Por medio de una misiva enviada al Ministro del Trabajo, Angel Custodio Cabrera, algunos congresistas de oposición manifestaron su preocupación ante el anuncio de la empresa PRODECO de devolver los títulos mineros de la empresa que operan en el departamento del Cesar y que deja en vilo a más de 2.000 trabajadores (entre trabajadores de planta y tercerizados), afectando gravemente a sus familias y el desarrollo de la región.
Bogotá, Febrero 8 de 2021 – Luego de casi 30 años de extracción de carbón que ha dejado incalculables daños ambientales y sociales en la región, PRODECO, filial de la multinacional Suiza Glencore, anunció públicamente a la Agencia Nacional Minera su intención de devolver los títulos mineros, donde operan las minas de carbón de Calenturitas y La Jagua, al país.
Según la empresa, su decisión se fundamenta en dos argumentos centrales: la caída de los precios internacionales del carbón térmico ocasionada entre otras por la pandemia ocasionada por el Covid-19, y la falta de estabilidad jurídica de este tipo de empresas. Esta decisión está acompañada de una solicitud ante el Ministerio del Trabajo para autorizar el despido colectivo de aproximadamente 1.600 trabajadores y trabajadoras, la cual afectaría a otros 2.500 puestos que son tercerizados, ascendiendo a cerca de 4.100 trabajadores dependientes de la empresa.
Ante la inminente crisis social que generaría en el conjunto de las y los trabajadores que dependen directamente de la empresa, ocho congresistas de la bancada alternativa del Senado de la República afirman que “es deber del gobierno nacional preparar todas las garantías políticas para proteger los derechos fundamentales de los y las habitantes de las zonas explotadas y de las y los trabajadores”. Los congresistas solicitan, además, que de conformidad con la Ley 5a de 1992, se les remita cuanto antes una “copia íntegra de la solicitud presentada por PRODECO S.A para la autorización de despido colectivo, adjuntando la descripción actualizada de la planta de personal” con todos los datos pormenorizados, con el fin de buscar alternativas democráticas que brinden garantías a las y los trabajadores de la empresa y evitar con esto agudización de la crisis social en la región del Cesar.
Así mismo, afirman que las comunidades llevan años denunciando las problemáticas que afectan a las comunidades aledañas a las minas y los trabajadores, sin que el gobierno haya realizado ningún tipo de acción de forma oportuna. Adicionalmente llaman al gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Trabajo a participar de un diálogo nacional para concertar y construir la ruta de transición democrática y justa que asegure medidas integrales para los trabajadores y las comunidades de la región. Este ejercicio hace parte de la responsabilidad pública del Estado con los convenios internacionales firmados por Colombia consignados en el Acuerdo de París y las directrices de la OIT desde el año 2015.
El senador Alberto Castilla del Polo Democrático Alternativo, firmante de la misiva, comenta que “el peso de este tipo de decisiones por parte de empresas que llevan muchos años lucrándose de la extracción de minerales como el Carbón, no puede recaer sobre las y los trabajadores que han entregado su vida a este tipo de labores, además obliga al país a pensar de manera seria y responsable sobre el proceso de transición energética que el mundo reclama, proyectando estrategias que brinden estabilidad y garantías a las comunidades”.
Los senadores esperan que en el menor tiempo posible el Ministro del Trabajo envíe la información requerida y se pueda desarrollar la concertación con los sectores y comunidades afectadas por la decisión de PRODECO S.A.
Consulte la carta enviada al Ministerio del Trabajo acá:
Carta Firmada