El fracking es incompatible con cualquier esfuerzo por limitar el calentamiento global y atenta contra el campesinado
En el marco del proceso judicial que adelanta el Consejo de Estado para decidir sobre la nulidad simple y sus medidas cautelares que tienen suspendido el desarrollo del fracking en el país y el profundo debate nacional en materia energética, el senador Alberto Castilla presentó a los magistrado del alto tribunal una coadyudancia donde esgrime dos nuevos argumentos que deberán ser analizados por el Consejo de Estado para tomar una decisión al respecto.
El Consejo de Estado en Noviembre del año pasado resolvió imponer medidas cautelares sobre dos decisiones de gobierno que daban luz verde sobre el impulso de la Fracturación Hidráulica, o fracking, en el país y que desató un profundo debate nacional sobre el tema energético.
El Alto Tribunal argumentó que bajo el principio de precaución constitucional, amparado en el Derecho Internacional Ambiental y la Ley 99 de 1993, declaró la medidas cautelares contra el Decreto 3004 de 2013 (donde el Gobierno Nacional estableció los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales) y la Resolución 90341 de 2014 (que definió los requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración y explotación de los hidrocarburos), argumentando que “aun cuando no existe certeza científica absoluta, sí hay pruebas mínimas de daños potenciales derivados de la aparente deficiencia de las medidas adoptadas en los actos administrativos demandados al autorizar una técnica cuestionada” complementando que “se necesitaba allanar el camino para que sus daños potenciales y riesgos se pudieran calificar como aceptables y manejables, sin que ese efecto se asegurara con otra medida diferente a la decretada”.
Con estos elementos, el Alto Tribunal citó para el día de hoy una audiencia donde revisará la demanda interpuesta por el Grupo de Litigio e Interés Público de la Universidad del Norte y se espera que en la audiencia los magistrados tengan en cuenta el informe de la Contraloría General de la República en el que se advierte sobre las consecuencias negativas que dicha práctica traería para el país.
Adicionalmente, el pasado viernes 30 de Mayo el senador del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla, radicó ante el Consejo de Estado una coadyudancia donde solicita expresamente: “declare la nulidad del decreto n.° 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución n.° 90341 del 27 de marzo de 2014”.
Dentro del documento Castilla le solicita a los Magistrados tenga en cuenta dos elementos adicionales para mantener la nulidad simple sobre los actos administrativos ya citados, por un lado un conjunto importante de jurisprudencia internacional en materia ambiental que Colombia ha suscrito para mitigar los gases de efecto invernadero y para frenar la deforestación y por otro lado, la afectación al campesinado como sujeto de especial protección por la explotación de yacimientos no convencionales.
Para el senador del Polo es preocupante que “el país se ha dejado llevar por lo que se ha denominado la enfermedad Holandesa, orientando la matriz productiva del país hacia el extractivismo abandonando la necesidad de preservar el ambiente e impulsando una política anti campesina en favor de la agroindustria y la minería”. Por ello para el senador es urgente que el Consejo de Estado valore estos nuevos elementos y se mantenga la nulidad contra esta técnica.
En el documento, el senador le solicita al alto Tribunal tener en cuenta que “El Estado colombiano ha suscrito diversos tratados, acuerdos, convenios de carácter internacional y ha dictado normas de orden nacional que regulan las acciones institucionales tendientes a mitigar el cambio climático, con el fin de posibilitar y garantizar la vida humana en condiciones ambientales dignas” y que darle rienda suelta a la técnica de fractura hidráulica podría contradecirlos.
En este sentido, el senador destaca que no son pocos los compromisos que el Estado Colombiano ha suscrito en materia del cambio climático y por ello solicita que en aras de ser consecuentes con los compromisos suscritos internacionalmente, la técnica del Fracking no debe desarrollarse en el país.
“No se puede enviar un mensaje erróneo a la comunidad internacional y a las comunidades campesinas del país, pues internacionalmente se hacen compromisos para preservar el ambiente y frenar el calentamiento global pero hacia el interior del país se privilegian técnicas como el fracking que producen desplazamientos, atentan contra la biodiversidad y se profundiza la pobreza del campesinado” afirma el senador.
El segundo argumento que solicita el senador sea tenido en cuenta por el Consejo de Estado, hace referencia a la posible vulneración que tendrá el uso de esta técnica para las comunidades campesinas pues, según el documento, el impulso del modelo mineroenergético ha representado para la población campesina colombiana, la profundización del conflicto armado, el cambio de uso de suelo y la pérdida de territorios productivos por ocupación de tierra, uso y contaminación de aguas.
