Audiencia Pública: “Implementación de la Reforma Rural Integral y el Plan nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito”

El próximo Jueves 22 de Junio, llevaremos a cabo la Audiencia Pública: “Implementación de la Reforma Rural Integral y el Plan nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito”, en el Salón Luis Carlos Galán del Capitolio Nacional. Leer más

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Senado hunde proyecto de campesinado

En sesión plenaria del Senado del 12 de diciembre, el senador Roberto Gerlein presentó una proposición donde solicitó sacar del orden del día el Proyecto de Reforma constitucional que buscaba reconocer a los campesinos como sujetos de especial protección,  con el fin de avanzar hacia la justicia social para el campo y sus habitantes. La plenaria aprobó la proposición con 28 votos a favor frente a 25 en contra.

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El ABC del proyecto que busca hacer visible al campesinado colombiano

A pesar que el campesinado Colombiano ha sido un actor histórico y fundamental en la construcción del país, jurídicamente no existe. Por eso el primer senador Campesino que alcanza esta curul, también vocero del Congreso de los Pueblos, ALBERTO CASTILLA el próximo 5 de Abril de este año radicará un proyecto que busca el reconocimiento del sector que él representa. Conozca los elementos más importantes de esta iniciativa y el documento completo

 

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Las Zidres impiden la construcción de la paz en Colombia

“La Ley de las Zidres  transformará de manera radical el campo colombiano y las condiciones de vida de sus pobladores”. Senador Alberto Castilla

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Gobierno incumple acuerdos a la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular

Campesinos, indígenas y afrocolombianos del campo a la ciudad

Desde el pasado 30 de agosto han llegado a Bogotá, mas de 5000 campesinos, indígenas y afrocolombianos, provenientes de diferentes partes del país. Todos ellos hacen parte de las 13 organizaciones que hoy componen la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Leer más

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Por qué debe promoverse el reconocimiento político del Campesinado en la Constitución Nacional

A pesar de su constante aporte a la nación, el campesinado no ha logrado que se reconozca su importancia como sujeto histórico. Esto concluye el informe de desarrollo humano de 2011, que prestó especial atención a la situación de las zonas rurales de Colombia. Allí se aseguró, de manera contundente, que hay una falta de reconocimiento de los campesinos y campesinas como actores sociales plenos[1], y se recomendó avanzar en procesos de inclusión social, política y económica del campesinado como pasos necesarios para profundizar la democracia en las zonas rurales donde los campesinos debemos ser protagonistas (PNUD, 2011).

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Proyecto de Acto Legislativo Nº 06 de 2016

“Por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones sobre la consulta popular”

1. El artículo 64 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 64: Los campesinos y campesinas son sujetos de especial protección. Las comunidades campesinas tienen un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos conforme a la economía campesina y la protección del ambiente, así como en tradiciones y costumbres compartidas que los distinguen de otros grupos sociales.
Se garantiza el derecho a la tierra. Es deber del Estado promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra en forma individual, asociativa o colectiva, así como a otros recursos productivos. En todos los casos la distribución de los recursos productivos garantizará la equidad de género.

El Estado reconoce y protege el derecho de las comunidades a mantener, controlar y desarrollar sus conocimientos tradicionales, recursos genéticos y semillas conforme a su modo de vida.

El Estado reconocerá diversas formas de territorialidad campesina en áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieran o permitan el fortalecimiento de la economía propia y el desarrollo de planes de vida de comunidades campesinas.

Las comunidades campesinas tienen derecho a participar de manera activa en el ordenamiento del territorio y en los asuntos que les afecten. En los casos en los que se planee la realización de proyectos que impliquen la intervención o afectación de territorios campesinos, de tierras destinadas a la agricultura basada en la economía campesina o de recursos naturales existentes en estos territorios, el Presidente de la República, los gobernadores o alcaldes, según sea el caso, deberán realizar una consulta popular con los habitantes de las tierras o territorios afectados.

En todos los casos la decisión tomada por el pueblo será obligatoria.
Los derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la seguridad social, a la recreación y demás derechos tendientes a mejorar la calidad de vida del campesinado se adecuarán, en su formulación y aplicación, a las necesidades campesinas. El Estado garantizará el acceso a servicios de crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial en forma individual y colectiva a campesinos y campesinas, con el fin de mejorar su ingreso y de garantizar el pleno goce de sus derechos.
Parágrafo: Una ley reglamentará y desarrollará la forma como se garantizará la protección especial de los campesinos y campesinas. También reglamentará el reconocimiento de la territorialidad campesina, sus características y los procedimientos para su delimitación, así como el mecanismo de consulta del que trata este artículo.

Artículo 2. El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación.

Documento completo: Proyecto de Acto Legislativo Nº 06 de 2016

 

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El abc del Proyecto de Acto Legislativo // Reconocimiento del campesinado

El abc del Proyecto de Acto Legislativo No ___ de 2016

“Por medio del cual se reconoce al Campesinado como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones sobre la consulta popular”

1) ¿Cuáles son las pretensiones del proyecto de Acto Legislativo?

El proyecto pretende adecuar la Constitución Política a las realidades sociales y a las exigencias del campesinado colombiano en nuestros días, también busca convertirse en una herramienta efectiva para garantizar los derechos de los campesinos y campesinas. Lo anterior se hará mediante la reforma del artículo 64 de la Constitución.

2) ¿Cuáles son los elementos que le dan sustento al proyecto de Acto Legislativo?

Los elementos constitutivos de la reforma son los siguientes:

  • Reconoce al campesinado como sujeto de especial protección, al reemplazar el concepto de “trabajador agrario” por los conceptos de “campesino” y “campesina”.
  • Pasa de reconocer el acceso a la tierra a reconocer el derecho a la tierra individual y colectiva.
  • Reconoce la construcción social del territorio por parte de las comunidades campesinas.
  • Reconoce el derecho a las semillas.
  • Reconoce a las mujeres campesinas y garantiza la equidad de género en la distribución de los recursos productivos en el campo.
  • Establece la obligatoriedad del mecanismo de participación de consulta popular en caso de que haya afectación de tierras y territorios campesinos.
  • Ordena adaptar los derechos sociales reconocidos universalmente a las necesidades particulares del campesinado y de la vida en el campo.

 

3) ¿Qué ideas principales sustentan la reforma constitucional que se pretende establecer?

Los principios que sustentan el proyecto de Acto Legislativo hacen referencia a: i) El campesinado debe verse cobijado en la figura de sujeto de especial protección; ii) la garantía del derecho a la tierra y al territorio, desde un enfoque que garantice la equidad de género; iii) el derecho a la autodeterminación del sujeto campesino; iv) el derecho a la participación política directa por parte del campesinado en la toma de decisiones que les afecten y v) la garantía en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales –DESC- del campesinado.

4) ¿Cuáles son los cambios estructurales que propone el proyecto de Acto Legislativo?

El proyecto parte de una realidad insoslayable que tiene que ver con la deficiente protección jurídica del campesinado en la Constitución Política de 1991. El enfoque actual, establecido en la Carta Política, reconoce al campesino y campesina como sujetos en función de su vocación productiva y como sector productivo antes que como grupo social con identidad y prácticas propias. En este sentido, la reforma constitucional pretende reconocer explícitamente al campesinado como sujeto de especial protección constitucional, reconociendo a su vez, el particular relacionamiento que tienen con la tierra y el territorio a través de la producción de alimentos conforme a la economía campesina y la protección del ambiente. Se denota entonces la intención de la reforma constitucional de cambiar el enfoque en la protección del campesinado, reconociéndose su vocación de grupo social con identidad y prácticas propias.

5) ¿Cuáles son las justificaciones que dan sustento a la actual reforma constitucional?

La reforma constitucional se justifica en razón de la compleja realidad social que padecen nuestros campesinos y campesinas. Las cifras son reveladoras: 1) según el Dane los porcentajes de pobreza en el sector rural alcanzan la escandalosa cifra del 41,4%, siendo casi tres veces mayor que en las ciudades principales, mientras las cifras sobre pobreza monetaria extrema arriban al 19,1%. Esta situación de extrema vulnerabilidad social golpea con mayor fuerza a las mujeres campesinas, quienes según el PNUD viven en condiciones sociales críticas.

2) Los niveles de concentración de la tierra siguen siendo dramáticos y no ha cesado de crecer como la misma Corte Constitucional ha reconocido (sentencia, C-644 de 2012). Para 2014 el 4% del área correspondía a predios entre 3 y 10 hectáreas, mientras que la propiedad de más de 200 hectáreas correspondía al 72% del área rural. El coeficiente Gini de propietarios refuerza esta alarmante realidad al reconocer que entre el año 2000 a 2010 creció de 0,86 a 0,88 siendo uno de los países con mayor índice de desigualdad;

3) La importación de alimentos ha alcanzado una cifra muy elevada si se tiene en cuenta nuestra vocación agraria. Para 2013 se importaron un total de 9’610.167 toneladas de alimentos, correspondientes a 7.240 millones de dólares, esto como consecuencia de que en Colombia solo se dedique a las actividades agrícolas y silvoagrícolas un total de 4,9 millones de hectáreas, pese a que cerca de 21, 5 millones de hectáreas tendrían aptitud agrícola. Lo anterior pone en seria duda la posibilidad de que el país garantice su seguridad y soberanía alimentaria.

4) Son ampliamente conocidos por la opinión pública los procesos de despojo violento y desplazamiento forzado a los que se han visto sometidos los campesinos y campesinas. Según la ONG internacional Human Rights Watch, se estima que 6 millones de hectáreas fueron abandonas por el conflicto armado, estando aún gran parte en manos de los usurpadores. Esta difícil realidad social que afronta el campesinado debe ser subsanada desde el poder legislativo, razón por la cual se presenta esta reforma constitucional.

6) ¿Cuál es el objetivo de la presente reforma constitucional?

 Según el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para superar el estado de crisis estructural que padece el sector rural, los Estados deberían adoptar al menos tres medidas: 1) Aplicar de manera más adecuada las normas vigentes; 2) llenar las lagunas existentes en el derecho; y 3) elaborar un instrumento jurídico sobre los derechos de las personas que trabajan en las zonas rurales. En este sentido, el objetivo de la actual reforma radica en atacar la discriminación y vulnerabilidad del campesinado colombiano a través de la consagración de estas tres medidas en un instrumento jurídico interno. Para ello, la reforma que se pretende, reforzará los supuestos del Estado social de derecho, al tiempo que colmará lagunas existentes en el reconocimiento de nuevas realidades y nuevos derechos. Al proponerse un articulado que será el fundamento de nueva normatividad, se amplían las posibilidades para el reconocimiento de los campesinos y campesinas y la protección de sus derechos.

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Demanda de Insconstucionalidad Ley Zidres

Bogotá D.C., 4 de marzo de 2016
HONORABLES MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA
E.S.D.

Referencia: Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 3 que contiene los literales a, b, c, d, e, el parágrafo 3 del artículo 3, parágrafo 4 del artículo 3, los parágrafos 1 y 2 del artículo 7, los artículos 8, 10, 13, 14, 15, 17 (parcial), el inciso primero del articulo 20 y los incisos segundo, tercero y quinto del artículo 21 de la Ley 1776 de 2016 “Por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES” por vicios de fondo; y contra la totalidad de la misma ley por vicios de forma.
Nosotros, Iván Cepeda Castro, Alirio Uribe Muñoz, Alberto Castilla Salazar, Inti Raúl Asprilla Reyes, Ángela María Robledo, en nuestra calidad de Congresistas de Polo Democrático y el Partido verde respetivamente; Blanca Irene López de la Corporación Jurídica Yira Castro; Nury Peralta y Jhenifer María Mojica Flórez de la Comisión Colombiana de Juristas; Sebastián Quiroga, Paula Mogollón, y Jimmy Alexander Moreno en representación del Congreso de los Pueblos, Wilson Ignacio Galindo Hernández en representación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luz Perly Mosquera en representación de la Marcha Patriótica, César Jerez en representación en representación de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Astolfo Aramburo Vivas en representación del Proceso de Comunidades Negras, y Eberto Díaz en representación de Fensuagro, todos ellos a nombre propio, en nombre de sus organizaciones y de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; Fabián Laverde en nombre propio y en representación de la Corporación Social para la asesoría y la capacitación comunitaria, Adriana Marcela Castro Ángel en nombre y representación de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello; Andrés Fuerte Posada, Carlos Alberto Suescún Barón, Juan Ricardo Garnica, Paola Fonseca, Daniel Alzate Mora, Ana Jimena Bautista Revelo, Viviana Tacha Gutiérrez y Adriana Lizeth López, ciudadanos y ciudadanas colombianas, todos identificados como aparece al pie de nuestras firmas, respetuosamente presentamos ante la Corte Constitucional DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD contra el inciso segundo del artículo 3 que contiene los literales a, b, c, d, e, el parágrafo 3 del artículo 3, parágrafo 4 del artículo 3, los parágrafos 1 y 2 del artículo 7, los artículos 8, 10, 13, 14, 15, 17 (parcial), el inciso primero del articulo 20 y los incisos segundo, tercero y quinto del artículo 21 de la Ley 1776 de 2016 “Por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES” por vicios de fondo; y contra la totalidad de la misma ley por vicios de forma.

Documento Completo Demanda Final Zidres

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Representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, instauró queja disciplinaria contra el Superintendente de Notariado y Registro, por su actuación en el trámite del proyecto de ley de baldíos.

El representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, radicó a instancias de la Procuraduría General de la Nación, queja disciplinaria contra el superintendente de notariado y registro, Jorge Enrique Vélez por extralimitación en sus funciones, al actuar como impulsor del proyecto de Ley 133 de 2014 Cámara que trata de reformar la política de baldíos y crea las denominadas ZIDRE – Zonas de Interés para el Desarrollo Rural y Económico. Leer más

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