El día de ayer 22 de Agosto de 2017, radiqué esta constancia en la plenaria del Senado rechazando la agresión por parte del ESMAD a mujeres en huelga de hambre que exigen el cese de la explotación minera en la región y se tenga en cuenta los planes de manejo ambiental, los cuales deben ser construidos con las comunidades y tenidas en cuenta las prácticas culturales y agrículas de los campesinos y campesinas que habiten la región.
El pasado 18 de agosto la comunidad campesina de las Veredas Pio XII y Orotoy, del municipio de Guamal – Meta, inició una huelga de hambre en el predio La Porfía, como respuesta al constante incumplimiento de la Empresa ECOPETROL y sus aliados, a los requerimientos contemplados en la licencia ambiental No 331 de 2012 y la Resolución 466 de 2012 (artículo quinto) para dar vía libre a la explotación de hidrocarburos en la zona.
Teniendo en cuenta que la comunidad nunca fue consultada e informada del plan de manejo ambiental y a su vez la licencia ha sido rechazada por desconocer la realidad de la vereda y los impactos que tendría ese pozo petrolero en el habitad de los campesinos, varias mujeres (muchas de ellas madres y adultas mayores) se encadenaron al Predio.
La respuesta por parte del Gobierno ha sido la represión, a través del grupo antidisturbios del ESMAD, en una flagrante violación a los derechos humanos y a la ley 1257 de 2008 sobre prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.
Mientras las comunidades lideradas por mujeres defensoras del derecho al territorio, proponen el diálogo y la concertación; las autoridades municipales, departamentales y nacionales, en compañía de unidades de vigilancia y de policía a cargo del Mayor Castilla, comandante del Distrito de Policía Castilla La Nueva; arremeten y agreden físicamente a las mujeres, que en estado de indefensión, encadenadas de manos y cuello, fueron arrastradas por parte de efectivos de la policía causando lesiones a varias de ellas.
Este caso evidencia la manera irresponsable con que el gobierno ha permitido la explotación de hidrocarburos y
minerales, desconociendo el derecho a una vida digna y un ambiente sano de las comunidades que ocupan el territorio. Así mismo, es ejemplo de las razones por las cuáles las consultas populares y consultas previas rechazan enfáticamente estas formas de explotación del patrimonio minero-energético; ya que las acciones estatales demuestran hasta dónde las autoridades civiles y de policía sirven a los intereses de las empresas, cuando su deber constitucional y legal es el de proteger el derecho a la huelga, la libertad de asociación, de expresión y reunión; y el derecho a la participación, como únicas herramientas con que cuenta la sociedad para poder alertar sobre una crisis ambiental y humanitaria en sus territorios.
Debido a la grave afectación de los derechos colectivos al ambiente, las fuentes hídricas y la actividad agropecuaria, gracias a la construcción de una plataforma petrolera e inicio de actividades de explotación, sin que la empresa haya concertado o siquiera socializado el plan de manejo ambiental; solicito se atiendan las peticiones de la comunidad, se instale una mesa de concertación entre Ecopetrol, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio de Minas, la Alcaldía Municipal de Guamal y la Gobernación del Meta, con representantes de las comunidades del área de influencia, para que se revise el plan de manejo ambiental y se acojan las peticiones de las mujeres lideresas que reclaman sus derechos.
Solicito a @MinInterior @ANLA_Col @MinMinas se abra mesa de concertación con comunidades de #Guamal #Meta pic.twitter.com/16fM3FdYTY
— Alberto Castilla (@CastillaSenador) 22 de agosto de 2017
