El Oriente Antioqueño sigue resistiendo al despojo con dignidad

Desde nuestro equipo de trabajo tuvimos la oportunidad de acompañar y participar de la “V Caravana por la vida, el agua, el territorio y la paz”, realizada entre el 12 y el 19 de agosto de 2017, en el oriente antioqueño. La caravana finalizó con un foro en el que el Senador Alberto Castilla participó compartiendo sus análisis sobre el momento político y económico del país y las repercusiones en el campesinado.

La Caravana por la vida, el territorio, el agua y la paz.

Esta iniciativa de encuentro, se ha realizado anualmente desde hace ya 5 años, convocada por la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher), en esta ocasión en articulación con el MOVETE.

La Redher es un espacio de articulación entre organizaciones colombianas y de otros países (Europeos y Latinoamericanos, como Ecuador y Argentina, entre otros), que trabajan sobre el principio de la solidaridad política internacionalista para con Colombia. El MOVETE, es un movimiento social por la vida y la defensa del territorio en el Oriente Antioqueño.

El objetivo de la Caravana se centró en la socialización de los conflictos territoriales causados por las multinacionales en su modelo de producción extractivista; así mismo, sirvió para el intercambio de experiencias de resistencia entre los procesos organizativos de base de Antioquia, Nariño, Valle, Bogotá y Cundinamarca, Meta, Caquetá, Tolima, el Catatumbo, Ecuador, Alemania, Canadá y España.

“Nuestra intención en el Senado es visibilizar los conflictos territoriales y respaldar a las comunidades que buscan hacerle frente al modelo de despojo. Nuestro compromiso es lograr que ésta curul siga siendo vocería del movimiento social, por lo que asumimos como tarea de este período, llevar a cabo una audiencia pública donde se hagan visibles las problemáticas del Oriente Antioqueño y se abran espacios para escuchar las voces de las comunidades”

El Oriente Antioqueño: Un territorio en Conflicto.

El Oriente Antiqueño es una de las nueve subdivisiones regionales que demarca el departamento de Antioquia y es el segundo territorio con mayor población. Su zona paisajística cuenta con variados climas, montañas y ríos que le hacen merecedor de una gran biodiversidad.

Este altiplano, ubicado en la cordillera central, cuenta con fuentes hídricas importantes como el Páramo de Sonsón, ojos de agua y microcuencas, que abastecen a la comunidad rural y desembocan en ríos como El Naré, Rionegro, Calderas y uno de los más importantes de la región: el Samaná.

Y es precisamente por sus bienes naturales que el oriente antioqueño se convierte en un territorio en disputa. Ésta región ha sido históricamente un escenario de resistencia del campesinado, tanto por el contexto de conflicto armado, como por la presencia de las multinacionales y sus proyectos extractivistas.

Desde la década del 70 las comunidades han estado inmersas en un fuerte conflicto social y armado. Frente al conflicto social, cabe resaltar que el modelo de desarrollo promovió megaproyectos turísticos de embalse, tales como El Peñol, Guatapé en San Rafael, que generó impactos socioambientales, desplazamientos forzados y asesinatos de líderes sociales que defendían sus tierras.

Por otro lado, el ingreso al territorio de grupos insurgentes como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y, posteriormente, de las Fuerzas Militares del Estado y con mayor fuerza del Paramilitarismo, generó un sinnúmero de desplazamientos forzados por parte de familias que tuvieron que huir de sus fincas, arribando a la vida urbana, sin posibilidades de retornar.

Actualmente, en el marco del pos acuerdo (resultado de las negociaciones entre las FARC y el gobierno nacional), dichas familias han venido regresando a sus tierras, encontrándose con leyes, políticas gubernamentales y licencias ambientales, que muy seguramente les despojarán de nuevo de su territorio en un futuro próximo.

Esto último debido a que el Oriente Antioqueño es un territorio que produce más del 40% de energía para toda Colombia, convirtiéndose en un potencial hídrico generador de energía para la exportación. Y es por ello que las multinacionales han direccionado sus intereses a estos territorios.

Los conflictos territoriales.

 

En el marco de la caravana tuvimos la posibilidad de recorrer los municipios de San Luis, San Francisco y su vereda del Pauji; San Carlos, Cocorná, Marinilla, Carmen de Víboral y su vereda La Honda; La Unión y Sonsón y su vereda Las Lomas. Las problemáticas centrales giran en torno a proyectos mineroenergéticos, áreas protegidas, mono cultivos y agrotóxicos, y proyectos urbanísticos.

De entrada, es importante reconocer que los proyectos y las problemáticas que impactan a la comunidad del Oriente Antioqueño, se enmarcan en la agudización del modelo de desarrollo económico capitalista extractivo que, gracias al proceso de paz, busca un nuevo reordenamiento territorial, cuya planificación en clave de ciudad – región fija cambios de uso de suelo. Por un lado plantea “proteger”, limitando el uso de la tierra por parte del campesinado y, por el otro, consolida la forma de producción extractivista, minero energética, desde la explotación de los derechos naturales de las cuencas y microcuencas. Los proyectos en los que se manifiesta dicha intención son los siguientes:

  •  Hidroeléctricas: Con licencias otorgadas para grandes centrales y microcentrales en Cocorná, San Luis, Sonsón, San Francisco (Pajui).
  •  Agro tóxicos y monocultivos en el Carmen de Víboral y La Unión.
  •  Megaminería de piedras calizas y mármol en San Luis en el Rio Dormilón, Rio Claro, en Jerusalén (Sonsón) y en la Unión. Tanto la minería como las microcentrales hidroeléctricas afectan al Río Samaná.
  •  Megaobras: con licencias de construcción del túnel oriente y la ampliación de la pista del aeropuerto internacional José María Córdoba. Por otro lado, la Autopista Medellín – Bogotá.
  •  Proyectos urbanísticos y rurales, con carreteras que privatizan ríos e incluso generan un alza en los costos de servicios públicos y en los impuestos prediales.
  •  Zonas protegidas: Con licencias para zonas de áreas protegidas en el Río Melcocho y Santo Domingo y proyectos como el BanCO2 que limita el goce y uso del suelo por parte del campesinado.

 

Los actores del conflicto.

Teniendo en cuenta que las comunidades campesinas fueron desplazadas por las multinacionales y el conflicto armado entre diversos actores en la década del 70; denunciamos cómo la historia se repite en la actualidad, con las diversas concesiones minero energéticas que otorga la ANLA, los Ministerios de Minas, Ambiente e Infraestructura, la Gobernación de Antioquia y la Corporación Autónoma y Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE. Hasta el 2015, se estudiaban alrededor de 345 licencias, según datos de la gobernación de Antioquia.

Éstas licencias, la mayoría ya en ejecución, se otorgan a grandes multinacionales como Argos, Popal SAS, EPM, Corona, Emgesa, HMB Ingenieros, entre otras, quienes son las responsables directas de las afectaciones socio ambientales que tiene el territorio.

 

Los impactos y las propuestas de las comunidades.

En el marco de la caravana pudimos constatar cómo este modelo de desarrollo genera grandes impactos económicos, puesto que se cambia la matriz productiva de la siembra y el agro, por la venta de servicios o de su fuerza de trabajo; e impactos sociales, con la ruptura del tejido comunitario y la persecución a los campesinos y líderes por parte del paramilitarismo.

Del mismo modo, identificamos impactos políticos, ya que los gobiernos y las corporaciones regionales crean leyes, políticas de ordenamiento territorial y proyectos, en función de los intereses de las multinacionales. Y finalmente, pero no por ello menos importantes: impactos culturales, ya que este modelo conlleva a un proceso de descampesinización, transformando la esencia del campesinado y desponjándolo de su identidad como trabajador de la tierra para convertirlo en un empleado de las multinacionales.

La descampesinización, con todo lo que engloba (desde la identidad del campesino, hasta la forma de trabajar la tierra), es quizás el factor más preocupante frente a los impactos que puede generar dicho modelo. Por ello, los campesinos del oriente antioqueño han decidido organizarse, unirse y movilizarse para convertirse en sujetos de derechos. La defensa del territorio, como un punto de articulación en MOVETE, se da tanto para exigir sus derechos propios, como para cuidar y respetar los derechos de la naturaleza.

En ese sentido, además del proceso organizativo las comunidades están considerando acciones populares que van desde la tutela, hasta la generación de consultas previas en el territorio. Han instalado una mesa de derechos humanos en Marinilla, y en varios de los municipios y veredas han exigido llevar a cabo audiencias públicas con las empresas y CORNARE, con el fin de exponer su visión sobre los proyectos. Lastimosamente, las empresas aún no anuncian una fecha que dé cumplimiento a dicha petición.

Nuestro compromiso.

Queremos agradecer a la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia y al movimiento social MOTEVE, por invitar a nuestro equipo de trabajo a la Caravana, y al Senador Alberto Castilla para el cierre del evento, donde pudimos compartir diversos análisis sobre el tema de tierras y concesiones mineras nacionales en el marco del pos acuerdo.

 

“Nuestra curul es de ustedes, exijamos la salida de las multinacionales del oriente antioqueño: por la vida, el agua, el territorio y la paz”

 

Equipo de trabajo del Senador Alberto Castilla

 

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