“Cien mil millones de pesos frente a una deuda de más de 5 billones de pesos, son paños de agua tibia a la crisis financiera del sistema de salud”. Senador Alberto Castilla.
Como ciudadano y senador de la República, expreso mi profunda preocupación por la crisis financiera generalizada que atraviesa la red pública nacional hospitalaria. Se cuentan casos emblemáticos por la historia o el impacto social de algunas instituciones al borde del colapso. Por ejemplo, el Hospital de San Vicente en Antioquia, con innovaciones históricas en diferentes campos de la medicina, tiene hoy deudas por cobrar a las EPS que superan los $300.000 millones; al Hospital Universitario del Valle (HUV), único en su condición en la región y encargado de atender a la población más vulnerable, le adeudan $123.000 millones generando el no pago de los salarios a sus trabajadores, desde hace dos meses. En la Costa Atlántica, seis de los principales centros hospitalarios han anunciado “cierre paulatino de servicios”, si no se resuelven las deudas a su favor.
En todos los casos, el común denominador son las cuantiosas deudas que diferentes agentes del sistema de salud, principalmente las EPS, tienen con clínicas y hospitales. La deuda total asciende a $5,3 billones, de los cuales $3 billones corresponden a cartera morosa. Esta situación obedece a los incentivos inadecuados del sistema, al poder excesivo de las EPS, el privilegio del sistema de aseguramiento y de lucro privado y a la falta de control de las entidades correspondientes.
Rechazo las soluciones parciales que el Gobierno Nacional ha ofrecido frente a esta problemática, como lo señalado por el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria quien anunció que se destinará 100 mil millones de pesos adicionales para la compra de cartera a las EPS, con un periodo de gracia de tres meses. Proponer alternativas que generen mayor endeudamiento a los hospitales o endilgar la crisis únicamente a problemas de gestión, desconoce las falencias estructurales del sistema y permite el paso del tiempo que arrastra consigo a las instituciones a situaciones dramáticas, afectando a pacientes y trabajadores.
Como senador de la República e integrante de la Comisión Séptima, exijo al Gobierno Nacional, a las entidades territoriales y a los órganos de control, que atiendan la grave situación financiera que hoy aqueja a gran parte de los hospitales públicos. Colombia requiere una red pública hospitalaria fortalecida, que atienda a las poblaciones más vulnerables en las regiones, garantice los derechos de los trabajadores y contribuya a la prestación de la salud como un derecho fundamental, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política y lo ratificado por la Ley Estatutaria recientemente aprobada.
