Cientos de personas en el Chocó se encuentran en confinamiento y graves situaciones humanitarias

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En un desayuno citado en el Salón Amarillo del Senado de la República, se presentó el informe final de la Caravana Humanitaria por la vida que realizaron más de cien organizaciones por tres zonas del Bajo Atrato en el Chocó que se realizó entre el 5 y el 13 de Agosto de este año.

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Imagen tomada de El Tiempo

Licencia Ambiental de Hidroituango debe suspenderse por provocar crisis ambiental y social en la región

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Por medio de una coadyudancia presentada ante el Consejo de Estado, el Senador Alberto Castilla busca respaldar y brindar más argumentos a este tribunal quién decidirá si mantiene o no las medidas cautelares sobre el proyecto Hidroituango.

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Alberto Castilla Senador Campesino

Campesinado insiste en ser reconocido constitucionalmente

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Nuevamente iniciará en el Congreso de la República la discusión sobre el proyecto de Acto Legislativo que busca el reconocimiento del campesinado como sujeto político, impulsado principalmente por el Senador Campesino Alberto Castilla del Polo Democrático Alternativo.

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Imagen tomada de: Verdad Abierta

Agencia Nacional de Tierras debe resolver conflicto de tierras en hacienda Bellacruz

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El Senador Alberto Castilla, del Polo Democrático Alternativo, llama a que se solucione con diligencia conflicto de tierras entre campesinos del Cesar y Efromovich dentro de la hacienda Bellacruz.

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«Nueva Ley de Tierras» profundiza concentración de tierras, no culmina satisfactoriamente el proceso de Consulta Previa y favorece a agroindustria

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Más de 180 organizaciones y comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, víctimas y distintos sectores de la sociedad civil colombiana, solicitamos al senador José David Name, a la Comisión V del Senado de la República y al Ministerio de Agricultura retirar del trámite legislativo el proyecto de Ley 003 de 2018, un proyecto de ley que va en detrimento de los derechos del campesinado, pueblos indígenas y afrodescendientes, legaliza el despojo, atenta contra los pequeños productores rurales y contra el ambiente.

 

Luego de hacer las revisiones a los cambios planteados en ponencia presentada por el senador José David Name, más de 180 organizaciones y comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, víctimas y distintos sectores de la sociedad civil colombiana, solicitamos a él, a la Comisión V del Senado de la República y al Ministerio de Agricultura retirar del trámite legislativo el proyecto de Ley 003 de 2018 “por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”.

Vemos con preocupación que en este proyecto se mantienen disposiciones que, junto con sectores de la academia y personalidades políticas expertas en temas de tierras, hemos criticado insistentemente desde el año 2017 cuando fue publicada la primera versión de este proyecto de ley. Su adopción traería graves efectos, ya que es una norma altamente regresiva en cuanto a los derechos que el Estado Colombiano debe garantizar a las comunidades rurales para acceder a las tierras en condiciones de dignidad, de acuerdo con los mandatos constitucionales.

Las modificaciones propuestas demuestran el continuismo entre el gobierno de Iván Duque y el de Juan Manuel Santos en lo que tiene que ver con las políticas para el sector agropecuario. Mantienen diferentes medidas que enfatizan el modelo acaparador de tierras con lo que agravará la ya extrema concentración de la propiedad rural. Buscan legalizar la prescripción de baldíos -prohibida constitucionalmente- avalando por completo la apropiación, venta y cesión ilegal de estos terrenos, haciendo imposible para el Estado su recuperación, y afectando los derechos, actividad y cultura del campesinado favoreciendo las actividades minero energéticas, de infraestructura, agroindustriales y de mercantilización de la biodiversidad.

Este proyecto desnaturaliza el propósito de la Reforma Rural Integral de promover la democratización de la tierra, permitiendo que los predios que hagan parte del Fondo de Tierras pactado en el Acuerdo de Paz puedan destinarse a las Zidres y a otros proyectos agroindustriales. No contiene ninguna medida para solucionar el problema de comunidades que habitan en zonas de protección ambiental, a quienes hoy se criminaliza y se pretende expulsar, desconociendo su ocupación tradicional y su capacidad y deseo de permanecer allí protegiendo el ambiente, y no establece ninguna medida para resolver las inequidades de género en materia de acceso a tierras, a crédito, a incentivos y en general las situaciones inequitativas en las que están las mujeres rurales.

Este proyecto se radicó sin culminar satisfactoriamente el proceso de Consulta Previa con comunidades indígenas y afrocolombianas, con las que no hubo acuerdo alguno, y por lo cual la Mesa Permanente de Concertación – MPC, interpuso una acción de tutela solicitando la suspensión del trámite del proyecto y su retiro del Congreso. En su elaboración, desde el inicio, se han incumplido los acuerdos suscritos con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular – CACEP, de establecer una ruta concertada para trabajar en la reforma de la Ley 160 de 1994, de manera participativa y consultada; y el logrado en las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo, según el cual se debe conformar una Comisión en el Congreso que, mediante un proceso amplio y participativo, estudie temas como la formalización de tierras y posibles modificaciones al régimen de baldíos.

Por las anteriores consideraciones, las organizaciones firmantes llamamos la atención de los congresistas, especialmente de quienes integran la Comisión V del Senado, así como del Ministerio de Agricultura, para que actúen en defensa del Campo.

Solicitamos también al pueblo colombiano que acompañe y se sume activamente a esta solicitud para evitar que se haga efectivo este proyecto de ley que pretende joder el campo y el medio ambiente, las condiciones de vida del campesinado y por ende, la mesa de cada familia del país.

#NoJodanElCampo

La ausencia del campesinado en el Plan Nacional de Desarrollo es un duro golpe contra quienes sustentan la soberanía alimentaria del país

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Luego de la audiencia pública sobre el campesinado en el Plan Nacional de Desarrollo realizado hoy por la Bancada alternativa junto a cientos de organizaciones campesinas, ONG, académicos y con presencia de funcionarios del DANE, Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia el senador del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla, publicó el siguiente comunicado a propósito del tema:

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Carta de rechazo por la abstención de Colombia en la votación de «derechos campesinos y trabajadores del campo» en la ONU

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Como ciudadano y campesino, el Senador Alberto Castilla del Polo Democrático Alternativo envió, junto a varias organizaciones sociales, campesinas y parlamentarios una carta al presidente Iván Duque, manifestando su rechazo por abstenerse de votar en la ONU la «declaración de los derechos de los campesinos y trabajadores del campo». Compartimos la carta:

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Imagen tomada de: https://meridiano70.co

Reforma a ley de víctimas que propone Maria Fernanda Cabal acaba con la restitución y promueve la legalización del despojo

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Los congresistas y organizaciones firmantes del comunicado que compartimos a continuación rechazan la reforma a la ley 1448 de 2011 propuesta por la Senadora del Centro Democrátcio, Maria Fernanda Cabal, y exponen las 8 razones por las cuales afirman que, de llevarse acabo, se profundizará el despojo de tierras e impedirá el ejercicio de restitución de tierras que ya cuenta con muchas deficiencias se complique aún más.

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Ante recrudecimiento de la crisis en Catatumbo, parlamentarios de la Comisión de paz sesionarán en la región

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Ante la solicitud de las comunidades y procesos sociales de la región articulados en la Comisión Por La Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, congresistas de las comisiones de paz del Senado y la Cámara de representantes han citado la Audiencia Pública sobre la situación humanitaria, social y económica de la región del Catatumbo para el viernes 23 de Noviembre.

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El 7 de diciembre se realizará movilización nacional en defensa de las consultas populares, la consulta previa y la voz de las comunidades

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Líderes ambientales, comités promotores de las consultas populares, académicos y movimientos sociales impulsan agenda nacional de movilización en defensa de los mecanismos de participación ciudadana como lo son las consultas populares y la consulta previa para decidir sobre el ordenamiento del territorio

En una reunión sostenida desde las horas de la mañana del pasado 24 de Octubre, líderes ambientales de Fusagasugá, San Martín, Cajamarca, Meta, Cundinamarca, entre otros, se dieron cita en Bogotá para hacer un diagnóstico, identificar los retos y coordinar agendas comunes para defender los mecanismos que las comunidades tienen para ser partícipes dentro del ordenamiento del territorio y tomar posición frente al modelo minero energético que se impone hacia las comunidades en todo el país.

Del espacio se envía un fuerte saludo de respaldo y reconocimiento a la reciente consulta popular realizada en el municipio de Fusagasugá, donde la comunidad expresó un NO rotundo a la minería y el Fracking en la región, siendo los primeros en el continente en rechazar este método de extracción. Rechazando además, la suspensión por orden del Consejo de Estado, de la consulta en San Bernardo en Cundinamarca a tan solo dos días de hacerse.

También, lamentaron el último pronunciamiento de la Corte Constitucional donde se afirma que estos hechos demuestran que «se pretende cerrar y bloquear las pocas formas que la comunidad tiene para decidir y pronunciarse ante proyectos que se imponen desde las entidades nacionales y que amenazan las fuentes hídricas y alimentarias de las regiones», dejando en vilo los contundentes resultados de las consultas pasadas y frenando las que están en proceso para realizarse.

Las y los líderes desde Bogotá envían un mensaje de alerta sobre las intenciones manifiestas por parte de Cambio Radical y Centro Democrático sobre el impulso de una serie de reformas, proyectos de ley y actos legislativos que pretenden imponer medidas regresivas para frenar mecanismos de participación, desvirtuar procesos de reparación y restitución de tierras, cambios en el enfoque de concebir el territorio y una política represiva de abordar la movilización social y el diálogo con las organizaciones sociales.

Para el líder Carlos Santiago de San Martín del departamento de Cesar «La consulta popular es una herramienta con la que cuentan las comunidades para tener voz y sentar posición frente a intereses que pretenden imponer a los territorios, por eso es necesario defenderlos», afirma también que quienes están hoy tomando las decisiones que afectan a las comunidades y los territorios saben que no la tienen fácil y por eso están intentando frenarlas.
Por parte de las lideresas de la cuenca del sumapaz se afirma que «la defensa de los territorios contra la minería es una lucha nacional, pues no sólo afectan los municipios o las zonas donde se pretenden iniciar los proyectos, sino que por el contrario afectan todo el entorno ambiental y repercute negativamente en todos los territorios. Alertan además que en la región del Sumapaz hoy no sólo hay amenazas de proyectos mineros y de Fracking, sino también de Hidroeléctricas.

Ante este panorama de desconocimiento de las voces de la comunidad, regresión política en la protección ambiental y desconocimiento de los pocos instrumentos de participación ciudadana, las organizaciones emprenderán una ruta que contempla acciones jurídicas, legales, políticas y para el próximo 7 de Diciembre citaron a una jornada simbólica a nivel nacional en defensa las consultas populares, la consulta previa, el ambiente, la vida y el agua.

Asistieron al encuentro delegados de las siguientes organizaciones:
Mesa social Minero Enerética y ambiental porla paz; Unión Sindical Obrera -USO-; Tierra Libre; Movimiento Nacional Ambiental; Movimiento ríos vivos; Cumbre agraria Campesina étnica y popular; Organización Indígena de colombia – ONIC-; Comités de consultas populares de Fusagasugá, Cumaral, Acacías, San Martín, Cajamarca; Alianza Colombia libre de fracking; Mesa Sur oriente del Tolima y el Huila – MESOTH-; Mesa de trabajo minero energética y ambiental de la Convergencia Alternativa del Congreso de la República.