El Comité de Integración Social del Catatumbo – CISCA, organización de la que es integrante el Senador Alberto Castilla, publicó el siguiente comunicado donde rechazan los anuncios de inicio del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre – PECAT en la región y exigen al gobierno nacional que suspenda definitivamente las agresiones contra los habitantes de la región y se implementen los acuerdos firmados con las comunidades en materia de sustitución de cultivos.
UNA GUERRA, MIL BATALLAS
Despertarse cada día en este país y particularmente en regiones como el Catatumbo, demanda creatividad y valentía, creatividad para adivinar por dónde iniciará la batalla de ese día y valentía para sobrevivir física, moral y culturalmente.
En la región del Catatumbo se presentan de manera recurrente todas las formas de violencia. Aquí la violencia estructural expone a la población a enfrentar una pandemia de las dimensiones de la COVID-19, con un hospital de segundo nivel en precarias condiciones, que solo cuenta con cuatro camas para cuidados intensivos y dos de cuidados intermedios destinados a la atención de 250.000 personas; realidad que contrasta con la existencia de seis batallones militares, una fuerza de tarea y una fuerza de despliegue rápido, con el más alto desarrollo tecnológico, logístico, y el acompañamiento y la asesoría de tropas estadounidenses.
Por su parte, la violencia directa es pan de cada día. Mueren asesinados líderes sociales, campesinos, jóvenes, mujeres. En menos de un mes han ocurrido una presunta ejecución extrajudicial en el municipio de Teorama, una masacre en el municipio de Tibú, y la desaparición de cuatro personas en la vía entre Cúcuta y Tibú.
Las personas son ejecutadas, masacradas o desaparecidas porque son “guerrilleras”, “terroristas”, “narcotraficantes”, porque el Catatumbo es una región “violenta”, argumentan algunos generadores de opinión desde la comodidad de sus asientos y sin el más mínimo asomo de vergüenza deshumanizan, despojan de dignidad, matan de otra forma. Como en el caso de Salvador Jaime, el joven campesino víctima de una presunta ejecución extrajudicial, primero se le mata físicamente, y luego esos mismos generadores de opinión matan su dignidad, lo acribillan moralmente, validan su asesinato.
Tendría que ser Macondo para imaginar que después de tanta tragedia junta, el gobierno nacional decida iniciar este 20 de julio el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre – PECAT, pero no es Macondo, es el Catatumbo, lo que nos lleva a suponer los propósitos que persigue el gobierno, los cuales podrían consistir en escalar un conflicto con Venezuela, lo que explica la presencia de tropas estadounidenses; y disminuir los cultivos de coca en un 50% para estabilizar el mercado internacional y de paso las economías de varios países, entre ellos Colombia, pues según el diario La República, en artículo del 18 de noviembre de 2019, el “narcotráfico pesa hasta $19 billones en el producto interno bruto” nacional, lo que deja claro el interés de sectores políticos y de gobierno en este lucrativo negocio.
La erradicación, en cualquiera de sus formas, agudizará la crisis social y económica que vive la región, provocará movilizaciones sociales, concentraciones, disparará el contagio; con preocupación vemos que nuevamente se conjugarán todas las formas de violencia contra el campesinado, exacerbadas por la política gubernamental.
La población del Catatumbo no es violenta, es violentada de manera permanente, no se le perdona que sobreviva física, moral y culturalmente; aún así creemos en la paz, en el diálogo como vía para solucionar problemáticas tan complejas como las relacionadas con los cultivos de uso ilícito, prueba de ello son los cientos de familias que firmaron acuerdos para sustituir voluntariamente, familias que siguen esperando que el gobierno nacional cumpla su palabra. Otra prueba evidente es la decisión de muchas familias que sin ningún tipo de contraprestación han abandonado el cultivo de coca y han retornado a la economía campesina, a la producción de alimentos.
Por las razones anteriores exigimos al gobierno nacional parar las agresiones contra las comunidades que habitamos el Catatumbo, cumplir los acuerdos firmados en materia de sustitución de cultivos de coca, y atender la crisis sanitaria de manera prioritaria y urgente.
Comité de Integración Social del Catatumbo – CISCA
Julio de 21 de 2020
Comunicado en PDF
Foto tomada de El Tiempo
