Durante el fin de semana, el senador Alberto Castilla se reunió con líderes campesinos del sur del departamento, de los municipios de Campo de la Cruz y Santa Lucía, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones del Canal del Dique,
cuyo nivel de deterioro está poniendo en riesgo a las comunidades que viven en los municipios aledaños, por la amenaza de inundación inminente. Es más, hace un par de días se reportó un desbordamiento en el municipio de Mahates (Bolívar) debido a un boquete en el Canal. La inundación abarcó miles de hectáreas de cultivos de alimentos como yuca, maíz, melón, papaya, plátano, habichuela y frijol que se distribuyen hacia Cartagena y otras zonas del departamento.
Igualmente, desde el 22 de mayo más de 13 municipios del sur del Atlántico y el norte de Bolívar se han visto afectados por desbordamientos de ríos, situación que ha sido declarada calamidad pública en la región. Los municipios de Mahates, San Estanislao de Kostka y Soplaviento, en Bolívar, son los más afectados por el estado del Canal.
Sin embargo, desde el año 2010 el Canal del Dique está siendo objeto de intervenciones, después de un rompimiento que generó un boquete de 214 metros en la carretera, y dejó más de 102 mil damnificados y al menos cinco municipios de cada uno de estos departamentos, bajo el agua. A pesar de que la Gobernación recibió más de 120 demandas por esta grave situación, el Tribunal Administrativo del Atlántico exoneró a la entidad arguyendo que el rompimiento “fue un caso de fuerza imprevisible e irresistible que no fue causado por negligencia de las autoridades administrativas”.
Han pasado ya siete años desde este episodio y las obras destinadas a la recuperación del Canal y el cierre de los boquetes que se han encontrado han sido lentas, generando calamidades como las que el día de hoy están viviendo las comunidades afectadas por las recientes inundaciones. En este contexto, los gobernadores de los departamentos de Bolívar y Atlántico, y el gerente del Fondo de Adaptación, suscribieron un acuerdo para la ejecución de un megaproyecto, por un valor de 2 billones de pesos, que incluye la construcción de compuertas y esclusas para mejorar la navegabilidad y disminuir el riesgo de desbordamientos.
Si bien es de celebrar que se suscriban este tipo de acuerdos para el mejoramiento de la situación de las comunidades que se encuentran en un riesgo inminente, es preciso que las obras para la reparación y adecuación del Canal sean realizadas prontamente, de no ser así, estamos ante un escenario muy peligroso para la vida de los pobladores de la región y para su estabilidad socioeconómica, así como para el abastecimiento de alimentos, ya que la afectación de los cultivos para su comercialización y distribución ha sido una constante en esta situación.
