Desconocimiento histórico del campesinado, paquete legislativo regresivo para el acceso a tierras y desigualdad rural, principales razones de la crisis

El pasado 17 de Julio, el Senador Jorge Enrique Robledo Castillo del Polo Democrático Alternativo, convocó una audiencia pública llamada “¿Por qué está en crisis el Agro Colombiano?” en la cual, como Unidad de Trabajo Legislativo, participamos, les compartimos el fragmento de nuestra intervención, donde Andrea Lopera realiza un diagnóstico de la situación del campesinado, su relación con el desconocimiento constitucional de este sector y los avances que se han tenido en la lucha por la tierra, el reconocimiento constitucional entre otros.

Para comenzar, quiero responder a la pregunta del Debate, insistiendo en que una de las razones de la crisis del Agro en Colombia es el desconocimiento histórico de las campesinas y campesinos como sujetos de derechos, fundamentales para el desarrollo del campo y del país.

En esta intervención quiero tratar, de manera breve, tres puntos a propósito de las condiciones del campesinado como sector social históricamente marginado:

1) Políticas regresivas en torno al acceso a tierras para comunidades campesinas

  •  En vigencia:
    Ley 1776 de 2016 “Por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social – ZIDRES”
    Decreto 902 de 2017 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras” (vía fast track)
    Decreto 883 de 2017 “Por el cual se modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las empresas dedicadas a la minería ya la explotación de hidrocarburos en la forma de pago de obras por impuestos” (vía fast track)
  • En trámite:
    Proyecto de Ley 004 de 2017 “Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones” (en trámite legislativo vía fast track)
    Proyecto de Ley 005 de 2017 “Por la cual se regula el servicio público de adecuación de tierras y se dictan otras disposiciones” (en trámite legislativo vía fast track)

Éstas iniciativas legislativas, además de mantener a las comunidades rurales en condiciones inequitativas para el acceso y la producción, tienen de fondo una perspectiva del desarrollo que no prioriza la economía campesina a pequeña y mediana escala, por el contrario, propende por una transformación en el uso y la vocación del suelo que beneficia modelos de producción y comercialización de corte agroindustrial, de la mano de concesiones territoriales a empresas extractivas, a través de la figura de “obras por impuestos”, que buscan generar exenciones tributarias a empresas de hidrocarburos, minería y actividades portuarias que realicen inversiones en infraestructura y servicios públicos en las zonas focalizadas para la implementación de los acuerdos de paz. Esto, por ejemplo, obliga a que las comunidades rurales se subordinen a los intereses económicos de privados para poder acceder a servicios sociales que son responsabilidad directa del Estado.

Sin detenernos en este punto en específico, la amalgama de normas que se han venido impulsando los últimos años para el agro colombiano, configuran un escenario de regresividad de los derechos constitucionalmente reconocidos para comunidades en condiciones de desigualdad y marginación social –como los campesinos–, toda vez que se modifican disposiciones sobre temas sensibles como el acceso y la formalización de tierras, y la regulación de derechos de propiedad, legitimando prácticas extremas como, por un lado, la acumulación de baldíos de la Nación por encima de la medida que se ha establecido para la distribución de la propiedad rural (UAF), o el fraccionamiento antieconómico que es, básicamente, el microfundio y minifundio.

Lo que es cierto es que las políticas actuales para el agro, además de la regresividad, dan cuenta de una tendencia a la especialización productiva, fuertemente vinculada al monocultivo y la agroindustria, en detrimento de la diversificación agrícola de la producción que es garantía para la soberanía y seguridad alimentaria del país y de la región, y para la preservación y reconstrucción de la ruralidad colombiana y en especial, la conservación de las formas de vida campesinas. Un ejemplo de esto es el programa “Colombia Siembra” que continúa priorizando cultivos de palma y caña, por encima de cultivos diversos de alimentos.

2) Desconocimiento del campesinado como sujeto de derechos

Las condiciones actuales de la ruralidad colombiana dan cuenta de la particular situación del campesinado en Colombia que sigue siendo desconocido en su condición de sector particular de la ruralidad, y al que se le niegan derechos tan básicos y fundamentales como su misma autoidentificación.

Esto se evidencia expresamente en el Censo Agropecuario que aquí hemos citado y en el cual no se incluyó esta categoría, aun cuando esta ha sido una exigencia constante de los procesos agrarios y distintas comunidades del país. Es más, siendo aquel el tercer Censo Agropecuario de la historia del país, en Colombia nunca se ha integrado tal categoría al censo, desconociendo una población que, hasta hace 30 años conformaba más del 60% de la demografía nacional.

Ni constitucional ni estadísticamente se reconoce al campesino como un sujeto de protección especial por parte del Estado, aun cuando la Corte Constitucional ha declarado explícitamente que los trabajadores del campo deben tener un tratamiento especial que se justifica en la “necesidad de establecer una igualdad no sólo jurídica sino económica, social y cultural para los protagonistas del agro (…) y de que la intervención del Estado en este campo de la economía busca mejorar las condiciones de vida de una comunidad tradicionalmente condenada a la miseria y la marginación social” (Sentencia 006/2002)

A propósito de esto, vale la pena mencionar que, hace algo más de dos años, organizaciones campesinas que hacen parte de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, han adelantado una serie de acuerdos con el Gobierno solicitando que la categoría de campesino sea integrada en el próximo censo poblacional.

Sobre este acuerdo se ha construido una ruta de trabajo en la que se incluía la realización de un concepto técnico que permita identificar los elementos cultuales, sociales, productivos, entre otros, que permitan establecer criterios para la definición de la categoría y su posible inclusión en el Censo. Este trabajo fue realizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH que, en febrero de este año, emitió un documento en el que señala los aspectos relevantes para que puedan integrarse preguntas al Censo Poblacional que permitan la autoidentificación del sujeto campesino en torno a sus prácticas productivas, culturales, sociales y organizativas.

No obstante, todavía no hay una respuesta afirmativa por parte del Ministerio del Interior, y se está a la espera de que el DANE cruce los datos del Censo Agropecuario de 2014 a la luz de las recomendaciones realizadas por el ICANH para poder tener un primer acercamiento estadístico indirecto de las poblaciones campesinas. Se está esperando que eso se haga efectivo y que además se comprometa el DANE a en el censo del 2018 decir quienes, cuantos y donde estarían las poblaciones campesinas

3) Datos sobre desigualdad rural

Las cifras más actualizadas sobre la situación del campo colombiano se presentan en el análisis de los datos obtenidos en el último Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2014 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

Frente a propiedad y concentración de la tierra. En el Censo Agropecuario, el DANE utilizó como unidad de análisis para indicar la propiedad de la tierra rural la Unidad de Producción Agropecuaria – UPA, indicando un total de 2’370.099 identificadas en la denominada “área rural dispersa”, categoría censal que excluye los cascos urbanos de las zonas rurales del país. La Identificación de las UPA “se centra en la gerencia de la unidad productiva, y por tanto corresponde a la categoría real de propietario o poseedor efectivo del predio en cuestión”.

Ahora bien, en cuanto a identificación de predios rurales, también las cifras del Censo Agropecuario se dio un estimado de 3’081.207 predios en zonas rurales dispersas, de los cuales 2’344.139 fueron catalogados como predios agropecuarios. Un comparativo entre las UPA identificadas, con base en la propiedad real, y el número de predios identificados como rurales, a través del índice de gini (medida del grado de desigualdad en la distribución de un activo), da cuenta de la alta concentración de la tierra rural del país, pues éste análisis arroja que el gini de propietarios del país en zonas rurales es del 0,9, aproximadamente.

Recordemos que la medida se encuentra en el intervalo 0,0 – 1,0 en el que el menor valor indica la igualdad absoluta en la propiedad (proporcionalidad entre la distribución del activo y el número de propietarios) y el mayor valor indica la no distribución del activo de forma proporcional (propiedad del activo en manos de un solo propietario). La ecuación da como resultado que el 25% de los propietarios son dueños del 95% de los predios rurales.

Frente a usos del suelo. De las 115,5 millones de hectáreas catalogadas como área rural dispersa, el 38,6%, es decir, 43,1 millones de hectáreas, son de uso agropecuario en sentido amplio.

De esta extensión, el 79,7%, esto es, 34,4 millones de hectáreas son censadas como de “pastos y rastrojos”, usualmente asociados a ganadería extensiva e intensiva, mientras que solamente el 20,1%: 8,6 millones de hectáreas tienen un uso exclusivamente agrícola.

Así mismo, la curva estadística muestra que de éstas 8,6 millones de hectáreas, 3’298.975 millones están dedicadas a cultivos agroindustriales como palma, caña, café, algodón caucho y tabaco, principalmente, es decir, alrededor del 38,6%; y a pesar de que se distinguen de este tipo de cultivos la papa, el plátano y otros tubérculos, éstos últimos ocupan alrededor de 2’087.763 millones de hectáreas, esto es 24,27 % de la cifra total.

Estos datos revelan que del aproximado de hectáreas con vocación agrícola y pecuaria, es decir, 43 millones, más de 39 millones son de uso pecuario, agroindustrial (cultivos permanentes) y para monocultivos, lo que deja solamente algo más de 4 millones de hectáreas para la producción agrícola a pequeña y mediana escala, excluyendo las 621.339 hectáreas censadas de cultivos forestales (621.339 hectáreas).

Share This: