CONSTANCIA
Plenaria del Senado
Sesión del 4 de agosto de 2015
Ríos Vivos es un movimiento de afectados por proyectos hidroeléctricos en diferentes regiones del país. Hacen una defensa valiosa de la vida, el territorio y la economía campesina, ante el despojo y los daños ambientales que este tipo de proyectos traen a las comunidades. Su trabajo incluye a los afectados por las represas que se han creado desde la década de los ochenta, las que están en construcción actualmente y las que se proyecta construir. De acuerdo con sus cálculos, ya van cerca de 100 mil personas desplazadas por represas en todo el país y miles de hectáreas productivas han sido inundadas. Esta situación les ha llevado a reivindicarse como víctimas, no del conflicto armado, sino de este modelo de desarrollo.
En repetidas ocasiones, miembros de este movimiento han sufrido amenazas, desapariciones y homicidios. La desprotección del Estado a estas comunidades las ha llevado a plantear sus reclamos en escenarios internacionales, donde han denunciado el asesinato de 51 opositores a proyectos hidroeléctricos, todos ellos integrantes de Ríos Vivos. A esta persecución, se suma la estigmatización y el desprestigio de diferentes instituciones oficiales contra su movimiento. Sus líderes me han informado que varias entidades se niegan a dialogar cuando las víctimas se identifican como integrantes de Ríos Vivos y que existe una campaña de desprestigio en su contra, con el objetivo de desestimular que las comunidades se vinculen a su movimiento y a la defensa del territorio.
El reciente y tardío anuncio de la ANLA, en el que anuncia la apertura de una investigación por el inadecuado manejo ambiental durante el llenado de la represa del Quimbo en el departamento del Huila, confirma la manera irresponsable en que el gobierno impulsa este modelo energético.
Por tanto, exijo al gobierno nacional que brinde plenas garantías al movimiento Ríos Vivos, en cuanto a su seguridad física y también frente a su legitimidad como movimiento que se opone a la construcción de represas. Son las comunidades las que deben decidir lo que se hace o no en sus territorios. No se puede continuar imponiendo un modelo que profundiza el extractivismo frente a las demás actividades productivas y que solo beneficia a las multinacionales del sector energético.
ALBERTO CASTILLA SALAZAR
Senador de la República
Polo Democrático Alternativo
