la movilización en la lucha parlamentaria; si no que por el contrario encuentran en esta lucha de tipo institucional una  importante tribuna que puede potenciar la acción de la movilización social.
El primer ejemplo que quiero resaltar, lo ilustran las luchas de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE); una articulación de estudiantes, docentes, trabajadores, sindicalistas y comunidad en general que se organiza para rechazar el proyecto de reforma a la ley educación superior presentado por el gobierno en el 2011. Este movimiento da origen a las más creativas movilizaciones que ha conocido el país en tiempos recientes, y que volcó la solidaridad nacional en torno al rechazo a la propuesta gubernamental. Uno de los aportes más importantes de esta experiencia, ha consistido precisamente en que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil recorrió no sólo todas las universidades públicas y privadas del país, sino que también recibió aportes de intelectuales y otros sectores sociales para construir la propuesta de articulado de la “Ley  de Educación Superior para un País con Soberanía, Democracia y Paz” que garantice este importante derecho con autonomía, democracia, excelencia, calidad, gratuidad y bienestar.
Cito en segundo lugar la propuesta de Acto Legislativo que radicaron ante el Congreso de la República importantes organizaciones juveniles como el Tejido Juvenil Nacional Transformando a la Sociedad -TEJUNTAS-, la Asociación Colectiva de Objetores y Objetoras por Conciencia -ACOOC-, los jóvenes de Vamos por los Derechos, entre otras, acompañados y acompañadas por parlamentarios del Polo Democrático Alternativo para establecer en la Constitución Política la prestación del Servicio Social para la Paz como alternativa para que la juventud participe en la construcción de la paz  y no esté obligada a prestar el servicio militar obligatorio.
Otro ejemplo de participación popular en la construcción de iniciativas legislativas, lo representa la propuesta de los trabajadores de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO); organización sindical reconocida por la defensa de los derechos laborales de sus afiliados, por su constante preocupación por las comunidades donde tiene impacto la explotación petrolera, por la defensa de la naturaleza y por su posición crítica frente a la política minero energética que privilegia al capital transnacional en detrimento de la soberanía nacional.  La USO ha venido construyendo desde las regiones y con una metodología ampliamente participativa expresada en su iniciativa de Asamblea Nacional por la Paz, una propuesta de Ley Orgánica de Hidrocarburos que contempla la nacionalización de toda la cadena industrial de estos recursos, la soberanía minero energética y la explotación responsable  y determinada por la comunidades en sus territorios.
Así mismo, en próximos días la Asociación Colombiana de Actores (ACA), respaldada por un buen número de parlamentarios presentará para su trámite legislativo, el proyecto de “Ley del Actor”; que plantea reconocer el ejercicio de la actuación como profesión, condiciones laborales dignas, impulso a la producción nacional y la obligatoriedad de tener un porcentaje de actores nacionales  en ella, así como la creación de un fondo que les garantice el derecho a la pensión y a la obtención de regalías.
La decisión del movimiento campesino de aspirar al Senado de la República hace parte de este mismo repertorio de acciones para la participación política.

Soy Senador de la República porque el movimiento campesino colombiano tomó la decisión de lograr una representación política de su sujeto social. Alcanzada esta pequeña pero importante victoria, hemos asumido la responsabilidad de instrumentalizar nuestra curul para dar visibilidad a las realidades y problemáticas del campesinado. Hoy, los campesinos y campesinas estamos seguros que la solución a nuestras necesidad trasciende la lucha reivindicativa y pasa necesariamente porque seamos reconocidos como sujetos políticos.
Es por esta razón que me he dado a la tarea de construir y disputar en el Congreso de la República una iniciativa para que los derechos del campesinado sean reconocidos en la Constitución Política. Nuestra propuesta tiene total legitimidad ante la compleja realidad social que padece el campesinado.  Las cifras son reveladoras: según el Dane los porcentajes de pobreza en el sector rural alcanzan la escandalosa cifra del 41,4%, casi tres veces mayor que en las ciudades principales; esta situación de extrema vulnerabilidad social golpea con mayor fuerza a las mujeres campesinas, quienes según el PNUD viven en condiciones sociales críticas.
Los niveles de concentración de la tierra siguen siendo dramáticos y no han cesado de crecer como la misma Corte Constitucional ha reconocido en sentencia C-644 de 2012. Para 2014 el 4% del área rural correspondía a predios de entre 3 y 10 hectáreas, mientras que los predios de más de 200 hectáreas correspondían al 72% del área rural. El coeficiente Gini de propietarios refuerza esta alarmante realidad al reconocer que entre el año 2000 a 2010 creció de 0,86 a 0,88 siendo Colombia uno de los países con mayor índice de desigualdad.
Como si fuera poco, La importación de alimentos ha alcanzado una cifra muy elevada si se tiene en cuenta nuestra vocación agraria. Para 2013 se importaron un total de 9’610.167 toneladas de alimentos, correspondientes a 7.240 millones de dólares, esto como consecuencia de que en Colombia solo se dedican a las actividades agrícolas y silvoagrícolas un total de 4,9 millones de hectáreas, pese a que cerca de 21, 5 millones de hectáreas tendrían aptitud agrícola.
Son ampliamente conocidos por la opinión pública los procesos de despojo violento y desplazamiento forzado a los que se han visto sometidos los campesinos y campesinas. Según la ONG internacional Human Rights Watch, se estima que 6 millones de hectáreas fueron abandonas por el conflicto armado, estando aún gran parte en manos de los usurpadores. Esta difícil realidad social que afronta el campesinado debe ser subsanada desde el poder legislativo, razón por la cual se presenta esta reforma constitucional.
Esta propuesta no ha sido concebida desde los escritorios del Senado, la hemos construido desde el corazón del movimiento campesino.  En ese sentido he venido convocando distintas Audiencias Senatoriales en las regiones para que sean las voces del campesinado las que identifiquen los puntos centrales del Acto Legislativo. Así mismo, la iniciativa se ha construído con centros de investigación, académicos y distintas universidades.
Fue así que el pasado 5 de abril, radiqué el Proyecto de Acto Legislativo “Por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones sobre la consulta popular”, acompañado de dirigentes del Coordinador Nacional Agrario, de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y de congresistas del Polo Democrático Alternativo, MAIS, AICO y la Alianza Verde.
Los elementos centrales de la propuesta son:

  • Reconoce al campesinado como sujeto de especial protección, al reemplazar el concepto de “trabajador agrario” por los conceptos de “campesino” y “campesina”.
  • Reconoce el acceso a la tierra de forma individual y colectiva para el campesinado.
  • Reconoce la construcción social del territorio por parte de las comunidades campesinas.
  • Reconoce el derecho a las semillas.
  • Reconoce a las mujeres campesinas y garantiza la equidad de género en la distribución de los recursos productivos en el campo.
  • Establece la obligatoriedad del mecanismo de  consulta popular para la implementación de proyectos que afecten los territorios campesinos.
  • Ordena adaptar los derechos sociales reconocidos universalmente a las necesidades particulares del campesinado y de la vida en el campo.

Espero que con la presión del movimiento campesino movilizándose por sus derechos y de la opinión pública, logremos que se haga justicia con esta deuda histórica que el país tiene con sus campesinos y campesinas.
Nuestra movilización también es propuesta de construcción de paz.
La revisión de estas importantes experiencias de participación que articulan la movilización con la lucha institucional, permite entender que el Movimiento Social Colombiano tiene al menos tres cosas claras para construir un nuevo país en condiciones de vida digna.

La primera es que sí reconocemos que el conflicto social está en la base de conflicto armado que vive el país, la solución va mucho más allá de la negociación entre gobierno e insurgencias. Tampoco espera el Movimiento Social decisiones unilaterales del gobierno nacional para resolver las necesidades. Es claro que las propuestas de la sociedad no sólo tienen que ver con el qué se cambia sino con el cómo se cambia, es por esto que para construir la paz es vital entender que las leyes y las políticas públicas se deben construir con las voces de las comunidades y con las formas de sus territorios; reconocer y recoger las agendas y las metodologías de las experiencias que he expuesto y otras más es un paso necesario para que todos y todas nos sintamos involucradas en la construcción de la paz.
Lo segundo que el Movimiento Social ha expresado, es que las transformaciones para la paz no son pequeñas reformas; para construir una país que supere la pobreza y la exclusión que generan la guerra, es necesario recorrer un camino que el gobierno nacional niega en el actual proceso de paz: transformar el modelo económico y político.
Esto es de lo tercero que estamos convencidos: Los cambios y las transformaciones que anhelamos, sólo serán posibles el día que todos los escenarios de representación y decisión política tengan nuestros rostros y estén en nuestros territorios; estas son sólo algunas de las propuestas que aún están a tiempo de complementar la negociación con las FARC-EP en La Habana, y que ahora deben estar en el centro de la negociación con el ELN si se espera que nuestra participación sea realmente directa y vinculante.

 

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