Gobierno de Ivan Duque debe construir una política pública de protección integral a líderes sociales y sus organizaciones de carácter participativo: Alberto Castilla

En medio de una oleada de asesinatos y hostigamiento contra líderes sociales en el país, parlamentarios de la bancada alternativa y más de 700 personas asistentes, realizaron en la plenaria de la cámara de representantes el debate de control político donde escucharon a las diversas autoridades competentes y le solicitaron diligencia para buscar soluciones a la problemática. Compartimos la intervención realizada por el Senador Alberto Castilla en el debate:

Véa el debate completo en: https://www.youtube.com/watch?v=FrHXmPu2PLQ

 

Debate de Control Político

“Los crímenes contra líderes de movimientos sociales y políticos y defensores de derechos humanos en el país”

Plenaria de Cámara de Representantes – Septiembre 5 de 2018

  1. Introducción – Contexto general

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “un Defensor o Defensora es aquella persona que se dedica a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional, tanto de forma individual como colectiva. La CIDH ha precisado: “Las defensoras y defensores de derechos humanos son personas que promueven o procuran de cualquier forma la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional e internacional. El criterio identificador de quien debe ser considerado defensora o defensor de derechos humanos es la actividad desarrollada por la persona y no otros factores como el recibir remuneración por su labor, o el pertenecer a una organización civil o no. El concepto también es aplicable a los operadores de justicia como defensores del acceso a la justicia de miles de víctimas de violaciones a sus derechos”

Si bien los liderazgos sociales en Colombia abarcan distintos ámbitos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el programa Somos Defensores, han adoptado los siguientes tipos (Defensoría del Pueblo – Colombia, 2018):

  • Líder comunal
  • Líder comunitario
  • Líder de restitución de tierras
  • Líder campesino
  • Líder de mujeres
  • Líder afrodescendiente
  • Líder indígena
  • Líder sindical
  • Líder ambiental
  • Líder social
  • Líder de víctimas o desplazados
  • Líder juvenil y de la infancia
  • Líder cultural
  • Líder de población con orientación sexual e identidad de género diversa
  • Líder en salud
  • Líder minero artesanal
  • Comunicador defensor de derechos humanos
  • Abogado defensor de derechos humanos
  • Defensor o líder asociado a ONG

En Colombia, la firma del Acuerdo Final ha generado un fenómeno paradójico, pues mientras el país tuvo en 2017 la tasa de homicidios más baja en los últimos 75 años (22 homicidios por cada 100.000 habitantes) y las muertes por razón del conflicto armado se redujeron en un 80% (Medicina Legal, 2016); desde la firma del acuerdo se han venido incrementado de forma alarmante los asesinatos y agresiones contra líderes y lideresas sociales.

El subregistro y la informalidad en el manejo de las cifras sobre asesinatos y agresiones contra líderes sociales es uno de los problemas graves para adoptar una política integral de prevención y protección. Son distintas las cifras que maneja el Ministerio del Interior con Base en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a las que maneja la Defensoría del Pueblo y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

 

FUENTE # VÍCTIMAS PERIODO
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 441 ataques y 121 asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos. De estos asesinatos, 14 se llevaron a cabo durante protestas sociales Durante 2017
INDEPAZ – Marcha Patriótica 173 2017
Somos Defensores 51 asesinados

90 Líderes

Primer Semestre 2017

Enero – Julio 2018

Defensoría del Pueblo 282 Asesinatos 1 enero 2016 – Febrero 2018

Elaboración propia con base en OACNUDDHH, INDEPAZ, Somos Defensores y Defensoría del Pueblo

Durante  el año 2017 fueron asesinados 173 líderes y lideresas sociales (Cumbre Agraria, Marcha Patriótica e Indepaz, 2018), cifra que marca un claro aumento en comparación con 2016, año en el que se registraron 116 asesinatos según la misma fuente y con 2015, año en el que se reportaron 105 asesinatos según el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac).

Elaboración propia con base en CERAC – MP – INDEPAZ – Somos Defensores y Defensoría del Pueblo

En 2018, hasta el mes de mayo según INDEPAZ, habían sido asesinados 78 líderes y lideresas sociales hasta el 24 de agosto, y 31 desde el 7 agosto de 2018, fecha en la que se posesionó el gobierno de Iván Duque.

 Otras agresiones

Los asesinatos no son las únicas agresiones contra líderes y lideresas sociales. Por el contrario, generalmente son el punto de culminación de una cadena que ha estado precedida por amenazas, hostigamiento, señalamientos y otras agresiones.

Solo durante 2017,  la Defensoría del Pueblo registró 480 amenazas, (Defensoría del Pueblo, 2018), 72 de ellas contra campesinos y campesinas.

Los resultados en materia de investigación y judicialización de las amenazas son casi nulos, lo que evidencia los altos niveles de impunidad persistentes en este delito. De los 113 casos referidos  por ejemplo, solamente en la regional Atlántico, solo uno se encuentra en proceso de judicialización y está relacionado con presuntas auto amenazas en los que se encuentra involucrado un miembro de la Fuerza Pública (Defensoría del Pueblo, 2017).

En 2017, la Defensoría del Pueblo reportó además 26 atentados contra líderes y lideresas sociales.

Las detenciones arbitrarias son también una agresión en ascenso contra líderes y lideresas sociales. Durante 2017 se presentaron 23 casos, en comparación con 17 casos en 2016 (Programa Somos Defensores, 2018). A este tipo de agresión se suma “el uso arbitrario del sistema penal o judicialización sin fundamentos, que se mantuvo en 9 casos en 2017, igual que en la medición de 2016, lo que indica la continuidad de esta forma de inhabilitar defensores mediante su encarcelamiento e imputación de cargos sin fundamento”.

 

  1. Identificación del problema o hipótesis

¿Por qué  se presentan asesinatos y agresiones contra los líderes campesinos y reclamantes de tierras?

El 56% de los asesinatos reportados por la Defensoría del Pueblo, se concentran en municipios altamente rurales (Defensoría del Pueblo, 2018); siendo Cauca, Urabá, Antioquia y Norte de Santander, los departamentos más afectados.

La Defensoría del Pueblo ha identificado que las agendas de defensa de derechos que abanderaban las personas líderes víctimas de homicidio comparten entre otros, los siguientes rasgos comunes:

  • Defensa del territorio y de los recursos naturales. Conflictos asociados a la oposición a los cambios en el uso del suelo. Impulso de iniciativas para la protección del ambiente, relacionado con la explotación de recursos naturales no renovables (minería).
  • Procesos de restitución de tierras y de retorno.
  • Defensa del territorio frente a intereses privados.
  • Acceso a la participación política en el actual debate electoral.

Así mismo, los perfiles de los líderes y lideresas agredidos son los de campesinos y campesinas promotoras de procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito en los términos definidos en el Acuerdo Final: 32 casos entre el 24 de noviembre de 2016 y el 14 de mayo de 2018 y líderes y lideresas pertenecientes a organizaciones sociales de la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular: 26 casos entre el 24 de noviembre de 2016 y el 14 de mayo de 2018.

De las 345 organizaciones sociales que según la Defensoría del Pueblo se encuentran expuestas a agresiones y violaciones de los derechos humanos, 143 (41%) son organizaciones campesinas.

Otras organizaciones y entidades comparten la tesis de la relación entre los conflictos por la tierra con la situación humanitaria de líderes y lideresas. Para INDEPAZ, el 83% de los homicidios en 2018 tienen relación con conflictos de tierra, territorios y recursos naturales; y para la Fundación Paz y Reconciliación el 83,19% de los homicidios en 2018 tienen con que ver con conflictos por tierra, territorio y recursos naturales.

Durante la vigencia de la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Leyes 4633 y 4635 de 2011 la Unidad de Restitución de Tierras  ha registrado el asesinato de 40 personas asociadas a procesos de restitución de tierras o derechos territoriales. Del total de Defensores de Derechos Territoriales asesinados, 29 personas eran titulares de solicitud de restitución de tierras, 12  eran parientes en primer grado de consanguinidad o afinidad de un solicitante de restitución y 4 eran personas asociadas a procesos de restitución aunque no se habían registrado como solicitantes de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (Procuraduría General, abril de 2018).

Es alarmante también la cantidad de agresiones en contra presidentes y dignatarios de Juntas de Acción Comunal en municipios de alta concentración rural.

Sobre esta situación, los mapas a continuación muestran la relación que existe entre los territorios con más riesgo para los líderes sociales y fenómenos como la reclamación de tierras y las solicitudes de títulos mineros.

Mapa 1. Localización geográfica del riesgo

Fuente: Defensoría del Pueblo, 2018

 

Mapa 2. Densidad de los Predios abandonados y despojados con reclamantes de tierras.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras, 2018

 

Mapa 3. Homicidios de Defensores Del Territorio en zonas con procesos de restitución de tierras.

 

 

¿Cuál es la responsabilidad del Estado?

La responsabilidad del Estado ante la crisis humanitaria de líderes y lideresas sociales no puede ser solo la de rechazar los crímenes. Es función esencial del Estado garantizar la protección integral de personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia directa del ejercicio se sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o comunitarias, o en razón al ejercicio de su cargo así como de comunidades o grupos en razón a la intensidad del riesgo, de acuerdo con la Constitución Política.

Garantías de prevención y protección

Mediante Resolución 1085 de 2015 y Decreto 2078 de 2017, se resolvió la adopción de un protocolo para implementar la Ruta de Protección Colectiva, bajo la coordinación de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección.

Desde 2015 hasta la fecha se han presentado por parte del CERREM a la UNP 28 casos para el análisis, de los cuales solo 2 han sido implementados en un porcentaje superior al 50% y 7 no tienen ningún avance en la implementación[1]

La negligencia de las instituciones del Estado para proteger y garantizar la vida de líderes y lideresas sociales, específicamente de aquellos campesinos y reclamantes de tierras, ha sido documentada y denunciada por la propia Defensoría del Pueblo.

Un caso emblemático ha sido el de la región del Urabá. Región sobre la que ha propósito de las agresiones y asesinatos a líderes campesinos y reclamantes de tierras, se pronunció el pasado 23 de agosto la Vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros, asegurando que “hemos advertido que se trata de un tema evidente de reclamación de tierras y que confluyen en este caso varios factores y varios sujetos, por ejemplo, grupos armados organizados como el Clan del Golfo, empresarios que se niegan a la devolución de tierras a sus propietarios y otra serie de grupos armados que entrado en un conflicto por la tenencia y posesión de la tierra” (Blu Radio, 2018)

Ya desde 2015, la Defensoría del Pueblo, Regional Urabá, había advertido sobre la delicada situación en los corregimientos Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente de Turbo luego que los campesinos decidieron ocupar por vías de hecho las fincas que reclamaban ante los juzgados de restitución de tierras.

La región del Urabá está ubicada entre los departamentos de Córdoba y Antioquia, siendo este último el segundo departamento con más asesinatos a líderes sociales y alberga más de 7.000 procesos de restitución de tierras.

Es en este contexto que se presentaron varias amenazas y el posterior asesinato del líder reclamante de tierras Porfirio Jaramillo Lobo en el municipio de Riosucio, quien en 1996 había sido desplazado por grupos paramilitares. Porfirio Jaramillo Lobo retornó a la región en 2015, volviendo a ser desplazado y amenazado en dos ocasiones, por lo que solicitó medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección, sin recibir protección oportuna.

Por esta situación la Defensoría del Pueblo había enviado varias solicitudes durante el segundo semestre de 2016 a la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Interior, el Departamento de Policía de Urabá y la gobernación de Antioquia, llamando la atención sobre una serie de hechos ocurridos durante el primer semestre en esa región del Urabá antioqueño (amenazas contra campesinos reclamantes, incursiones armadas y el desplazamiento forzado de varias familias, entre ellas la de Porfirio Jaramillo Lobo).

Ante la negligencia e inoperancia del Estado, Porfirio Jaramillo Lobo fue asesinado el 28 de enero de 2017 cuando fue sacado de su casa por cuatro hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas y su cadáver degollado fue encontrado varias horas después.

La víctima pertenecía a Tierra y Paz, organización de víctimas reclamantes de tierras, no aparece en las medidas de protección colectiva implementadas por el Ministerio del Interior y la UNP

Señalamientos, estigmatizaciones, victimizaciones y amenazas por parte del Estado

La Procuraduría General de la Nación, mediante Directiva No. 002 de junio de 2017, ha exhortado a los servidores públicos para que “en cumplimiento de sus deberes y funciones legales y en el marco de sus actuaciones, respeten y garanticen las actividades que deba desarrollar la población objeto de la siguiente Directiva [líderes sociales]. En consecuencia, los servidores públicos deberán abstenerse de realizar conductas que los deslegitimen, descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento o estigmaticen su labor”. Así mismo, la Directiva exhorta a los servidores públicos para que se abstengan de “hacer falsas imputaciones o acusaciones que comprometan la seguridad, la honra y el buen nombre de [los líderes sociales]”.

La Procuraduría investiga “estigmatizaciones (extralimitación en el ejercicio de sus funciones técnicamente) a defensores de DDHH y posibles abusos de poder de la Fuerza Pública”[2], entre otras actitudes y acciones de servidores públicos. Al respecto, la fecha solo adelanta la Procuraduría 66 acciones disciplinarias desde 2016, de las cuales 38 se encuentran activas y 28 inactivas ¿Qué están esperando las autoridades en estos casos? ¿Que se archiven?

Ahora bien, este es el caso de las investigaciones disciplinarias contra los propios funcionarios encargados de las estrategias de prevención y protección:

Fuente: Procuraduría General de la Nación.

 

Ahora bien, la actitud victimizante y estigmatizadora de funcionarios del Estado y grupos políticos y económicos contra líderes y lideresas sociales se ha podido evidenciar en los numerosos casos de agresión en su contra.

 

Retomando el caso del reclamante de tierras, Porfirio Jaramillo Lobo, bastaría con traer a colación la campaña que grupos político económicos han emprendido en contra de la restitución de tierras. El propio ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, se refirió así en junio de 2016 “El presidente de Fedegán indicaba que este es un programa que va a favorecer grupos guerrilleros, ¡por favor! Ellos son gente humilde que estaban viviendo en varias partes del país, fueron afectados por el conflicto y tuvieron que salir corriendo. Ellos tienen derecho a regresar a su tierra, mejorar su vida y la de sus familias”.

 

Como si fuera poco, las victimizaciones no se detienen con el asesinato de líderes y lideresas, sino que, en el mismo caso y posterior al asesinato, la Unidad Nacional de Protección emitió un Comunicado de Prensa en el que asegura que la víctima se “encontraba fuera de la zona de riesgo”.

 

No es el único caso en el que se pueden evidenciar graves señalamientos y agresiones por parte de grupos políticos y económicos, y funcionarios del Estado, en contra de líderes y lideresas sociales.

 

Entre el 21 y  22 de marzo del 2017, la Policía Nacional detuvo  12 líderes y lideresas sociales de la región del Sur de Bolívar, acusados por la Fiscalía de vínculos con la insurgencia. En la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en este caso, contra la lideresa Milena Quiroz, la fiscal María Bernarda Puentes, hoy detenida por supuestos vínculos con organizaciones paramilitares, afirmó: “La Fiscalía considera que es necesaria y proporcional esta medida (intramural) porque la señora Milena mueve masas y está demostrado porque es líder comunitaria y social. Existen testimonios que dicen que ella forma marchas que tendrían como finalidad real los quereres de la organización ilegal del ELN” (Comisión de Derechos Humanos – Congreso de los Pueblos, 2018).

 

Detenciones y capturas arbitrarias.

Las detenciones arbitrarias son también una agresión en ascenso contra líderes y lideresas sociales. Durante 2017 se presentaron 23 casos, en comparación con 17 casos en 2016 (Programa Somos Defensores, 2018). A este tipo de agresión se suma “el uso arbitrario del sistema penal o judicialización sin fundamentos, que se mantuvo en 9 casos en 2017, igual que en la medición de 2016, lo que indica la continuidad de esta forma de inhabilitar defensores mediante su encarcelamiento e imputación de cargos sin fundamento”.

En el caso de los líderes y lideresas del Sur de Bolívar, tras más de ocho meses de reclusión, nueve de estas personas se encuentran en libertad luego de que un juez de Cartagena revocara las medidas de aseguramiento, con fundamento en la precariedad probatoria que presento la Fiscalía para la imposición de dicha medida.

La criminalización de las y los defensores, ha sido identificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una práctica sistemática y reiterada en Las Américas, que busca deslegitimar su actividad, paralizar o debilitar sus causas:

La Comisión ha continuado recibiendo información alarmante de una tendencia

observada por la CIDH en su Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, que indica que las defensoras y defensores con frecuencia son sistemáticamente sujetos a procesos penales sin fundamento con el objetivo de obstaculizar sus labores y desacreditar sus causas.

Esto, a su vez, los hace más vulnerables a las agresiones y ataques en su contra. La instauración de estos procesos se lleva a cabo con base en tipos penales que tienen una formulación genérica o ambigua, tales como “inducción a la rebelión”, “terrorismo”, “sabotaje”, “apología del delito” y “ataque o resistencia a la autoridad pública”, los cuales tienden a ser utilizados de forma arbitraria por las autoridades. (Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, 2011)

Responsabilidad directa de miembros de la fuerza pública en asesinatos de líderes sociales

De acuerdo con el procurador, Fernando Carrillo, está en curso una indagación sobre la “presunta participación de agentes de la Fuerza Pública en los asesinatos de líderes sociales”. Los casos son:

Líder asesinado Lugar Fecha Responsable
Daniel Felipe Castro

Indígena

Corinto 9 de mayo de 2017 ESMAD
Wilmar Felipe Barahona

Sindicalista

Cali 4 de junio de 2017 Policía
José Alberto Torrijano

Campesino

Corinto 21 de septiembre de 2017 Batallón de alta montaña
María Efigenia Vásquez

comunicadora

Aguas Tibias Coconuco 9 de octubre de 2017 ESMAD
Eleazar Tequia Bitucay Vía Medellín – Quibdó 27 de enero de 2018 Ejército Nacional

Fuente: Pacifista

Impunidad

Teniendo en cuenta que el aumento de asesinatos con respecto del 2016, fue del 32.5%, a partir de información entregada por la propia Fiscalía, se puede determinar que hubo avances en las investigaciones solo en el 30% de los casos, “engrosando el porcentaje de impunidad en estos casos, que en los últimos 9 años asciende al 85% aproximadamente.” (Programa Somos Defensores, 2018)

Fuente: Programa Somos Defensores

  1. Conclusiones
  • “Los municipios donde se conjugan una mayor desigualdad agraria, un alto índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), mayores tasas de homicidio, una trayectoria histórica de masacres y mayor presencia de grupos herederos del paramilitarismo, son más proclives a experimentar el asesinato de líderes sociales”(Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, 2017).  Esta situación pone en especial riesgo a los líderes campesinos y reclamantes de tierras.
  • Generalmente los acuerdos de paz o para dar solución a un conflicto armado en distintos lugares del mundo, conllevan a nuevos ciclos de violencia; especialmente si el Estado asume que, desmovilizada o reincorporada la insurgencia armada, el modo de resolver los conflictos territoriales y sociales es a través del bloqueo violento de la movilización y la organización social. Tal es la situación a la que se están viendo enfrentados los líderes campesinos y reclamantes de tierras: ante sus demandas, el Estado responde con señalamientos, judicializaciones, en algunos casos participación activa en crímenes en su contra y en la mayoría de ellos con impunidad.

Si el Estado ve a los líderes y lideresas sociales como enemigos, obstáculos, o “piedras en el zapato” para el desarrollo de políticas económicas, lo que perdemos como sociedad es la posibilidad de reconocer el invaluable aporte que líderes y lideresas nos hacen con su entrega, compromiso, capacidades y conocimientos que han construido durante años de trabajo comunitario.

  • Existe una clara relación entre las agresiones y crímenes en contra de líderes y lideresas campesinos y reclamantes de tierras y los intereses de grupos económicos y políticos por dar continuidad a las dinámicas de despojo por vía de la implementación de proyectos agroindustriales, mineros y extractivos.
  • Las agresiones contra líderes y lideresas sociales son una larga cadena de victimizaciones que no empiezan ni terminan con los asesinatos. Generalmente están precedidas de amenazas, señalamientos de funcionarios del Estado y grupos políticos; a lo que se suman nuevas victimizaciones, falta de investigación e impunidad cuando se consuman los asesinatos.
  1. Solicitudes y/o requerimientos
  • Es necesaria una política integral para la protección de los líderes y lideresas sociales, que supere la fragmentación y falta de coordinación entre las instituciones del Estado. Esta política integral debe contar con la participación activa de las organizaciones campesinas y de reclamantes de tierras, y debe contemplar medidas participativas diferenciadas para las comunidades campesinas.
  • Se debe convocar una reunión urgente de la Comisión Nacional de Garantías y Seguridad que se reunió por última vez el 9 de julio, cuando dentro de sus funciones está hacerlo una vez al mes (Artículo 5, Decreto 154/ 2017)
    En esta reunión recomendamos:
    – Se cite a Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a representantes de organismos nacionales e  internacionales especializados.
    –  Se plantee la necesidad de crear un Sistema Único de Información integral para el de riesgos contra líderes sociales donde se unifiquen los criterios para determinar los riesgos, las características de las víctimas y los niveles de riesgo. Este sistema Único permitiría una integración interinstitucional y simplificación de rutas para determinar riesgos y medidas de protección; unificar cifras oficiales de número de víctimas, zonas y tipos de amenaza.
    – Se discuta la propuesta del actual presidente Iván Duque de crear una política pública integral de protección incluyendo un carácter participativo en la construcción de la misma, incluyendo a organizaciones como la Cumbre Agraria y ONGs que se han dedicado históricamente a estos temas.
    – Se discuta sobre la necesidad de crear una subcomisión para abordar de manera diferenciada y participativa, la situación de los líderes campesinos y reclamantes de tierras.
  • Fortalecer las medidas de protección colectiva de las comunidades, implementando a cabalidad las que están vigentes y fortaleciendo las medidas propias como las guardias étnicas, indígenas y campesinas.

 Referencias

Blu Radio. (23 de Agosto de 2018). Obtenido de https://www.bluradio.com/regionales/empresarios-estarian-detras-de-asesinatos-y-amenazas-de-lideres-de-tierras-fiscalia-188099-ie435

Comisión de Derechos Humanos – Congreso de los Pueblos. (2018). Dossier de Prensa – Ser Líder Social No es un Delito. Bogotá.

Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH. (2011). Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los Derechos Humanos en las américas. Secretaría General Organización de los Estados Americanos, Washington D.C.

Cumbre Agraria, Marcha Patriótica e Indepaz. (Junio de 2018). Informe especial de Derechos Humanos Situación de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes de las Farc-EP y sus familiares. Ideas Verdes(8).

Defensoría del Pueblo – Colombia. (2018). Alerta Temprana No. 026-18.

Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria. (2017). Reporte Semestral. Dinámicas del asesinato de líderes rurales: las covariables municipales. Bogotá.

Parrado-Barbosa, Á. (2016). Organizaciones campesinas locales y soberanía alimentaria. En Á. Gordillo, & O. Chacón, Construyendo caminos hacia la garantía de la seguridad alimentaria y nutricional en Colombia (págs. 63-72). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Programa Somos Defensores. (2018). Piedra en el zapato Informe Anual 2017 Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de DDHH en Colombia SIADDHH. Bogotá.

[1] Ministerio del Interior. 26 de agosto de 2018. Respuesta a cuestionario para debate de control político “Los crímenes contra líderes de movimientos sociales y políticos y defensores de derechos humanos en el país”.

[2] Procuraduría General de la Nación. 14 de agosto de 2018. Respuesta a cuestionario para debate de control político “Los crímenes contra líderes de movimientos sociales y políticos y defensores de derechos humanos en el país”.

 

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