Durante el 2017 el país ha sido testigo de la manera en la que las élites gobernantes han buscado todas las formas de hacerle trampa a los mecanismos de participación ciudadana. Al histórico incumplimiento de pliegos y acuerdos pactados con sectores sociales que participan de mecanismos de movilización ciudadana, se suman este año las intenciones de torpedear y obstruir los mecanismos de participación contemplados en la ley 1757 de 2015.
La ciudad de Bogotá enfrenta hoy esta situación, tras radicar ante la Registraduría Distrital más de 700.00 firmas para revocar al alcalde Enrique Peñalosa Londoño con el justificado argumento de insatisfacción general de la ciudadanía, contemplado en el artículo 65 de la ley 134 de 1994. Estas firmas expresan la insatisfacción con el mandato del alcalde con la mayor desaprobación del país (más del 80%); y quien se ha caracterizado por políticas en contra del medio ambiente, privatización de empresas de servicios públicos, desalojos forzosos, aumentos en las tarifas de transporte y violencia hacia las y los vendedores ambulantes.
No deja de ser un mensaje desalentador y contradictorio para la ciudadanía que cuando por primera vez desde 1991 se está tan cerca de revocar a un mandatorio local, magistrados del Consejo Nacional Electoral en representación de partidos políticos tradicionales, pretendan obstruir y modificar el procedimiento de revocatoria de mandato mediante una resolución que establecería efectos retroactivos y modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana para cambiar los procedimientos establecidos en los procesos de revocatoria de mandato que ya están en curso.
Como Senador de la República solicito al Consejo Nacional Electoral no extralimitarse en el ejercicio de sus funciones con decisiones arbitrarias e insto a sus miembros a respetar y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. Así mismo, invito a la sociedad bogotana a continuar defendiendo sus derechos con su movilización y participación activa.
