Gobierno incumple acuerdos a la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular

Campesinos, indígenas y afrocolombianos del campo a la ciudad

Desde el pasado 30 de agosto han llegado a Bogotá, mas de 5000 campesinos, indígenas y afrocolombianos, provenientes de diferentes partes del país. Todos ellos hacen parte de las 13 organizaciones que hoy componen la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Leer más

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Por qué debe promoverse el reconocimiento político del Campesinado en la Constitución Nacional

A pesar de su constante aporte a la nación, el campesinado no ha logrado que se reconozca su importancia como sujeto histórico. Esto concluye el informe de desarrollo humano de 2011, que prestó especial atención a la situación de las zonas rurales de Colombia. Allí se aseguró, de manera contundente, que hay una falta de reconocimiento de los campesinos y campesinas como actores sociales plenos[1], y se recomendó avanzar en procesos de inclusión social, política y económica del campesinado como pasos necesarios para profundizar la democracia en las zonas rurales donde los campesinos debemos ser protagonistas (PNUD, 2011).

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Referencia: Intervención ciudadana en el proceso de constitucionalidad (Expediente D-10673) contra el artículo 13 de la Ley 685 de 2001, por medio del cual se declara la industria minera, en todas sus ramas y fases, de utilidad pública e interés social.

Bogotá D.C., 21 de abril de 2015
Honorables Magistradas y Honorables Magistrados
Corte Constitucional
Magistrada Sustanciadora
Gloria Stella Ortiz Delgado
E. S. D.
Referencia: Intervención ciudadana en el proceso de constitucionalidad (Expediente D-10673) contra el artículo 13 de la Ley 685 de 2001, por medio del cual se declara la industria minera, en todas sus ramas y fases, de utilidad pública e interés social.
Jesús Alberto Castilla Salazar, Senador de la República por el Polo Democrático Alternativo y dirigente campesino1, identificado como aparece al pie de mi firma, presento intervención ciudadana en el proceso de la referencia con base en lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2076 de 1991.
Esta intervención coadyuva a la demanda de constitucionalidad D-10673 presentada por César Rodríguez Garavito, Beatriz Botero Arcila y Camila Soto Mourraille, en la cual se solicita a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad de la expresión “En desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política, declárese de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases” del artículo 13 de la Ley 685 de 2010. Los demandantes le solicitan a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de dicha expresión porque permite que inmuebles que tengan una función ambiental relevante puedan ser destinados a la actividad minera automáticamente. La demanda alega que esto impide el cumplimiento de la función ecológica de la propiedad prevista en el artículo 58 de la Constitución, y que vulnera diferentes previsiones constitucionales que hacen referencia al lugar especial que tiene la protección del medio ambiente en el ordenamiento jurídico nacional, tales como el derecho al medio ambiente sano, la protección de las cuencas hídricas o el desarrollo sostenible, y otros bienes constitucionales como la protección de los recursos agrícolas, la salubridad pública y la autonomía de los municipios y distritos.

Ver Documento completo: Intervención Alberto Castilla // Artículo 7 del Decreto 2076 de 1991 

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Demanda de Insconstucionalidad Ley Zidres

Bogotá D.C., 4 de marzo de 2016
HONORABLES MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA
E.S.D.

Referencia: Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 3 que contiene los literales a, b, c, d, e, el parágrafo 3 del artículo 3, parágrafo 4 del artículo 3, los parágrafos 1 y 2 del artículo 7, los artículos 8, 10, 13, 14, 15, 17 (parcial), el inciso primero del articulo 20 y los incisos segundo, tercero y quinto del artículo 21 de la Ley 1776 de 2016 “Por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES” por vicios de fondo; y contra la totalidad de la misma ley por vicios de forma.
Nosotros, Iván Cepeda Castro, Alirio Uribe Muñoz, Alberto Castilla Salazar, Inti Raúl Asprilla Reyes, Ángela María Robledo, en nuestra calidad de Congresistas de Polo Democrático y el Partido verde respetivamente; Blanca Irene López de la Corporación Jurídica Yira Castro; Nury Peralta y Jhenifer María Mojica Flórez de la Comisión Colombiana de Juristas; Sebastián Quiroga, Paula Mogollón, y Jimmy Alexander Moreno en representación del Congreso de los Pueblos, Wilson Ignacio Galindo Hernández en representación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luz Perly Mosquera en representación de la Marcha Patriótica, César Jerez en representación en representación de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Astolfo Aramburo Vivas en representación del Proceso de Comunidades Negras, y Eberto Díaz en representación de Fensuagro, todos ellos a nombre propio, en nombre de sus organizaciones y de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; Fabián Laverde en nombre propio y en representación de la Corporación Social para la asesoría y la capacitación comunitaria, Adriana Marcela Castro Ángel en nombre y representación de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello; Andrés Fuerte Posada, Carlos Alberto Suescún Barón, Juan Ricardo Garnica, Paola Fonseca, Daniel Alzate Mora, Ana Jimena Bautista Revelo, Viviana Tacha Gutiérrez y Adriana Lizeth López, ciudadanos y ciudadanas colombianas, todos identificados como aparece al pie de nuestras firmas, respetuosamente presentamos ante la Corte Constitucional DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD contra el inciso segundo del artículo 3 que contiene los literales a, b, c, d, e, el parágrafo 3 del artículo 3, parágrafo 4 del artículo 3, los parágrafos 1 y 2 del artículo 7, los artículos 8, 10, 13, 14, 15, 17 (parcial), el inciso primero del articulo 20 y los incisos segundo, tercero y quinto del artículo 21 de la Ley 1776 de 2016 “Por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES” por vicios de fondo; y contra la totalidad de la misma ley por vicios de forma.

Documento Completo Demanda Final Zidres

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Constacia Rios Vivos

CONSTANCIA

Plenaria del Senado

Sesión del 4 de agosto de 2015

Ríos Vivos es un movimiento de afectados por proyectos hidroeléctricos en diferentes regiones del país. Hacen una defensa valiosa de la vida, el territorio y la economía campesina, ante el despojo y los daños ambientales que este tipo de proyectos traen a las comunidades. Su trabajo incluye a los afectados por las represas que se han creado desde la década de los ochenta, las que están en construcción actualmente y las que se proyecta construir. De acuerdo con sus cálculos, ya van cerca de 100 mil personas desplazadas por represas en todo el país y miles de hectáreas productivas han sido inundadas. Esta situación les ha llevado a reivindicarse como víctimas, no del conflicto armado, sino de este modelo de desarrollo.

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