Declaración de los partidos de oposición como respuesta a la alocución del presidente de la república sobre las objeciones a la ley estaturia de la JEP

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Representantes de los partidos de oposición realizaron la réplica a las objeciones que presentó el presidente Iván Duque a la ley estatutaria del a JEP el pasado domingo, compartimos con la comunidad y la opinión pública el documento completo de la intervención:


Bogotá, marzo 13 de 2019
Colombianas y colombianos,
Desde la Constituyente de 1991 se creó la promesa de introducir en nuestro ordenamiento político un conjunto de garantías democráticas concretas para la oposición. La idea básica era que para garantizar el sistema de pesos y contrapesos, quien resultara elegido como Presidente estaría sometido a la fiscalización y el control por parte de los sectores políticos que no fueron elegidos.
De eso depende la fortaleza de una democracia, porque quien gana debe gobernar para todos y no para unos pocos. Es fácil despreciar la oposición cuando se está de acuerdo con las políticas del Gobierno. Pero cuánta falta hace que ésta disponga de garantías concretas cuando los ciudadanos sienten que el Gobierno no cumple con sus funciones constitucionales o que se olvida de sus necesidades.
Tristemente esa promesa constitucional fue incumplida durante 27 años. Solo el Acuerdo de Paz pudo lograr que el Congreso de la República aprobara el año pasado el Estatuto de la Oposición que hoy nos permite hacer esta alocución.
Hablo en nombre de todos los partidos que se han declarado en oposición al Gobierno del Presidente Iván Duque: la Lista de la Decencia, el Movimiento Colombia Humana, el Partido MAIS, el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el Partido Polo Democrático Alternativo, y el Partido Alianza Verde. Reconociendo que entre nosotros representamos modelos de país distintos, pero que nos une una profunda convicción por la defensa de la construcción de paz y la separación de poderes.
La decisión del Presidente Duque de objetar apartes de la Ley de la Jurisdicción Especial de Paz pone en grave riesgo la separación de poderes, atenta contra la construcción de paz y busca distraer a la ciudadanía de una agenda política nacional que realmente nos una y que nos permita concentrarnos en resolver los principales problemas del país.

Separación de poderes
No es cierto, como lo ha querido presentar el Presidente en tono conciliador, que su decisión no genere un choque de trenes. ¡Por supuesto que hay un choque de trenes! Las seis objeciones del Presidente implican, en la práctica, desacatar una sentencia de la Corte Constitucional.
El Gobierno dice que uno de sus pilares esenciales es la defensa de la legalidad, y sin embargo pone en tela de juicio la constitucionalidad de una ley que ya fue objeto de 4 debates por parte del Congreso de la República, que fue aprobada con mayoría absoluta, y que fue estudiada durante 1 año por la Corte Constitucional. ¿Qué puede ser más contrario a la separación de poderes?
Hoy es la paz, pero lo cierto es que mañana puede ser cualquier otro tema. Nadie está salvo si ante una decisión de la Corte Constitucional, el Presidente de la República puede tomar la decisión de no acatar.
Aunque el Presidente disfraza como objeciones de inconveniencia los 6 temas planteados, no presenta ninguna razón para justificar los supuestos efectos económicos, sociales o políticos de su implementación, y en cambio retoma preguntas jurídicas que ya fueron resueltas en todos los casos de manera específica por la Corte Constitucional:

  1. La Corte Constitucional ya ha señalado que las FARC deberá entregar de manera colectiva bienes para la reparación, y que cualquier beneficio penal estará condicionado a su contribución individual a la reparación de las víctimas.
  2. La Corte ya ha señalado que en casos excepcionales la JEP puede ajustar los listados de guerrilleros reconocidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, porque la decisión del Gobierno de acreditar o no, no puede comprometer las decisiones de la justicia sobre su competencia en cada caso.
  3. La Corte ya aclaró que la Fiscalía puede continuar investigando y recolectando pruebas hasta 3 meses antes de la Resolución de Conclusiones que produzca la JEP, para evitar choques de trenes contantes entre ambas, al tiempo que se avanza en el esclarecimiento de la verdad.
  4. La Corte ya señaló que en contextos de justicia transicional es fundamental concentrarse en investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. Lo contrario es pretender el colapso de la JEP, para que no se sepa la verdad sobre los crímenes que tuvieron lugar en el conflicto armado.
  5. La Corte ya advirtió que sí procede la extradición frente a delitos cometidos después del 1 de diciembre de 2016, y que le corresponde a la JEP tener acceso al material probatorio necesario para establecer si tales hechos tuvieron lugar.
  6. La Corte ya señaló que los agentes del Estado y militares que estén contando la verdad ante la JEP no podrán ser extraditados.

La esencia de un Estado Social de Derecho es que todas las autoridades están sometidas a la Constitución. Y que frente a discusiones de constitucionalidad existe un árbitro imparcial que define cuándo una decisión es compatible o no con la Carta Política. Esa institución es la Corte Constitucional, y esa Corte ya falló en cada uno de estos 6 temas.

Si hoy se abre esta puerta el mayor riesgo no es el funcionamiento de la JEP: es que se pone en riesgo nuestra democracia y el Estado Social de derecho en su conjunto.

Construcción de paz
No es cierto tampoco que esta decisión no afecte la construcción de paz. Hay que vivir muy alejado de la Colombia rural para creer que proponer cambios a las reglas del juego que permitieron el desarme de 13.000 excombatientes de las FARC, no genera ningún efecto en la realidad.
La decisión del Presidente genera gran incertidumbre jurídica entre los ex combatientes y desestabiliza los territorios en los que el proceso de construcción de paz es aún muy frágil.
En 2017 Colombia tuvo la tasa de homicidios más baja de los últimos 30 años en el país. Y logramos reducir el número de muertes por el conflicto en un 97%, el desplazamiento en un 79%, y las víctimas de minas en un 99%. Tuvimos, además, las elecciones más pacíficas de nuestra historia. El proceso de paz demostró que podía salvar vidas.
Pero 2018 ha mostrado que ese proceso es supremamente frágil, y que lograr estabilizar los territorios más afectados por la guerra depende de llevar a cabo un esfuerzo enorme para fortalecer la capacidad de administración de justicia local, construir vías terciarias, ofrecer educación y salud de calidad, construir sistemas de riego, entre otros, y reconocer las prioridades expresadas por las autoridades locales y las comunidades, incluyendo a las mujeres que más han sufrido la guerra. Son ellas las llamadas a desarrollar la visión del desarrollo de sus propios territorios.
En cambio, el Gobierno Duque ha demostrado que le apuesta a una concepción mucho más limitada de paz. Insiste en que la paz es una política de Gobierno y no de Estado, y renuncia a implementar de buena fe el Acuerdo de Paz como lo establece la Constitución.
Pero se equivocan. La Paz no son beneficios para los ex combatientes. La paz no se reduce a su desarme ni a la reintegración de la base. La paz es desarrollo rural, es participación ciudadana, es la satisfacción de los derechos de todas las víctimas.
En cambio, el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Duque no incluye los recursos del Pacto por la construcción de paz en el Plan Plurianual de Inversiones, y las metas trazadas hasta la fecha no permitirán transformar los territorios más afectados por la guerra, ni satisfacer los derechos de las víctimas.
Muestra de ello es que el Gobierno pretende reparar 33% menos víctimas que en el Gobierno anterior, cuando hasta el momento solo hemos reparado al 12% de las víctimas registradas.
Así que por supuesto que la decisión de objetar la Ley de la JEP pone en riesgo la construcción de paz. La falta de certeza jurídica puede generar un crecimiento en las disidencias, poniendo en grave riesgo la seguridad territorial.
Después de ser percibidos a nivel internacional como un país pionero en procesos de negociación y construcción de paz, Colombia empieza a ser percibido como un país que retrocede. Las demoras en los procesos de investigación, juzgamiento y sanción podrían incluso activar la competencia de la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, como líderes políticos nos corresponde también mandar un mensaje de tranquilidad: La Jurisdicción Especial para la Paz tiene un andamiaje constitucional muy fuerte que le permitirá seguir funcionando, aún sin la ley estatutaria.
A las víctimas y a los excombatientes y militares que están rindiendo cuentas ante la JEP les enviamos un mensaje: crean en el proceso, no se rindan. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que estas objeciones y reformas no prosperen.
Desde el Congreso de la República y ante la Corte Constitucional tomaremos todas las medidas necesarias para evitar este cambio en las reglas del juego.
La mejor manera de luchar contra la impunidad es permitir que la JEP funcione. Estaremos prestos para exigirle que avance en la investigación, juzgamiento y sanción de ex combatientes y agentes del Estado que cometieron delitos en el marco del conflicto armado. Que sea contundente frente a quienes incumplen las condiciones. Que ponga en marcha medidas concretas de transparencia para luchar contra la corrupción. Que garantice la participación de las víctimas en los procesos. Todo el mundo nos está mirando porque somos el experimento de si es posible hacer justicia en un proceso de paz.

Distractores para dividir
No es cierto, como dice el Presidente que la decisión de objetar la Ley de la JEP nos una en vez de dividirnos. ¡Todo lo contrario!
Con su decisión de objetar el Gobierno nos devuelve a las discusiones de Octubre de 2016 entre los del Sí y los del No. Pero más grave aún, nos distrae de los temas de la agenda nacional que son verdaderamente importantes para que el país prospere.
Mientras el Gobierno Duque nos pone a discutir un año entero entre el Congreso y la Corte Constitucional sobre la ley de la JEP, las necesidades y demandas de los colombianos siguen sin ser atendidas.
Entre tanto dejamos de dedicarnos como país a la calidad de la educación, a la reforma al sistema de salud, al crecimiento económico y la generación de empleo, a combatir la corrupción (de casos como el de Odebrecth por ejemplo) que está tan enquistada en nuestras instituciones, al desarrollo rural, al fortalecimiento de la participación ciudadana, al desarrollo sostenible, a la protección de nuestra biodiversidad, y al turismo.
En fin, aplazamos una y otra vez las discusiones de fondo, que en cambio sí tendrían la posibilidad de unirnos como país, para dedicarnos a azuzar los odios como estrategia electoral del partido de Gobierno frente a las elecciones regionales de este año.

Colombianas y colombianos,
Los partidos de oposición no permitiremos que el Gobierno del Presidente Iván Duque ponga en riesgo la separación de poderes, atente contra el proceso de construcción de paz, y pretenda distraernos de los temas verdaderamente importantes para el desarrollo del país.
Pondremos en marcha todas las acciones políticas y jurídicas que estén a nuestro alcance para evitar que las objeciones y reformas anunciadas tengan éxito.
No podemos quedarnos esperando a que este Gobierno se decida a apostarle a la construcción de paz. Así que invitamos a cada una de las personas que nos escucha a sacar adelante ese proceso entre todos.
Cada estudiante, cada trabajador, cada pensionado, cada organización de sociedad civil, cada empresa, cada mujer y hombre, tiene hoy el potencial de contribuir a la construcción de paz. Las comunidades rurales que más sufrieron la guerra están resistiendo, esperando a que sus territorios efectivamente se transformen. A que no desaprovechemos una vez más esta oportunidad de dejar atrás la guerra para concentrarnos en el desarrollo y la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
¡Hagámoslo! Volquémonos todas y todos a aportar a la transformación de esos territorios. Por eso, hacemos un llamado sentido por la unidad, la paz y la reconciliación y los convocamos el próximo 18 de marzo a una gran movilización nacional. Salgamos juntos, sin importar ideologías, a las calles y caminos de todo el país, no solo a exigirle al Gobierno que cumpla lo acordado, sino sobre todo para que cada persona exprese su compromiso con acciones concretas para avanzar en la construcción de paz, allí donde más han sufrido la guerra.

Colombianas y colombianos,
¡Unámonos por la construcción de paz!
Muchas gracias.