CONSTANCIA
Plenaria del Senado
Sesión del 28 de julio de 2015
La región del Catatumbo se encuentra ubicada al nororiente de Colombia en un área transfronteriza que incluye diez municipios del departamento de Norte de Santander (Ocaña, Convención, El Tarra, Hacarí, Teorama, San Calixto, La Playa, Sardinata, El Carmen y Tibú), y que se define por la cuenca del Río Catatumbo. En esa región también se encuentra la Zona de Reserva Forestal Serranía de los Motilones, bosque húmedo tropical que comprende 998.581 hectáreas, el Parque Natural Binacional Catatumbo-Bari con una extensión de 158.125 Hectáreas, y los dos Resguardos Indígenas donde se asienta el pueblo Barí, que ocupan más de 120.000 hectáreas.
Hablamos entonces de una región muy extensa, muy rica en biodiversidad y con reconocida diversidad étnica y cultural. Sin embargo, el Catatumbo también ha sido una región abandonada por las políticas sociales del Estado. Como lo ha recordado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, en nuestra región el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas es 4.4 veces superior en la zona rural en comparación con Bogotá, mientras la infraestructura en mal estado supera el 66%.
El abandono del Estado colombiano hacia el Catatumbo se ha acompañado de graves crímenes de lesa humanidad. En la memoria de la región aún se recuerdan terribles masacres contra el campesinado catatumbero, hechos donde aún hay responsables sin judicializar y donde persiste la impunidad. A lo anterior se suma una ofensiva mediática y política contra el Catatumbo. En recientes informes de investigaciones académicas, en crónicas periodísticas, o incluso en debates de la Comisión Primera del Senado, se han hecho temerarias acusaciones contra las organizaciones sociales de la región, vinculándolas con la insurgencia y con el narcotráfico, volviendo a poner en riesgo a las y los pobladores de la región.
En pasados días se anunció la reanudación de fumigaciones sobre el territorio del Catatumbo. Tal anuncio se da cuando ya se conocen los estudios de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, adscrita a la OMS, que ha señalado que el glifosato es una sustancia que puede provocar cáncer, y ante la advertencia de reconocidos juristas de que reanudar las fumigaciones implicaría vulnerar el principio de precaución, principio del derecho ambiental protegido constitucionalmente, tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado.
El gobierno nacional no ha atendido a una realidad innegable: La política antinarcóticos prohibicionista, represiva, basada en la persecución al campesinado, ha fracasado estruendosamente. Hoy las organizaciones campesinas, indígenas y afro tienen propuestas de política pública para reducir los cultivos de coca, marihuana y amapola. El punto 7 del Mandato Agrario de 2003 llevó por título “Política concertada con cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana”. En ese documento, el conjunto de las organizaciones campesinas, indígenas y afro firmantes afirmaron allí que: “La expansión de cultivos de coca, amapola y marihuana son resultado y consecuencia de la crisis económica, el conflicto social, la apertura económica, la libertad de importaciones y la concentración de la propiedad… por consiguiente no pueden ser erradicados por medios policiales o militares”.
La reanudación de las fumigaciones no solucionará el flagelo del narcotráfico y solo afectará al eslabón más débil de la cadena: al pequeño campesino cultivador que recurrió a ese tipo de cultivos ante la crisis de la agricultura tradicional. El flagelo del narcotráfico solo se superará con la participación de las comunidades afectadas y con políticas nuevas agrícolas que persuadan a los campesinos cultivadores en lugar de perseguirlos y criminalizarlos
ALBERTO CASTILLA SALAZAR
Senador de la República
Polo Democrático Alternativo
