El cese bilateral debe incluir fin a las hostilidades contra el movimiento social
El día de ayer inició en la ciudad de Quito (Ecuador), el tercer ciclo de la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional. Desde el inicio de las conversaciones, las delegaciones de paz de la mesa han trabajado en dos sub comisiones que abordan de manera simultánea los temas de participación de la sociedad y de dinámicas y acciones humanitarias.
Como Senador campesino en representación de la región del Catatumbo, una de las más afectadas históricamente por la confrontación armada, saludo el avance que a tan solo un día de haberse instalado este tercer ciclo parecen haber alcanzado las delegaciones. El ELN le ha anunciado al país el día de hoy un posible acuerdo entre las partes para iniciar un Cese Bilateral al Fuego y a las Hostilidades durante tres meses.
Desde la sociedad civil hemos insistido en los últimos meses en la necesidad de un avance en este sentido para garantizar, en las distintas regiones del país, un clima de tranquilidad que le permita a las comunidades participar activamente, sin temor y sin presiones de ningún tipo, en los puntos de la agenda acordada que sean de su interés, donde a través de la participación de la sociedad, se logre democracia plena y las “transformaciones para la paz” que el pueblo mismo pida como condición necesaria para superar la guerra.
Es por esto que, felicitando a las partes por los avances que vienen alcanzando en el proceso de conversaciones, quiero insistir en la necesidad de que todas las medidas que se adopten de forma bilateral para desescalar la confrontación armada, tengan como razón principal a la población civil y lo pactado se cumpla con absoluta seriedad y responsabilidad.
Invito al ELN a cumplir su palabra para cesar todas las acciones que afectan a la población, de la misma manera que invito al Gobierno Nacional a asumir su responsabilidad con las hostilidades que también afectan a las comunidades, dentro de las que se encuentran la persecución y el asesinato a líderes y lideresas sociales, hechos en los que las instituciones del Estado tienen toda la responsabilidad de investigar y condenar a los responsables, así como de garantizar la vida y la integridad de los y las ciudadanas en el territorio nacional.
