En un desayuno citado en el Salón Amarillo del Senado de la República, se presentó el informe final de la Caravana Humanitaria por la vida que realizaron más de cien organizaciones por tres zonas del Bajo Atrato en el Chocó que se realizó entre el 5 y el 13 de Agosto de este año.
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Luego de llevar a cabo esta Caravana Humanitaria en el Departamento de Choco, las organizaciones sociales internacionales, nacionales, defensores y defensoras de Derechos Humanos, sindicatos y demás ongs que participaron en la misma, expresamos nuestra profunda preocupación ante la grave situación humanitaria que se está viviendo en el Departamento del Choco. En este departamento, sus pobladores se encuentran en inminente riesgo por varias dinámicas poco favorables, entre ellas, el abandono por parte del Estado Colombiano y la falta de políticas públicas, ausentes desde hace ya varias décadas, arrojando pobreza extrema, miseria, desigualdad y muerte a lo largo y ancho del mencionado departamento.
En el desarrollo de este ejercicio se pudo verificar la vulneración a los derechos a la vida, al territorio, así como a los derechos sociales, culturales y ambientales, lo cual es la constante en este Departamento, ausente de políticas sociales estatales para hacerle frente a estos matices de desigualdad y muerte. Partiendo de la situación denunciada por instituciones como la Defensoría del Pueblo, organizaciones sociales del país y las mismas Naciones Unidas, respecto al riesgo a la vida de sus habitantes y el peligro del medio ambiente. La continuidad de asesinatos, violaciones, agresiones sexuales, desplazamientos forzados individual y colectivo, torturas, genocidio, amenazas y confinamiento, continua siendo el común denominador contra la integridad humana; así como la afectación al medio ambiente como el estractivismo, deforestación, cultivos de narcotráfico, aspersiones aéreas y los megaproyectos extractivos como Maderas del Darien y los planes de infraestructura como los canales interoceánicos, autopistas, interconexión eléctrica y la canalización de los afluentes del Rio Atrato, proyecciones nefastas que obedecen a obras y reordenamientos del territorio, que no concuerdan con los planes de vida y prioridades de las comunidades étnicas.
Así mismo, fue notable el temor constante de los habitantes siendo el silencio un factor generalizado de la población en materia de casos de violaciones de derechos humanos, convirtiéndose en una conducta marcada e impuesta en los territorios que logramos visitar. El miedo y el silencio se han convertido en un factor de medición, donde es evidente que factores internos violentos influyen en esta conducta de no hablar y denunciar violaciones de Derechos Humanos, teniendo en cuenta que la presencia paramilitar y la incursión de la fuerza pública son los actores armados con más presencia de acuerdo a los antecedentes de la región desde los años 80, sumado a las fuertes acciones militares de bombardeo por parte de la fuerza pública como ocurrió en el año 1997 en la operación Génesis, existiendo desde ese entonces, esa fuerte relación en entre la fuerza pública y los paramilitares. Esta situación a la fecha ha llevado a investigaciones a altos oficiales de la época como RITO ALEJO DEL RIO, causando fuerte preocupación a los integrantes de la Caravana que estos correlacionamientos del estado con la criminalidad a la fecha se puedan repetir, con los Comandantes de la Fuerza Pública de Norte del Choco, occidente de Antioquia y todo lo competente a la Séptima División, la cual tiene la competencia en este territorio.
También se pudo resaltar que la única presencia del Estado Colombiano se traduce en personal armado, ejerciendo un fuerte control en la circulación, lejos de planes gubernamentales en materia social, de garantías de retorno de los desplazados y la recuperación de tierras abandonadas por los bombardeos y el conflicto colombiano, pertenecientes a las comunidades negras e indígenas.
Respecto a la salud, servicios públicos, educación y vías de acceso la situación es muy precaria, siendo los casos de desnutrición bastante repetitivos en las comunidades de negros e indígenas, evidenciándose la falta de instalaciones y/o puestos médicos y personal idóneo, sumado a la falta de agua potable, la ausencia de energía eléctrica y el mantenimiento de las fuentes hídricas y su tránsito navegable en el mismo, la cual es bastante deficiente. Estas circunstancias deben cambiar en aras de mejorar el acceso a las zonas más apartadas del Rio Atrato y sus afluentes lo cual podría dar salida a sus productos rápidamente y fortalecería sus economías propias garantizando así la evacuación rápida de personas en caso de enfermedades y traslado de pacientes. Referente a la educación es necesario fortalecer a las comunidades con centros y/o establecimientos de primaria, secundaria y la creación de un centro de educación superior y profesional que ofrezca cobertura a todas y todos sus habitantes. Tales soluciones del Gobierno Nacional deben estar dentro del marco del respeto al rio, a las jurisdicciones especiales, el medio ambiente y la vida en el territorio, para garantizar así la existencia y permanencia de las poblaciones, respetando su cosmovisión, cultural y costumbres.
En consecuencia, el tipo de medidas o estrategias que se construyan para afrontar esta grave crisis deben ser concertadas con las comunidades para asegurar tanto el respeto por el gobierno propio de las mismas, como su efectividad, sin olvidar que el estado debe cumplir con la conservación, protección y mantenimiento del río Atrato como sujeto de derechos, invitando también al estado Colombiano a mediar en los conflictos limítrofes de tierras entre las comunidades negras e indígenas.
Así mismo en el tema de género, falta fortalecimiento y pedagogía para que las comunidades diseñen planes y programas de empoderamiento y participación real de las mujeres en estructuras organizativas. Visión que nunca ha sido garantizada y puesta en conocimiento por parte del estado colombiano, donde esta situación ni siquiera es discutida por los organismos gubernamentales locales, departamentales y nacionales, temas totalmente desconocidos para las comunidades y que deja a la mitad de su población, en este caso las mujeres, excluidas del propio desarrollo de sus pueblos.
Es urgente el cumplimiento y respeto a los acuerdos entre el Estado y las comunidades negras e indígenas que se han firmado producto de ejercer el derecho a la protesta mediante mingas y efectivas movilizaciones. Así mismo la apertura de mesas de dialogo con los actores armados irregulares de la región a fin de disminuir los efectos del conflicto armado, siendo estos acuerdos participativos con las comunidades, así como constructivos con la sociedad civil.
Por último, la implementación de planes para garantizar estas falencias anteriormente descritas, se requiere de carácter urgente. Se debe llegar a acuerdos previos con las comunidades a fin de garantizar la vida, el territorio, el medio ambiente, derechos sociales y culturales, donde delegados de esta Caravana estarán atentos para aportar en la construcción de los mismos a favor de la población, siendo garantes y veedores de la implementación correcta y acorde con el medio ambiente y las comunidades, recordando que el departamento del Choco es fuente de vida para todos los habitantes del planeta, ya que cuenta con uno de los recursos hídricos más importantes del mundo.
El llamado no solo al Gobierno de Colombia, si no a la comunidad nacional e internacional, a la Defensoría del Pueblo, a la Iglesia, a las organizaciones sociales nacionales e internacionales, defensoras y defensores de derechos humanos es para fortalecer estos planes de mejoramiento, acompañamiento y dar mejor calidad de vida y así fortalecer una Colombia libre y soberana.
