A dos años de estar vigente la ley Rosa Elvira Cely, que busca prevenir el feminicidio, los avances en esta materia son escasos y las cifras son escandalosas, falta mayor compromiso del estado para garantizar la vida de las mujeres y prevenir violaciones y feminicidios. Es compromiso de todos cambiar la cultura machista del país
El pasado 7 de julio se cumplieron ya dos años de la sanción y entrada en vigencia de la ley 1761 de 2015 “Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo”, o Ley Rosa Elvira Cely. Hoy 25 de noviembre, día en el que el mundo conmemora un año más del Día Internacional de la NO Violencia Contra las Mujeres, es doloroso constatar que el Estado no le ha cumplido a las más de 800 mujeres que son asesinadas cada año en el país y a las 28.734 mujeres que según el Ministerio de Salud tuvieron que ser atendidas, solo en 2016, por casos de violencia de género.
Y es que lo primero que hay que resaltar, es que los casos de feminicidios y de violencia contras las mujeres no han disminuido. Según Medicina legal, en Colombia son asesinadas dos mujeres cada día y son abusadas y violentadas sexualmente más de 45 diariamente.
Las cifras siguen siendo confusas, cada entidad del Estado cuenta con sistemas de información distintos, pues aún el país no cuenta con el Sistema Integrado de Información sobre Violencias Basadas en Género que según el artículo 12 de la Ley 1761, debía entrar en funcionamiento en julio de 2016.
La evasión a las responsabilidades de las autoridades públicas es tal, que el Ministerio de Salud no cuenta con información sobre las medidas orientadas a garantizar habitación y alimentación a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar como lo ordena la ley 1758 de 2008, y la Fiscalía General de la Nación no tiene información sobre las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar que se han impuesto.
Como si esto fuera poco, los datos más bochornosos son los que tienen que ver con las investigaciones y condenas. Entre agosto de 2016 y marzo de este año, solo fueron investigados por el tipo penal de feminicidio 149 casos, de los más de 600 que según Medicina Legal se cometieron; y solo hubo condenas en 34 de ellos.
El balance es tan pobre, que a más de dos años de entrada en vigencia de la Ley, ni el Ministerio de Justicia ni otras autoridades competentes le han informado al país y a las mujeres sobre el impacto de la norma en la reducción de los feminicidios y las violencias contra las mujeres.
El Estado no les puede seguir incumpliendo a las mujeres, ni permitiendo que todos los tipos de violencia que se cometen contra ellas queden impunes; tampoco puede seguir sancionando leyes para no cumplirlas. Es por eso que como Senador Campesino, mi invitación es a que asumamos este problema como responsabilidad de toda la sociedad, los sistemas de dominación patriarcal y machista que ocasionan la violencia contra las mujeres se reproducen en todas las esferas de las relaciones sociales y nuestro compromiso debe ser con su denuncia y eliminación definitiva.
A las mujeres y a las organizaciones sociales que hoy están de nuevo en las calles denunciando las violencias y exigiendo sus derechos, les manifiesto también toda mi solidaridad y admiración.
