Una vez más el Alcalde Peñalosa golpea a los recicladores al suspender el avance en los derechos obtenidos en la Sentencia T-724 del 2003, donde son reconocidos como sujetos de especial protección del Estado.
Dentro de estos derechos la remuneración a su trabajo, el cual la administración de Bogotá no defenderá, como derecho universal para todos y cada uno de estos recuperadores ambientales, so pretexto de las medidas del nivel nacional.
Apoyo de manera decidida la justa protesta de la población recicladora que hoy sale a la calle, no precisamente a realizar su ardua e intensa tarea de recolección de basura, sino a movilizarse y levantar su voz de protesta para exigir el cumplimiento del plan de inclusión y acciones afirmativas de fortalecimiento empresarial, el justo pago a su labor y la progresividad en sus derechos alcanzados, así como la ejecución real y efectiva del presupuesto público para organizar el esquema de aprovechamiento en Bogotá. Todos estos derechos ganados, pero incumplidos.
Una vez más se evidencia que el interés particular predomina sobre el interés general. La Administración Peñalosa, al parecer pretende repetir la historia del año 2010 cuanto se adjudicó a privados el negocio millonario de las basuras, sin tener en cuenta la relación de este proceso con la realidad operativa para la formalización de más de 20.000 recicladores reconocidos actualmente en el censo de Bogotá, formales e informales.
Como Senador de la República, defensor de derechos humanos y laborales, hago un llamado a la administración Peñalosa a suspender esta medida regresiva contra los derechos de esta población y a hablarle a la ciudad con claridad acerca de la forma como los recicladores serán incluidos en el modelo de aseo.
Alberto Castilla
Senador de la República
