La semana pasada fue presentado oficialmente por el Gobierno Nacional ante la CSIVI el Proyecto de Ley sobre “Ordenamiento Social de la Propiedad y Territorios Rurales”, como parte del paquete legislativo para la implementación del punto uno (1) del acuerdo de paz sobre Reforma Rural Integral.
Con esta iniciativa se muestra claramente como el gobierno está intentando allanar el trámite especial de Fast Track para incorporar su política tradicional desarrollo rural y agrario, adversa a los intereses y necesidades del campesinado colombiano, disfrazándola de propuesta normativa para dar vía al acuerdo de La Habana.
Rodear los acuerdos y estar a favor de la paz implica también denunciar las acciones del gobierno que vulneran sistemáticamente lo pactado, como está sucediendo con la presentación y socialización de este proyecto. Distintos sectores, que van desde las organizaciones sociales hasta la academia y congresistas, nos hemos pronunciado para generar una alerta sobre la gravedad de esta iniciativa que quebranta no solamente los acuerdos, sino también las condiciones actuales del campesinado y en definitiva, no representa una verdadera transformación del campo.
El Estado colombiano que desconoce todavía los derechos de las comunidades campesinas, con este tipo de proyectos seguirá condenado al campesinado a la pobreza, a la marginalidad y a la falta de participación vinculante en los espacios de decisión en los que se están adelantando las políticas sobre la ruralidad. Además de ello, pretende blindarse con una agenda exprés de socialización, que comienza mañana y termina el 6 de mayo, en la que se incluye, supuestamente, consulta previa con comunidades étnicas.
Esta apuesta del gobierno, consensuada con grandes empresarios y sectores políticos que priorizan el modelo agroindustrial, de ser aprobada, derogará los pocos avances existentes en torno al acceso a la tierra de campesinos y comunidades rurales.
Como Senador Campesino reitero el llamado y la alerta permanente hacia los procesos sociales y agrarios, y hacia todo el campesinado colombiano, para que exijamos conjuntamente espacios democráticos de participación y de construcción de propuestas que sean reconocidas y discutidas en las instancias que se han creado para ello.
La paz implica transformaciones profundas para el campo y la ciudad y éstas no se pueden hacer de espalda a las comunidades rurales, que han sido las más afectadas por el conflicto armado que aún está por terminarse.
Alberto Castilla Salazar
Senador de la República
Polo Democrático Alternativo
