Varios congresistas de oposición, junto a diversas organizaciones de derechos Humanos, presentaron una Acción Pública de Inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en diciembre de 2021, pues afirman que la mencionada ley va en contravía de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, desconoce principios constitucionales del país y va en contravía de lo sugerido por organismos internacionales en materia de Derechos Humanos.
Bogotá, Febrero 15 de 2022- La acción de inconstitucionalidad presentada en la mañana de este martes 15 de febrero, demanda 13 artículos de la ley 2197 de 2022, a través de la cual se introducen modificaciones a cuatro códigos preexistentes. Así mismo demandan la Ley 2197 la cual regula el uso de armas, elementos y dispositivos denominados “menos letales”.
Dentro de la argumentación presentada, los demandantes llaman a que la Corte falle en favor del Estado social de derecho en consecuencia con lo que ya expresó en el 2021, afirmando que “En la sentencia C-134 de 2021 la Corte Constitucional precisó que la Seguridad Ciudadana debe ser vista a la luz de la seguridad humana, la cual subraya la importancia de garantizar, de modo articulado, la paz, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos, de un modo eficazmente orientado a la prevención”. En contraste, la Ley Seguridad Ciudadana (Ley 2197 de 2022), vulnera múltiples principios constitucionales y desconoce los informes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH y la Oficina de la delegada ante las Naciones Unidas en Colombia, según el documento radicado.
Congresistas y organizaciones de derechos humanos insisten en que artículos de las leyes demandadas, como la reglamentación de la fuerza letal y la creación de nuevos delitos, en especial aquellos que criminalizan la protesta social, obstaculizan la defensa de los Derechos Humanos e impiden la veeduría y el control de la función pública; así mismo, la agravación de penas; las armas de “menor letalidad” en futuros escenarios de movilización y protesta pueden ser excusa para no brindar garantías a las y los ciudadanos o incrementar las agresiones por parte de la fuerza pública tal y como lo vivió el país en el reciente estallido social.
Dentro de los argumentos expresados, justificados en más de 90 páginas, los demandantes afirman que las leyes en cuestión desconocen principios fundamentales de la Constitución Política y puede existir una vulneración del derecho al debido proceso, el principio de legalidad, la libertad de expresión y se pone en riesgo el derecho a la protesta social.
El senador Alberto Castilla declaró, luego de la radicación, que “la Ley de seguridad ciudadana aprobada por las mayorías del congreso y sancionada por el presidente tiene un talante autoritario supremamente grave y pone en riesgo a la juventud y la ciudadanía que se movilice en el país”.
Finalmente, los demandantes solicitan a la Corte declarar inexequibles expresiones contenidas en los artículos 3, 5, 12, 13, 20, 24, 25, 28, 30, 31, 40 y 48 de la Ley 2197 de 2022. Con ello, buscan que se brinden plenas garantías a las personas que ejerzan su legítimo derecho a la protesta social y se impida que continúe la violación masiva de derechos en el país amparados por este tipo de leyes, nocivas para el estado social de derecho.
Firman la demanda:
Congresistas: Iván Cepeda, Wilson Arias, Pablo Catatumbo, Germán Navas Talero, Feliciano Valencia, Alexander López, Jesus Alberto Castilla, Luis Fernando Velasco y Jose Aulo Polo,
Organizaciones de Derechos Humanos: La Coordinación Colombia estados Unidos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), la Corporación Jurídica Libertad, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la campaña Defender la libertad es asunto de todos, la Coordinadora de Derechos Humanos de Marcha Patriótica, Proceso de Unidad Popular del suroccidente Colombiano (PUPSOC).
2022.02.14 - API Seguridad Ciudadana-1
