A propósito del día del Campesinado, el senador Alberto Castilla en la plenaria del Senado de la República ha solicitado que el Gobierno Nacional, en medio del Estado de emergencia ocasionada por la Covid-19, debe reconocer al campesinado como sujeto de especial protección constitucional y declarar la agricultura como actividad estratégica de la nación tal y como lo ha recomendado la FAO.
Así como se han beneficiado a los bancos, a los fondos privados y a las grandes empresas, ¿por qué no hacerlo con las y los campesinos que, en medio de la pandemia, han sido quienes mantienen el abastecimiento del país y han contribuido heroicamente para evitar una hambruna?
El pasado 2 de junio se conmemoraba el día del campesino y el gobierno prefirió poner un mensaje en la torre Colpatria de la ciudad capital del país, donde no hay campesinos, en vez de asumir la responsabilidad política de escuchar las demandas reales y sentidas de este importante sector de la economía, la cultura y la historia de este país.
En Colombia, la mayor parte de la tierra productiva (52.2%) la concentra apenas el 1% de los propietarios según datos de 2015 (Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria) y de los 111,5 millones de hectáreas censadas de Colombia, un porcentaje minoritario (38%) es usado para la agricultura, es decir que en Colombia las vacas de los terratenientes, tienen más tierra que las y los campesinos que producen el alimento.
La pobreza que para el 2018 según el DANE (AA, 2019) era del 13, 8% en todo el país mientras en el campo era del 39.9%; ahora se proyecta un incremento en Latinoamérica, por la pandemia, del 29.8% al 35.5% según datos de la CEPAL (Noticias ONU, 2020). Lo que implicará mayores dificultades para el campesinado, pues son casi nulas las ayudas en el estado de emergencia para este sector.
Las ayudas para el campo se han centrado en establecer líneas de crédito a partir de las condiciones que el sistema financiero proponga, pero eso no garantiza que realmente se vayan a poder pagar los intereses de dichos créditos, es decir, las ayudas más que para el campesinado son para los bancos. Si fueran para el campesinado se establecerían subsidios y garantía de compra de los productos a precios justos para evitar desabastecimiento.
Serían miles de hojas escritas las que relatarían las adversidades que pasa el campesinado colombiano, producto del abandono histórico y por la decisión política de los gobiernos de turno de priorizar la extracción de petróleo, la privatización y el despojo, sobre la alimentación, la soberanía alimentaria y la vida.
Algunas de las principales lecciones que nos arroja esta pandemia, que aún sigue cobrando vidas en todo el mundo, es que el petróleo no se come, que el neoliberalismo fracasó y que el campesinado, quien resiste desde el azadón y la parcela, son elementos fundamentales para el país y que su reconocimiento no da espera.
Llamo al Gobierno Nacional, quien ha decidido gobernar mediante decretos, a que en medio de esta andanada de medidas para alimentar los bolsillos de los bancos, fondos privados y empresarios, haga llegar a las y los campesinos del país una buena noticia: Se les reconozca como sujetos de especial protección en la constitución política y que la actividad a la que le han dedicado su vida entera, sea reconocida como una actividad estratégica para el país, tal y como lo ha recomendado la FAO y la ONU.
Con estas dos decisiones, se le mandaría un mensaje adecuado en medio de la crisis, pues aportes en subsidios para poder tener una mejor producción y garantizar la soberanía alimentaria, se les pague adecuadamente por su producto, se les permitan tener sus semillas nativas y protegerlas, y que puedan desarrollar su agricultura familiar, colectiva, agroecológica en libertad y resaltando sus saberes tradicionales, llevando al agro colombiano por los rumbos que la naturaleza y la humanidad requiere.
Alberto Castilla
Polo Democrático Alternativo
Imagen tomada de: idealist.org
