El abc del Proyecto de Acto Legislativo // Reconocimiento del campesinado

El abc del Proyecto de Acto Legislativo No ___ de 2016

“Por medio del cual se reconoce al Campesinado como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones sobre la consulta popular”

1) ¿Cuáles son las pretensiones del proyecto de Acto Legislativo?

El proyecto pretende adecuar la Constitución Política a las realidades sociales y a las exigencias del campesinado colombiano en nuestros días, también busca convertirse en una herramienta efectiva para garantizar los derechos de los campesinos y campesinas. Lo anterior se hará mediante la reforma del artículo 64 de la Constitución.

2) ¿Cuáles son los elementos que le dan sustento al proyecto de Acto Legislativo?

Los elementos constitutivos de la reforma son los siguientes:

  • Reconoce al campesinado como sujeto de especial protección, al reemplazar el concepto de “trabajador agrario” por los conceptos de “campesino” y “campesina”.
  • Pasa de reconocer el acceso a la tierra a reconocer el derecho a la tierra individual y colectiva.
  • Reconoce la construcción social del territorio por parte de las comunidades campesinas.
  • Reconoce el derecho a las semillas.
  • Reconoce a las mujeres campesinas y garantiza la equidad de género en la distribución de los recursos productivos en el campo.
  • Establece la obligatoriedad del mecanismo de participación de consulta popular en caso de que haya afectación de tierras y territorios campesinos.
  • Ordena adaptar los derechos sociales reconocidos universalmente a las necesidades particulares del campesinado y de la vida en el campo.

 

3) ¿Qué ideas principales sustentan la reforma constitucional que se pretende establecer?

Los principios que sustentan el proyecto de Acto Legislativo hacen referencia a: i) El campesinado debe verse cobijado en la figura de sujeto de especial protección; ii) la garantía del derecho a la tierra y al territorio, desde un enfoque que garantice la equidad de género; iii) el derecho a la autodeterminación del sujeto campesino; iv) el derecho a la participación política directa por parte del campesinado en la toma de decisiones que les afecten y v) la garantía en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales –DESC- del campesinado.

4) ¿Cuáles son los cambios estructurales que propone el proyecto de Acto Legislativo?

El proyecto parte de una realidad insoslayable que tiene que ver con la deficiente protección jurídica del campesinado en la Constitución Política de 1991. El enfoque actual, establecido en la Carta Política, reconoce al campesino y campesina como sujetos en función de su vocación productiva y como sector productivo antes que como grupo social con identidad y prácticas propias. En este sentido, la reforma constitucional pretende reconocer explícitamente al campesinado como sujeto de especial protección constitucional, reconociendo a su vez, el particular relacionamiento que tienen con la tierra y el territorio a través de la producción de alimentos conforme a la economía campesina y la protección del ambiente. Se denota entonces la intención de la reforma constitucional de cambiar el enfoque en la protección del campesinado, reconociéndose su vocación de grupo social con identidad y prácticas propias.

5) ¿Cuáles son las justificaciones que dan sustento a la actual reforma constitucional?

La reforma constitucional se justifica en razón de la compleja realidad social que padecen nuestros campesinos y campesinas. Las cifras son reveladoras: 1) según el Dane los porcentajes de pobreza en el sector rural alcanzan la escandalosa cifra del 41,4%, siendo casi tres veces mayor que en las ciudades principales, mientras las cifras sobre pobreza monetaria extrema arriban al 19,1%. Esta situación de extrema vulnerabilidad social golpea con mayor fuerza a las mujeres campesinas, quienes según el PNUD viven en condiciones sociales críticas.

2) Los niveles de concentración de la tierra siguen siendo dramáticos y no ha cesado de crecer como la misma Corte Constitucional ha reconocido (sentencia, C-644 de 2012). Para 2014 el 4% del área correspondía a predios entre 3 y 10 hectáreas, mientras que la propiedad de más de 200 hectáreas correspondía al 72% del área rural. El coeficiente Gini de propietarios refuerza esta alarmante realidad al reconocer que entre el año 2000 a 2010 creció de 0,86 a 0,88 siendo uno de los países con mayor índice de desigualdad;

3) La importación de alimentos ha alcanzado una cifra muy elevada si se tiene en cuenta nuestra vocación agraria. Para 2013 se importaron un total de 9’610.167 toneladas de alimentos, correspondientes a 7.240 millones de dólares, esto como consecuencia de que en Colombia solo se dedique a las actividades agrícolas y silvoagrícolas un total de 4,9 millones de hectáreas, pese a que cerca de 21, 5 millones de hectáreas tendrían aptitud agrícola. Lo anterior pone en seria duda la posibilidad de que el país garantice su seguridad y soberanía alimentaria.

4) Son ampliamente conocidos por la opinión pública los procesos de despojo violento y desplazamiento forzado a los que se han visto sometidos los campesinos y campesinas. Según la ONG internacional Human Rights Watch, se estima que 6 millones de hectáreas fueron abandonas por el conflicto armado, estando aún gran parte en manos de los usurpadores. Esta difícil realidad social que afronta el campesinado debe ser subsanada desde el poder legislativo, razón por la cual se presenta esta reforma constitucional.

6) ¿Cuál es el objetivo de la presente reforma constitucional?

 Según el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para superar el estado de crisis estructural que padece el sector rural, los Estados deberían adoptar al menos tres medidas: 1) Aplicar de manera más adecuada las normas vigentes; 2) llenar las lagunas existentes en el derecho; y 3) elaborar un instrumento jurídico sobre los derechos de las personas que trabajan en las zonas rurales. En este sentido, el objetivo de la actual reforma radica en atacar la discriminación y vulnerabilidad del campesinado colombiano a través de la consagración de estas tres medidas en un instrumento jurídico interno. Para ello, la reforma que se pretende, reforzará los supuestos del Estado social de derecho, al tiempo que colmará lagunas existentes en el reconocimiento de nuevas realidades y nuevos derechos. Al proponerse un articulado que será el fundamento de nueva normatividad, se amplían las posibilidades para el reconocimiento de los campesinos y campesinas y la protección de sus derechos.

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Demanda de Insconstucionalidad Ley Zidres

Bogotá D.C., 4 de marzo de 2016
HONORABLES MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA
E.S.D.

Referencia: Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 3 que contiene los literales a, b, c, d, e, el parágrafo 3 del artículo 3, parágrafo 4 del artículo 3, los parágrafos 1 y 2 del artículo 7, los artículos 8, 10, 13, 14, 15, 17 (parcial), el inciso primero del articulo 20 y los incisos segundo, tercero y quinto del artículo 21 de la Ley 1776 de 2016 “Por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES” por vicios de fondo; y contra la totalidad de la misma ley por vicios de forma.
Nosotros, Iván Cepeda Castro, Alirio Uribe Muñoz, Alberto Castilla Salazar, Inti Raúl Asprilla Reyes, Ángela María Robledo, en nuestra calidad de Congresistas de Polo Democrático y el Partido verde respetivamente; Blanca Irene López de la Corporación Jurídica Yira Castro; Nury Peralta y Jhenifer María Mojica Flórez de la Comisión Colombiana de Juristas; Sebastián Quiroga, Paula Mogollón, y Jimmy Alexander Moreno en representación del Congreso de los Pueblos, Wilson Ignacio Galindo Hernández en representación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luz Perly Mosquera en representación de la Marcha Patriótica, César Jerez en representación en representación de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Astolfo Aramburo Vivas en representación del Proceso de Comunidades Negras, y Eberto Díaz en representación de Fensuagro, todos ellos a nombre propio, en nombre de sus organizaciones y de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; Fabián Laverde en nombre propio y en representación de la Corporación Social para la asesoría y la capacitación comunitaria, Adriana Marcela Castro Ángel en nombre y representación de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello; Andrés Fuerte Posada, Carlos Alberto Suescún Barón, Juan Ricardo Garnica, Paola Fonseca, Daniel Alzate Mora, Ana Jimena Bautista Revelo, Viviana Tacha Gutiérrez y Adriana Lizeth López, ciudadanos y ciudadanas colombianas, todos identificados como aparece al pie de nuestras firmas, respetuosamente presentamos ante la Corte Constitucional DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD contra el inciso segundo del artículo 3 que contiene los literales a, b, c, d, e, el parágrafo 3 del artículo 3, parágrafo 4 del artículo 3, los parágrafos 1 y 2 del artículo 7, los artículos 8, 10, 13, 14, 15, 17 (parcial), el inciso primero del articulo 20 y los incisos segundo, tercero y quinto del artículo 21 de la Ley 1776 de 2016 “Por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES” por vicios de fondo; y contra la totalidad de la misma ley por vicios de forma.

Documento Completo Demanda Final Zidres

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Representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, instauró queja disciplinaria contra el Superintendente de Notariado y Registro, por su actuación en el trámite del proyecto de ley de baldíos.

El representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, radicó a instancias de la Procuraduría General de la Nación, queja disciplinaria contra el superintendente de notariado y registro, Jorge Enrique Vélez por extralimitación en sus funciones, al actuar como impulsor del proyecto de Ley 133 de 2014 Cámara que trata de reformar la política de baldíos y crea las denominadas ZIDRE – Zonas de Interés para el Desarrollo Rural y Económico. Leer más

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Con mercado campesino en el Congreso se radicará proyecto que reconoce derechos al campesinado

El próximo martes 5 de abril, el Senador y líder campesino Alberto Castilla radicará el Proyecto de Acto Legislativo “Por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones sobre la consulta popular”. El acto contará con la asistencia de líderes de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y otras organizaciones sociales, congresistas de diferentes bancadas y la realización de un mercado campesino en las instalaciones del Congreso de la República. Leer más

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Constancia Desplazamiento del Catatumbo

CONSTANCIA

Plenaria del Senado

Sesión del 16 de agosto de 2016

La región del Catatumbo se encuentra ubicada al nororiente de Colombia en un área transfronteriza que incluye diez municipios del departamento de Norte de Santander (Ocaña, Convención, El Tarra, Hacarí, Teorama, San Calixto, La Playa, Sardinata, El Carmen y Tibú), y que se define por la cuenca del Río Catatumbo. En esa región también se encuentra la Zona de Reserva Forestal Serranía de los Motilones, bosque húmedo tropical que comprende 998.581 hectáreas, el Parque Natural Binacional Catatumbo-Bari con una extensión de 158.125 Hectáreas, y los dos Resguardos Indígenas donde se asienta el pueblo Barí, que ocupan más de 120.000 hectáreas.

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¡Que se reconozca al campesinado!

Compartimos proyecto de Acto Legislativo que busca que dentro de la constitución se reconozca al campesino y la campesina como sujetos de especial protección y con derecho a semillas, territorialidad propia, participación política y consulta popular.

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Constancia Nación Indígena U´wa

CONSTANCIA

Plenaria del Senado

Sesión del 26 de julio de 2016

La Nación Indígena U´wa, pueblo indígena que sufre un grave riesgo de exterminio físico y cultural, es uno de los pueblos originarios que ha pasado a la historia por su férrea defensa de su territorio ancestral. Como bien lo conoce el país, desde el pasado 20 de julio integrantes de la Nación Indígena U´wa han decidido realizar una acción colectiva pacífica consistente en ejercer control territorial del Pozo de extracción de gas Gibraltar. Según los comunicados publicados por las autoridades indígenas, dicha acción busca obtener por parte del Gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos a los que éste había llegado a través de los entonces ministros del Interior y de Minas y Energía en reuniones de diálogo intercultural llevadas a cabo en abril y mayo de 2014.

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Constacia Ley Zidres

CONSTANCIA

Plenaria del Senado

Sesión del 2 de agosto de 2016

El gobierno firmará el Decreto que reglamenta las Zidres sin esperar a fallo de la Corte y sin consultar con el campesinado

El gobierno nacional se apresta a firmar el Decreto reglamentario de la Ley 1776 de 2016 mediante la cual se crean las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), con lo cual se evidencia el desdén del Presidente Santos por las exigencias jurídicas y políticas del movimiento campesino. Valga recordar que junto a los congresistas Iván Cepeda, Alirio Uribe, Inti Asprilla y Ángela María Robledo, en articulación con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, interpusimos la primera demanda contra la ley 1776 en marzo de este año. Valga recordar también que el pliego de exigencias de la minga campesina, afro e indígena de hace unas semanas incluyó un expreso rechazó a las Zidres y exigió un ordenamiento del territorio acorde con las exigencias de las comunidades rurales.

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¿El campo para los inversionistas o para el campesinado?

El mismo día que instalaba la mesa de negociación con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, el Gobierno Nacional radicó en el Congreso el Proyecto de Ley número 133 de 2014 más conocida como Ley ZIDRES (Zonas de Interés de Desarrollor Rural y Económico). Leer más

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Constancia Corponor

CONSTANCIA

Plenaria del Senado

Sesión del 11 de noviembre de 2015

En mi calidad de nortesantandereano y Senador de la República de Colombia por el Polo Democrático, observo con profunda preocupación lo que ocurre alrededor de la elección de la primera autoridad en materia ambiental de mi departamento, el Director de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor).  Las denuncias públicas sobre sobornos e inhabilidades tienden un manto de duda preocupante en un proceso tan delicado y relevante como el mencionado. Leer más

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