«Gobierno Nacional abandona vía del diálogo para tomar vías de hecho».
Desde el pasado martes 16 de mayo, en Buenaventura se está llevando a cabo un paro cívico para exigir al Gobierno Nacional políticas que mitiguen la crisis social y ecológica del municipio.
Se han establecido 40 puntos de concentración mientras se intenta conciliar a través de una mesa de negociación con delegados del gobierno y de las comunidades. Sin embargo, el día de hoy, el Ministerio de Ambiente decidió retirarse de la mesa de diálogo.
Desde horas de la mañana, el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD ha arremetido contra las personas que se encuentran en varios de los puntos. En este momento se denuncia un número indeterminado de heridos, entre mujeres, niñas y niños, y defensores de Derechos Humanos, entre los que se identifican James Larrea, Jorge Omar Carrillo, y José Ferney Giraldo quien, además, fue detenido por la policía.
Desde los puntos de movilización se está exigiendo declaración inmediata de emergencia humanitaria, pues no hay garantías de derechos para los participantes de la protesta y la situación es cada vez más grave. Si hay presencia de la fuerza pública, que ésta sea para proteger la vida y la integridad de los manifestantes y garantizar sus derechos.
Ante esta grave situación, solicitó al Gobierno Nacional elegir el diálogo como única medida para dar respuesta, pues la violencia solamente está generando una postura defensiva de las comunidades que se encuentran en completa desprotección ante las armas del Estado.
Solicito la reinstalación inmediata de la mesa de diálogo para que haya una salida acordada a la crisis que está afectando al municipio hace décadas.
Un gobierno que plantea construir la paz, no puede actuar con más violencia para resolver los conflictos sociopolíticos de las comunidades. El movimiento social colombiano necesita garantías para ser oposición y exigir sus derechos por las vías constitucionales que ya existen.
Cualquier violación de derechos de la comunidad, como las que se están denunciado, serán responsabilidad directa del Gobierno Nacional.
Alberto Castilla
Senador de la República
