Empresas deberán pagar multas de hasta 800 salarios mínimos, en caso de que no afilien a ARL a empleados que realicen actividades de alto riesgo

Share This:

Pese a la disminución de la accidentalidad laboral en el país, se mantiene la exposición a grandes riesgos de salud en el trabajo para los y las trabajadoras. Así mismo, mientras la seguridad laboral es un derecho que debe garantizar el estado, éste no puede hacerlo debido a que las empresas no pagan este rubro.

En el mundo laboral, las y los trabajadores están expuestos a varios riesgos, entre ellos: enfermedades, accidentes e incluso la muerte. Éstos, al día de hoy siguen cobrando la vida y deteriorando la salud de cientos de trabajadores y trabajadoras del país que aún no reciben el respaldo del Gobierno Nacional, ya que a la fecha no cuenta con instancias y procedimientos adecuados que garanticen la protección a las y los trabajadores pese a que existen varios decretos, leyes e instituciones para su garantía.

Según la Escuela Nacional Sindical, cada hora 221 trabajadores sufren accidentes laborales y dos de ellos mueren diariamente por esta causa; adicionalmente, el DANE informó que tan solo en el 2018 fueron reconocidos 573 casos de muerte por causa laboral. Por su parte, el Ministerio del Trabajo en 2016 reportó 16.699 presuntas enfermedades laborales, de las cuales tan solo el 10% fueron reconocidas como tal.

Jurídicamente, desde 1990 existe una reglamentación al respecto: mediante el decreto 758 que tipificó las actividades de alto riesgo en el país y con el decreto 1161 de 1994 que determinó que las administradoras de pensiones deben garantizar el pago del alto riesgo. Fue sólo hasta el 2003, mediante el decreto-ley No. 2090 que fueron definidas las actividades de alto riesgo y se señaló cuáles eran las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades. Esto permitió que a las y los trabajadores que realicen dichas labores, se les asegurara una pensión anticipada como forma de recompensar el detrimento de su salud.

Cabe anotar que según la normatividad vigente, es el Estado quien debe asegurar que las empresas que reporten actividades de alto riesgo realicen el aporte del 10% adicional a Colpensiones para asegurar el derecho a las y los trabajadores a acceder a la pensión anticipada; sin embargo, es Colpensiones quien en reiteradas oportunidades ha expuesto que no puede otorgar dicha pensión especial por falta de recursos económicos, dejando desprotegidos a cientos de trabajadores.

A la luz del análisis de los cobros a las empresas que deben aportar el 10% de la pensión especial por cada trabajador que realice labores de alto riesgo, sorprende ver que Colpensiones a 2017 sólo ha recobrado cerca 32.952.834 millones de pesos y que está en procesos de recobro más de 452 millones de pesos, situación que explica la dificultad para asegurar el pago de las pensiones anticipadas.

Frente a esto, el Senador Alberto Castilla afirma que “a 16 años de creada la norma, son evidentes los vacíos técnicos y administrativos que son obstáculos para el reconocimiento y pago de las respectivas pensiones, lo que genera que hoy cientos de trabajadoras y trabajadores no hayan podido acceder a este derecho”, razón por la cual el senador presentó un proyecto de ley que buscará introducir criterios técnicos y administrativos encaminados a garantizar el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez en el Sistema General de Pensiones de los trabajadores que realicen actividades de alto riesgo para la salud.

Adicionalmente, Castilla denunció que Colpensiones no cuenta actualmente con los datos históricos de trabajadores vinculados al régimen especial de pensiones para actividades de alto riesgo, situación que dificulta el control y la vigilancia para asegurarle el derecho a las personas que diariamente se exponen a grandes riesgos en sus puestos de trabajo, y que debe ser resuelta por el Congreso de la República ya que está dejando desprotegidas a más de un millón de personas.

Se espera que en este periodo legislativo el proyecto radicado haga trámite desde la Comisión VII del Senado y surta los debates pertinentes para que antes de terminar el año pueda ser ley de la república y con ello garantizar el acceso al derecho de la pensión anticipada a cientos de trabajadores que hoy laboran en condiciones adversas en el país.

Descargue el proyecto de ley completo acá